Corrupción: las medidas preventivas, ausentes

En los últimos meses, el debate sobre la corrupción ha copado la escena política. Denuncias judiciales y televisivas, descubrimientos policiales y confesiones de implicados colmaron los medios. Pero la discusión repite una dinámica ya conocida: los denunciados suelen pertenecer al gobierno saliente y las propuestas se limitan a juzgar los crímenes cometidos, mientras los cambios de fondo que permitan prevenir los delitos de guante blanco siguen ausentes del debate.

Si bien resulta imprescindible en cualquier democracia destinar los recursos necesarios para investigar y condenar cualquier hecho de corrupción, tanto especialistas como miembros de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción, nacionales e internacionales, advierten que para poder avanzar en la erradicación de este tipo de ilícitos es indispensable generar mecanismos de control eficientes y reformar leyes y reglamentaciones de forma tal que se pueda prevenir la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

Agenda contra la corrupción

Los distintos proyectos que se están discutiendo actualmente en el Congreso buscan mejorar o agilizar procesos ya existentes. Con excepción de la ley de acceso a la información pública, el resto de las iniciativas se concentran exclusivamente en la penalización de los delitos ya cometidos, y ninguno busca reformar los sistemas existentes de licitación de obra pública o de compra de bienes y servicios, que suelen albergar la mayoría de los casos de corrupción, así como tampoco reforzar los organismos de control.

Para ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), uno de los 10 puntos más urgentes en la lucha contra la corrupción es transparentar el sistema de compras y contrataciones del Estado. Según esta ONG, en muchos casos se reemplaza el sistema de licitación pública, que garantiza cierta transparencia si se realiza correctamente, por el de compra directa que “incrementa los niveles de discrecionalidad por parte del contratante y reduce los niveles de concurrencia de los oferentes”. Por eso, proponen que se limite al máximo la posibilidad de utilizar el método de compra directa, así como también que se publicite toda la información relacionada a las compras y contrataciones para que pueda existir un control por parte de la sociedad civil.

En el mismo sentido, la ACIJ pide limitar el uso de facultades extraordinarias sobre el gasto público, es decir, de los denominados “superpoderes” que le permiten al Poder Ejecutivo reasignar parte del presupuesto público aprobado por el Legislativo. El uso excesivo de ese recurso es un problema porque incrementa la discrecionalidad y dificulta el control presupuestario.

Otro aspecto importante para prevenir y luchar contra la corrupción es el de los organismos de control. En el informe anual del 2015, Poder Ciudadano incluye una agenda para la transparencia en la que la reforma de los organismos de control está contemplada. La propuesta aborda a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente, y pide mayor autonomía, un cambio en la reglamentación para poder realizar controles en tiempo real y mayor publicidad de los informes que los organismos realizan.

Respecto de la Oficina Anticorrupción, desde Poder Ciudadano sostienen la necesidad de reformarla para dotarla de autonomía funcional y autarquía financiera, y de “un régimen que asegure la designación de autoridades idóneas e independientes del Poder Ejecutivo”.

En el documento publicado por ACIJ abordan un elemento que excede el funcionamiento de los organismos del Estado e incluye la participación de privados en los hechos de corrupción. “Cuando se habla corrupción suele pensarse solamente en los funcionarios públicos como sus ejecutores y beneficiarios. Sin embargo, en casi todos los casos el sector privado cumple un rol fundamental, ya sea por participar de los actos mismos (…) o por el papel que cumplen a posteriori para facilitar el ocultamiento del delito –lavado de dinero, etc.-” Es por eso que sostienen que es necesario transparentar el mercado financiero y visibilizar los flujos de capitales. Desde Cipce (Centro de Investigación y Prevención de los Criminalidad Económica) argumentan que la corrupción es “una de las caras de un fenómenos criminal más complejo y más abarcativo, que es la delincuencia económica”, y por eso la lucha contra la corrupción debe extenderse a los delitos cometidos por actores económicos del sector privado.

Finalmente, existe otro factor que, según los especialistas, es fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción y es la participación de la ciudadanía tanto en la fiscalización del uso de fondos públicos como en los diferentes procesos de licitación y contratación por parte del Estado. Según el documento de ACIJ, es necesario que el ciudadano se erija como un agente “activo con voz y voto en asuntos de interés público”. Para ello proponen la creación de un sistema integral que facilite y promueva esta participación. Desde Poder Ciudadano insisten en la necesidad de fortalecer y avanzar en los compromisos adoptados en el año 2012 mediante el ingreso de la Argentina a la Alianza del Gobierno Abierto, que implica un plan para tener un gobierno más transparente y con mayor participación ciudadana.

En una verdadera lucha contra la corrupción resulta imprescindible considerar todos los aspectos de este problema, sólo así se podrán realizar cambios que modifiquen la matriz del Estado y que fortalezcan la institucionalidad en la Argentina.

Entre los pedidos
está una mayor participación de la ciudadanía en la fiscalización del uso de fondos públicos.