Reticencias y silencio de los acusados en la audiencia de “La Escuelita” V

Los siete acusados de torturas y secuestros en 1976 y 1977 se negaron ayer a declarar, aunque insinuaron que lo harán cuando escuchen los testimonios en el juicio.

Una hora duró la segunda audiencia por las torturas a Alipio Quijada y Felix Oga en 1976 y 1977. La nota saliente de la jornada fue la declaración en la sala de audiencias de dos militares retirados que trabajaron en el Batallón, y que esbozaron, con reticencias, el rol de los militares de inteligencia en el centro clandestino “La Escuelita”.

Tras las declaraciones, la querella del Ceprodh pidió el falso testimonio para uno de los suboficiales retirados.

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“Había tortura, gente”; dijo un fotógrafo militar retirado que aseguró que “no le gustaba ver lo que no quería ver”, pero reconoció que el centro de torturas era “una choza camuflada”.

“Yo quisiera que se haga justicia y vivir en Paz”, dijo el suboficial retirado Ricardo Bustos, con voz quebrada al terminar su testimonio, ante lo cual Oscar Ragni (padre) le recomendó: “si querés vivir en paz, decí la verdad”.

Luego el juicio pasó aun cuarto intermedio hasta el 3 de octubre, que arrancará con el testimonio de sobrevivientes de los tormentos en la Federal.

El quinto juicio por delitos de lesa humanidad en el que se ventilan los secuestros y torturas de Alipio Quijada –fallecido– y Félix Oga, arrancó ayer con la solitaria presencia del subcomisario de la Policía Federal, Jorge Soza, en el banquillo de los acusados.

La APDH exigió que en las restantes audiencias se presenten todos los imputados, pero el tribunal no hizo lugar y cerró de un plumazo la polémica. “No ha lugar”, resolvió.

El vocal Eugenio Krom –acompañado por Orlando Coscia y Pablo Díaz Lacava– dirigió el debate, que se reanudará el próximo 19 del corriente en la que están citados los siete acusados.

Alejandro Silva será el cuarto vocal. Los defensores oficiales Gabriela Labat y Fernando Ovalle alegan por todos los acusados.

“Van a hacer uso de su derecho a no declarar”, adelantó Ovalle al informar que también están apelando la presencia “in situ” de los acusados en las indagatorias.

“La presencia física no es lo mismo que la presencia virtual, no hay juicio sin imputados presentes”, cuestionó Juan Cruz Goñi, de la APDH.

Los militares Oscar Reinhold, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Gustavo Vitón siguieron las acusaciones desde Comodoro Py por video; Antonio Camarelli lo hizo desde Viedma; y Jorge Di Pasquale desde Campo de Mayo.

La madre de Plaza de Mayo, Inés Ragni, le recriminó al juez Krom que le hubiera autorizado al militar Jorge Molina Ezcurra salidas laborales.

Fue a viva voz durante cuarto intermedio y con permiso del tribunal, aunque no obtuvo respuestas. La fiscalía aclaró que la medida está apelada y Molina Ezcurra sigue en prisión domiciliaria (ver aparte).

La audiencia terminó al mediodía porque Reinhold y Camarelli debían participar de un juicio que finaliza estos días en Bahía Blanca, en el que están acusados de torturas a universitarias de Neuquén que derivaron al centro clandestino bahiense.

Palazzani resaltó que Quijada reconoció a Reinhold como “el rubio de cabello ondulado” que le daba golpes en la cabeza con su arma, cuando lo interrogó mientras estaba atado a una silla en la U9, en 1977. Marcó que su “intervención directa en las torturas contribuyó a señalar su rol de conductor en el proceso del cual tenía el dominio funcional” de toda la persecución política.

Soza se mostró incómodo, prefirió estar de espaldas al público y no ocultó su malestar cuando la fiscalía destacó el reconocimiento directo de Félix Oga, durante los tormentos en la delegación federal, a fines de marzo de 1976. “Giró y vio a un hombre de rulos”, en la sesión de picana y golpes, en la que Soza “lo interrogaba” si era montonero.

“Ojalá que traigan a los imputados, que tienen privilegios, al juicio. Pero nuestra presencia tendrán que aguantarla hasta el último día”.

Frenan salidas laborales de

un imputado

El fiscal Miguel Palazzani reafirmó que el militar retirado de inteligencia del Ejército, Jorge Molina Ezcurra, sigue en prisión domiciliaria. Agregó que la autorización que le dio el juez Eugenio Krom para salir a trabajar, que es cuestionada por organismos de derechos humanos, está apelada.

“Al juez Krom le digo que es un privilegio: se presentó encapuchado y ha desaparecido gente. Es un privilegio que esté en su casa en vez de la cárcel. No tiene por qué salir a trabajar”, le dijo a viva voz Inés Ragni al tribunal.

La madre de plaza de Mayo alzó su mano y solicitó hablarle a los jueces antes de que se retomara al acusación de la fiscalía para los siete imputados.

El tribunal permitió el gesto y luego ordenó la continuidad de las acusaciones.

Palazzani explicó que “pidió trabajar y hemos apelado. El trámite está en recurso; la resolución no fue ejecutada porque está a disposición de otros tribunales”.

Dijo que no conocía casos de condenados por delitos de lesa humanidad a los que se le permita salidas transitorias mientras están a la espera de la definición de otros proceso.

Inés Ragni, Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle.