Exigen más presencia de la Justicia en la Comarca Andina

Familiares de víctimas de hechos violentos reclamaron, entre otras cosas, la llegada de jueces y fiscales. Creen que el problema mayor de estas muertes no es sólo la falta de controles, sino de penalización.

15 sep 2017 - 00:00
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Con el objetivo de lograr que acerque a los ciudadanos el servicio de Justicia, familiares de víctimas de hechos violentos en la Comarca Andina conformaron una organización. Algunos de los pedidos concretos son las designaciones de jueces y más fiscales, ya que en la actualidad sólo hay uno.

Junto al grupo GEN, Estrellas Amarillas y Madres del Dolor, entre otros, ayer pidieron a los poderes gubernamentales “para que se administren mejor los recursos y se acerque a los ciudadanos el servicio de justicia”.

Según detalló Luis Albornoz (padre del remisero asesinado en febrero de 2016), la prioridad es “la urgente implementación de las herramientas que proporciona el nuevo Código Procesal Penal”, incluyendo la creación de un gabinete de asistencia a las víctimas, el nombramiento de un juez penal y un juez de garantías, además de más fiscales y una policía judicial.

Luego de evaluar que El Bolsón “desborda últimamente por hechos de violencia, que van en crecimiento”, destacó que “quienes están a cargo de la investigación se encuentran sin las herramientas necesarias (tanto técnicas como recursos humanos), cuestiones fundamentales para su esclarecimiento”.

Desde su punto de vista, “el gran cambio que se espera tiene que ver más con humanizar a las víctimas y sus familiares que con mecanismos genéricos a los que estamos acostumbrados, donde las víctimas suelen parecerse a sus victimarios y, lo que es peor, para la justicia ese valor tan preciado y digno que constituye y hace a la esencia de nuestras sociedades, en algunos casos aparece distante e imposible de alcanzar”.

A su turno, Enrique Schott (padre de unos de los tres mochileros muertos por un artesano alcoholizado en el acceso norte a El Bolsón), opinó que “el problema mayor de estas muertes, ya sea por homicidios con armas de fuego o por hechos viales, no es solamente la falta de controles, sino de penalización”.

“La misma Organización Mundial de la Salud marca que si no hay apoyo político, no hay cambio. En muchos países lo han logrado merced a una legislación un poco más dura y porque ha sido política de estado. Estamos cansados de escuchar a muchos legisladores que se desgarran las vestiduras por cuidar la vida, pero en los hechos se olvidan, quizás porque hay otros intereses”, remarcó.

“La ley dice que tiene que haber un fiscal cada 10.000 habitantes. Acá somos casi 50.000 y tenemos sólo uno, que está las 24 horas del día y los 365 días del año”.
Luis Albornoz, padre del remisero asesinado en 2016.
“El problema de estas muertes, ya sea por homicidios o por hechos viales, no es sólo la falta de controles, sino de penalización”.
Enrique Schott, padre de unos de los tres mochileros muertos por un artesano.
El Bolsón

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