El gobierno quiere al ministro de Seguridad como jefe de fiscales

Tres son los aspirantes al cargo de jefe de fiscales de Río Negro, entre ellos el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban. Los otros inscriptos son los actuales fiscales de Viedma y Roca, Fabricio Brogna López y Luciano Garrido.

La designación –que será en mayo o junio– corresponderá al Consejo de la Magistratura, y evidentemente el gobierno provincial pretende ubicar en ese lugar decisivo en las investigaciones penales a su actual ministro de Seguridad.

Con más de tres años en el cargo, Pérez Esteban expresa una clara representación gubernamental y, consecuentemente, recibe también cuestionamientos por su labor ministerial y derivaciones de la Policía, como ocurre en Bariloche por el irresuelto asesinato del oficial Lucas Muñoz.

Por su parte, se encuentran Brogna López y Garrido que son fiscales. El primero es representante público de Cámara en Viedma, con casi tres años en el cargo, y antes ocupó la secretaría del tribunal por 10 años. El segundo es fiscal de Roca, desde hace cinco años.

La ley Orgánica del Ministerio Público (N° 4199) –artículo 15º– establece que el fiscal general debe “coordinar y supervisar las tareas de sus fiscales”, “impartir instrucciones generales”, intervenir en causas en trámite en el STJ, “continuar” o “desistir” en causas iniciadas por fiscales, “ejercer el control de los plazos procesales” y “dar conocimiento al procurador de cualquier irregularidad” en el desenvolvimiento del ministerio.

La designación está orientada a la cobertura del fiscal general Marcelo Álvarez, que ya fue elegido como juez del Tribunal de Juicio. Simultáneamente, ocho inscriptos figuran para defensor general por la renuncia de Rita Custed.

Comisión especial

Los antecedentes de los tres aspirantes serán evaluados por una comisión especial (integrada por Luis Lavedan por el STJ, la legisladora Roxana Fernández, el camarista Carlos Reussi, los abogados Guillermo Ceballos y Betiana Caro por los Colegios, Mariela Pape por el Ministerio Público y Alejandro Rodrigo Valdés por la Legislatura).

Luego se cumplirán los “exámenes de oposición de carácter obligatorio y excluyente del jurado examinador”, conformado por Martín Montenovo, Maximiliano Hairabedian y Fabricio Losi.

La evaluación final –con mayor puntaje– está reservada al Consejo de la Magistratura, a partir de entrevistas personales. Este cuerpo se conforma con ocho miembros, encabezado por el presidente del STJ, Enrique Mansilla, e integrado por el procurador, Jorge Crespo; los legisladores oficialistas Facundo López y Leandro Lescano y el justicialista Nicolás Rochás (suplentes son Adrián Casadei y Alejandro Palmieri por la mayoría y Alejandro Ramos Mejía por la oposición) y tres miembros del Colegio de Abogados de Viedma y Carlos Dvorzak, Sergio Ceci y Cirilo Bustamante.

Texto de la ley Orgánica del Ministerio Público (Nº 4199)

La evaluación final de los candidatos –con mayor puntaje– está reservada al Consejo de la Magistratura, a partir de entrevistas personales.

“El fiscal general debe coordinar y supervisar las tareas de sus fiscales, impartir instrucciones generales e intervenir en causas en trámite en el STJ”.