El oficialismo abrió una grieta en el FpV y aprobó cómodo el plan Castello

Expectativas por las obras o riesgos por el endeudamiento. Esos enfoques confrontaron ayer en el recinto legislativo por el plan Castello, que concluyó con su aprobación por 35 votos, aportados por el oficialismo y nueve de la oposición, entre ellos seis del bloque del FpV.

Puntualmente, la Legislatura autorizó al gobierno de Alberto Weretilneck la emisión de 580 millones de dólares para infraestructura.

El debate se extendió por ocho horas y hablaron 25 legisladores. Afuera, los incidentes.

Los respaldos se sucedieron por las obras, con sus beneficios para los municipios. En cambio, los rechazos se explicaron en la incertidumbre por la deuda, que hoy representaría unos 9.500 millones de pesos.

El oficialismo alistó a todos sus votos -incluso Ricardo Arroyo, que se mostró distante- y sumó a nueve opositores: la radical Soraya Yahuar; Jorge Ocampos y Daniela Agostino del FP, y media docena del FpV, integrada por el presidente de la bancada, Alejandro Marinao, Javier Iud, Ariel Rivero, María Maldonado, Graciela Holtz y Raúl Martínez. La mayoría de ese bloque rechazó ese proyecto. Están por verse todavía las secuelas que dejará esta votación dividida.

Alfredo Martín justificó la emisión por el impacto económico, la radical Yahuar resaltó el plan por los beneficios para la Linea Sur y enumeró a las provincias con colocación de bonos. Por JSRN se explayaron después Arabela Carreras, Viviana Germanier, Leandro Lescano y Elvis Cide, enfocados en la gracia que las ejecuciones traerán para sus regiones. Arroyo habló de la integridad y explicó su apoyo en esa “convicción”, y la “confianza” en el gobernador Weretilneck, a pesar de sus “miedos”.

El primero que habló del “miedo” fue el justicialista Nicolas Rochas, por la deuda por generarse. Antes, Mario Sabbatella dijo que se negaba a asumir ese peso y apartó la “vacía discusión” de las obras. Edhit Garro dudó que se hagan y Maria Grandoso dijo que Río Negro “no podrá pagar” la deuda.

Iud abrió la exposición de los peronistas disidentes a la mayoría del FpV. Explicó ese apoyo en una oposición “responsable” y preferir la deuda que “hipotecar” a la población “a no tener las obras necesarias”. Otras exposiciones por la positiva correspondieron a Maldonado ( “no voy a oponerme al desarrollo”), Martínez (“voto por el trabajo”), Rivero (el apoyo es “serio, responsable y peronista”) y Marinao (“respondo a la voluntad, necesidad e intereses de la Linea Sur”).

Hubo otras voces del FpV, pero críticas. Marcelo Mango encuadró a Río Negro en el “ciclo neoliberal” del gobierno de Mauricio Macri y opinó ue “no hay plan”, ni “desarrollo humano”, pues faltan obras en Educación y Salud. Elvin Willians insistió en los “miedos y preocupaciones”. Luis Albreiu cerró y reiteró que lo prometido es “lo no hecho en 30 años”, culpando a radicales y Weretilneck “estuvo en cada lugar siempre, pero hicieron poquito”.

Facundo Lopez y el presidente Alejandro Palmieri clausuraron por el oficialismo. El primero defendió la constitucionalidad del proyecto -Rochas lideró ese cuestionamiento- y el segundo dijo que “no hay que tener miedo” porque Río Negro tiene capacidad para pagar y recordó otros vaticinios negativos no cumplidos, como cuando se “restituyeron derechos a los trabajadores”.

Dardos cruzados entre los peronistas Iud y Rochás

Los puntos clave de

la etapa que se viene

La ley aprobada ayer autoriza a concretar “operaciones de crédito público que resulten necesarias hasta los 580 millones de dólares” para “inversión pública”, fijada en un anexo de obras o proyectos de los municipios o comisiones de Fomento.

“El mecanismo o los instrumentos financieros” serán fijados por el gobierno provincial, garantizado por la coparticipación federal de impuestos o “regalías hidroeléctricas, mineras, de petróleo y/o gas”.

El pago de la amortización deberá tener un mínimo de 6 y un máximo de 12 años, con “tasas dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero”.

El 10% de lo recibido será dirigido a los municipios y a las Comisiones de Fomento. La mitad se asignará en partes iguales de 11,2 millones para cada localidad. Ese monto no será reintegrable, mientras que el resto se repartirá por el índice de coparticipación, siendo opcional para los municipios tomar el crédito.

Se conformará una Comisión de Seguimiento, con 11 legisladores (5 del oficialismo, 4 del FpV, 1 de la UCR y 1 del FP)

Una segunda comisión será de “Priorizaciones de Inversiones” para establecer qué se financiará si los fondos no son suficientes. Se integrará solamente con los 11 legisladores aquellos.

Los fondos serán manejados por un Fondo Fiduciario y su selección corresponderá a la Comisión de Seguimiento, “excluyendo expresamente a un agente estatal rionegrino” (Río Negro Fiduciaria).