Sólo hay 50 comunidades en el relevamiento territorial

De las 50 comunidades mapuches que ingresaron en el operativo de relevamiento territorial, unas 23 tienen el trámite terminado, 10 están en proceso administrativo para completarlo y 17 son las que faltan, según reveló el ministro de Seguridad, Jorge Lara, quien puso de relieve que la provincia, desde 1964, otorgó unas 500 mil hectáreas a familias mapuches.

Aclaró que la Ley 26.160 fue sancionada en 2006 y fijó un punto de inflexión en cuanto a las comunidades que podían participar.

“En Neuquén fueron 50 y no se agregaron más”, recalcó el ministro neuquino e indicó que la provincia fue pionera en el concepto de escriturar tierras bajo el concepto de propiedad comunitaria. Esta categoría garantiza que la propiedad no se pueda embargar y tampoco enajenar.

Describió que en la actualidad existen dos conflictos con comunidades que son los Campo Maripe en la zona de Añelo y los Paisil Antriao en Villa La Angostura, uno en tierras donde existe explotación petrolera y los otros donde debe cruzar la ruta de circunvalación, con un alto valor paisajístico.

Lara tenía previsto realizar las primeras gestiones ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Germán Garavano. Indicó que como vencieron los convenios anteriores será necesario firmar nuevos convenios y prever financiamiento.

Adujo que después del corte temporal que marcó la Ley 20.160 el gobierno provincial realizó actos de reconocimiento de personería jurídica a otras comunidades pero indicó que “eso no significa reconocimiento territorial”.

Lara aclaró que en el caso de Campo Maripe se hizo un estudio de relevamiento territorial, pero no en el esquema de la ley nacional porque surgió después de que se puso en marcha dicha norma, y mostró que el documento se entregó a los representantes de la comunidad, de la Iglesia Católica y de organismos de Derechos Humanos.

“Como no dio lo que ellos pretendían, dicen que se cajoneó. Lo que se comprobó es que no existe antecedente racional –de presencia ancestral– sobre la meseta, sí sobre el valle donde se reconoció 100 hectáreas de las cuales 46 fueron sistematizadas por YPF”, puntualizó el ministro.

Reveló que una mujer integrante de la familia Campo se casó con un hombre de apellido Isaza e iniciaron el trámite para ser dueños de una parcela, pero no en forma de tenencia comunitaria.

Agregó que la comunidad Wircaleo, que se ubica entre Añelo y Sauzal Bonito, está integrada por 7 hermanos que también tienen una propiedad privada vía sucesión. Contó que no sólo hay etnias mapuches sino que hay otra como los Lucero Pichina:u que se reconocen como tehuelches pero que no ingresaron en el relevamiento de la 26.160 que ahora se prorrogó.

“No hay que meter a todas las comunidades en la misma bolsa, porque no todos utilizan la extorsión para poder exigir”, sentenció Lara.

“Como no dio lo que ellos pretendían, dicen que se cajoneó. Lo que se comprobó es que no existen antecedentes sobre la meseta”,

indicó el ministro Jorge Lara sobre el reclamo de los Campo Maripe.

Menos de la mitad de las 50 comunidades que forman parte del estudio de tierras ancestrales lograron completar su documentación.

El mes pasado el Congreso de la Nación extendió por última vez el plazo para completar los relevamientos indígenas. Es por otros cuatro años.