Primeras indemnizaciones para cesanteados durante la Dictadura

Una primera tanda de cesanteados durante la última dictadura militar cobrarán su reparación económica en 2018.

Unos 70 exestatales rionegrinos completaron los requisitos exigidos por la ley de Reparación N° 5.042, según el registro elaborado en la Secretaría de Derechos Humanos.

Los resarcimientos fueron fijados en un equivalente de 30 salarios mínimos, garantizándose unos 250.000 pesos, en forma individual para este año.

En Economía prevé cancelarlos con bonos -aún no disponibles- y ese ministerio estimó el impacto de esos pagos en 700 millones de pesos. Así, lo informó en la Legislatura y su propio bloque, que conduce Alejandro Palmieri, reivindicó ese esfuerzo en el debate presupuestario. En cambio, Derechos Humanos -que depende de Educación- proyectó un desembolso total de unos 70 millones. Una importante y llamativa diferencia de estimación.

Frente a semejante disparidad, DeViedma revisó la estimación con Economía y ese ministerio ratificó su previsión inicial y, además, adelantó que todavía faltan ciertas reglamentaciones a la legislación para su efectiva implementación.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez explicó que hasta la actualidad se recibieron un total de 236 consultas de potenciales perjudicados por los despidos aunque las planillas confeccionadas con requerimiento del beneficio alcanzan a 120. Y concluyó que 70 peticiones ya están listas para el cobro del resarcimiento.

Las 50 que faltan, quienes se presentaron, deben completar documentación que le falta, legalización de originales o bien se deben rastrear decretos que los involucre, y puedan ser comprendidos dentro de la norma.

La funcionaria indicó que el organismo a su cargo es receptora de las presentaciones, y luego se requiere de un dictamen de una comisión integrada por un cuerpo colegiado con miembros de las secretarías de la Función Pública, de Legal y Técnica y de Derechos Humanos.

Una vez emitido el dictamen, se gira cada expediente a la Fiscalía de Estado para su verificación, y posteriormente al Ministerio de Economía para que formule la previsión presupuestaria a fin de cancelar el compromiso.

Méndez dijo no tener fechas precisas de pago por lo tanto “no queremos generar expectativas, y sería aventurado establecer un día” entre quienes deben recibir la indemnización. Aclaró que la norma no estipula la forma de pago aun cuando en otras jurisdicciones provinciales se abona en cuotas. En Economía afirman que la cancelación se cumplirá con bonos, pero sin precisar sus características.

La norma reconoce el derecho a un resarcimiento económico a los agentes de la administración publica provincial prescindibles, cesanteados, exonerados o forzados a renunciar, durante el periodo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Comprende a agentes municipales, de empresas públicas, asociaciones y organismos intervenidos durante la última dictadura militar.

En su aplicación ya cobra notoriedad ciertas dilaciones en virtud de que el articulado aprobado por la Legislatura es de mayo de 2015, y recién fue reglamentada el 14 de julio del año pasado. Además, su cancelación anticipa reclamos porque el texto establece que la indemnización se debe abonar “en un plazo que no podrá exceder los 60 días contados a partir de la incorporación al Registro Provincial de Reparación Histórica.