Quitarán a la procuradora la facultad de designar adjuntos
Más cruces entre el gobierno y Baquero Lazcano. Weretilneck elevó ayer un proyecto con acuerdo de ministros para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público. Ahora todo pasaría por el Consejo de la Magistratura. ¿Caen los nombramientos recientes?
Weretilneck elevó ayer un proyecto con acuerdo de ministros para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público.
La relación entre el gobierno rionegrino y la Procuración General del Poder Judicial se deteriora a paso acelerado.
En medio de los cruces y las repercusiones por la facultad reconocida a la Policía para detener a menores de edad, en las últimas horas el Ejecutivo envió un proyecto de ley para quitarle a la procuradora, Silvia Baquero Lazcano, la posibilidad de designar fiscales y defensores adjuntos.
La iniciativa ingresó ayer a la Legislatura y por llegar con acuerdo de ministros sólo requerirá del tratamiento en única vuelta para ser sancionada. Fuentes oficiales indicaron que podría tratarse en la sesión de mañana del parlamento provincial.
Los mismos voceros advirtieron que los cambios en la legislación incluso podrían derivar en un pedido para que todos los funcionarios designados en los últimos meses por la procuradora como adjuntos, cesen en su desempeño.
Oficialmente el gobierno informó que la iniciativa impulsa la modificación de la denominada ley Orgánica del Ministerio Público (K Nº 4199).
“El proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo Provincial prevé la modificación del Art. 49º de la ley 4199 que rige sobre las funciones, requisitos y designación de los fiscales y defensores adjuntos, proponiéndose que la misma sea facultad estricta del Consejo de la Magistratura y no del procurador general, como sucede en la actualidad”, se indicó.
El gobierno fundamentó que existen contradicciones entre los artículos 24 y 49 de la ley 4199, porque en el primero se establece que el mecanismo de designación y destitución de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, se realiza ante el Consejo de la Magistratura; en tanto que en el restante se asigna la facultad de designación de adjuntos al procurador general.
El Ejecutivo también sostuvo que “esta contradicción ha sido cuestionada judicialmente mediante una acción ejercida en forma conjunta por los Colegios de Abogados de las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, planteando la inconstitucionalidad del actual mecanismo de designación de los adjuntos”.
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