3 de Mayo pidió anular resolución judicial que avaló la incautación

El abogado de la empresa dijo que el juez Tau Anzóategui dispuso medidas para que se cumpla la decisión de Martini.

Redacción

Por Redacción

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El apoderado legal de la empresa 3 de Mayo, Rodolfo Rodrigo, dijo que interpuso un recurso para pedir la nulidad del decreto del juez de la convocatoria del concurso de acreedores, Cristian Tau Anzoátegui, que avaló la incautación por parte de la municipalidad de más de treinta colectivos y otros bienes de la exconcesionaria del servicio de transporte público de pasajeros de esta ciudad.

Rodrigo explicó que interpuso un recurso de aclaratoria para que el juez civil explique qué medida dispuso el 30 de diciembre pasado para hacer efectiva la resolución administrativa de la intendenta María Eugenia Martini, que ordenó incautar bienes de 3 de Mayo. Y al mismo tiempo planteó la nulidad de la medida de Tau Anzóategui.

Rodrigo sostuvo que “la municipalidad saca una resolución para confiscar los bienes de 3 de Mayo y pasa por el juzgado para pedirle al juez que avale la decisión administrativa”.

Señaló que Tau Anzoátegui hizo saber a la administradora judicial del concurso de acreedores de la resolución del Ejecutivo municipal y le indicó que disponga las medidas para su cumplimiento.

El apoderado de 3 de Mayo advirtió que “se trata de una resolución administrativa del municipio contra un exconcesionario y el juez del concurso no tiene porqué intervenir, porque no es un juez de ejecución”.

El subsecretario de Transporte municipal, Francisco Pego, aseguró el jueves que el gobierno municipal “hizo todo según lo dispuso la justicia” y descartó un posible perjuicio económico para la comuna. “No hay ningún acto de ilegalidad”, afirmó. “Son todas mentiras de Pego”, afirmó ayer Rodrigo.

Indicó que la síndico incluso apeló la decisión del juez del concurso que dispuso el alquiler de los bienes de 3 de Mayo a la empresa Autobuses Santa Fe, que desde el 1 de enero se hizo cargo del servicio de transporte público de pasajeros en esta ciudad con un acuerdo precario y provisorio.

Rodrigo insistió que el municipio no podía confiscar los bienes de la exconcesionaria. 3 de mayo prestó el servicio durante 32 años y el julio pasado la intendenta revocó la concesión. Luego, continuó con una concesión precaria con intervención judicial hasta que Martini anunció a mediados de diciembre el acuerdo con la nueva empresa.

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