Piden investigar por qué no se reclamó la deuda a Catedral

VIEDMA (AV).- El diputado nacional, Julio Acavallo, reclamó ayer se investigue a funcionarios públicos por la deuda impositiva por más de un millón de pesos que Río Negro no cobró a «Catedral Alta Patagonia».

Acavallo formuló esta solicitud ante el Fiscal de Investigaciones Administrativas de Río Negro, Pablo Berraz. El legislador se presentó ya que esa irregularidad derivaría en un perjuicio patrimonial para el Estado provincial, por lo cual podría constituir alguna de las conductas típicas establecidas en el Código Penal y que involucra la autoría de funcionarios públicos.

Hasta el momento y luego de admitir la provincia de Río Negro que efectivamente no se reclamó el pago de esa deuda en el momento que correspondía y que hoy corre el riesgo de quedar en la nada, Federico Lutz, ex asesor de Rentas, se presentó ante la Justicia para vindicarse.

Mientras tanto, el director general de Rentas de la provincia, Graciano Bracalente se habría puesto a disposición del Fiscal de Investigaciones Administrativas.

 

Un millón de pesos

 

En la presentación, el diputado Acavallo sostuvo que de acuerdo a las notas periodísticas publicadas en este diario, la provincia habría perdido la posibilidad de cobrar a la empresa «Catedral Alta Patagonia S.A -CAPSA-» más de un millón de pesos por no haberse presentado en tiempo y forma al concurso de esa sociedad que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 2, secretaría 4 de la Capital Federal por deudas que corresponderían a Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y de Automotores correspondiente a los años 1998 al 2001.

Agregó además en base a las publicaciones que se habrían iniciado cuatro expedientes de los cuales surgiría «una deuda superior a los 800.000 pesos, anterior a la finalización de la convertibilidad, monto en el que no están incluidos los intereses y multas correspondientes».

Acavallo recordó que a «la fecha de formalización del concurso de Catedral Alta Patagonia S.A, el 19 de noviembre de 2001, la Dirección General de Rentas de Río Negro estaba a cargo de Guillermo Martínez y la asesoría legal de Fernando Ruiz.

Cinco meses después, en abril de 2002 fueron reemplazados por Graciano Bracalante y Federico Lutz respectivamente».

El legislador sostuvo también que al momento de suscribirse un nuevo contrato entre la provincia y CAPSA por la concesión del cerro catedral en febrero de este año se acordó que las obligaciones preconcursales de la empresa quedaban sujetas a la verificación en el concurso preventivo, lo cual no fue realizado por los funcionarios responsables.