La caja se achica y algunos intendentes piensan rematar activos

Los números empiezan a ponerse cada vez más rojos en los municipios de la región. Y los intendentes lanzan sus primeras medidas para reorganizar sus finanzas, alteradas por completo desde que se impuso la cuarentena como principal medida preventiva del nuevo coronavirus.

En Bariloche, un complejo plan de financiamiento, que incluye venta de propiedades en poder del municipio y una moratoria con quitas de hasta el 50%, pondrá en marcha el gobierno de Gustavo Gennuso. El objetivo central: reactivar la obra pública de alto impacto en la creación de puestos de trabajo.

La idea es conformar un fondo de 500 millones de pesos, pero todo dependerá de lo que termine aprobando el Concejo Municipal.

El punto que está llamado a generar polémica es el remate de activos municipales. El secretario de Hacienda de la municipalidad, Diego Quintana, dijo que será mediante un proceso transparente, mediante subastas electrónicas que se usan -apuntó- en las licitaciones de servicios y provisiones petroleras.

Como en todas las ciudades, los ingresos municipales de Bariloche caen mes a mes como consecuencia del freno económico que supone la cuarentena, especialmente en una plaza en la que la riqueza la genera el turismo.

El fondo de financiamiento de obra pública que Gennuso propondrá al Concejo se nutrirá de varias fuentes:

• Venta de propiedades en poder del municipio, y sea por remanentes de mensuras (las reservas que deben hacer en favor de la comuna) o lotes que son del dominio privado del Estado, a raíz -por caso- de alguna ejecución de deuda o el pago en especie. El listado ya está hecho, pero la intendencia no quiso darlo a conocer. Quintana dijo que no fue su área la que reunió la información, pero que se calcula que la valuación de esos activos es de 650.000 dólares. La idea es hacer subastas online con fuertes protocolos de seguridad.

• Fondos de la tasa al turista, llamada “ecotasa”, que se compone de pagos que hoteles, hosterías, cabañas les retienen a sus huéspedes. Financian obras de infraestructura turística con participación en las decisiones de los empresarios. Quedan en esta bolsa unos 25 millones de pesos sin ejecutar.

• Intereses obtenidos de colocaciones financieras de los dólares del plan Castello que esperan ser desembolsados, que podrían ser otros 25 millones de pesos.

• Recursos nacionales con destino específico.

• Una generosísima moratoria (“jubileo”, la llama Quintana) para las deudas existentes hasta el último día del año pasado, con eliminación de intereses y quitas de hasta el 50% en el capital, en el exclusivo caso de pago al contado. El secretario de Hacienda estima que hay 1.200 millones de pesos por cobrar en las calles de Bariloche. Pero además el que regularice podrá optar por el pago anticipado de las tasas 2020 con una quita del 20% y adelantar las obligaciones de 2021 pero a valores actuales. Ingresarán, según el diseño oficial, unos 150 millones de pesos por la moratoria; la recaudación pura de este año no irá a la obra pública.

• Regularización de mejoras y construcciones privadas no declaradas: 200 millones de pesos.

• Aumento de tasas para determina actividad comercial de grandes ingresos. Por ahora abarcará a los bancos y demás entidades financieras.

Quintana espera que la inyección de 500 millones de pesos a la obra pública tendrá un impacto directo en el empleo. Para verlo en perspectiva: la tasa al turista paga obras por 100 millones de pesos y una masa salarial neta del municipio es de 110 millones.

Un informe oficial indica que en el primer cuatrimestre ya se había ejecutado el 53,02% del presupuesto aprobado para todo el año en la Secretaría de Desarrollo Social de Roca.

El panorama es complejo, pero podría haber sido peor, porque ese nivel de ejecución se alcanzó con un presupuesto que es un 119% superior al disponible durante el 2019 en esa dependencia municipal.

La inyección de fondos se dio a partir de la Emergencia Alimentaria aprobada a mediados del año pasado por el Concejo Deliberante, una normativa que será ratificada en las próximas semanas por otros 12 meses, a instancias de un proyecto del bloque del Frente de Todos.

De acuerdo a lo informado desde el Ejecutivo roquense, el municipio ya dispuso de 15 millones de pesos para ayuda social y protección a los sectores más vulnerables.

Como contrapartida, desde el Ejecutivo indicaron que el 20 de abril pasado se recibieron $ 6.037.302 en concepto de Coparticipación de un ATN otorgado por el Gobierno Nacional, es decir un 22% de las erogaciones imprevistas.

Con todo ese panorama, la gestión de María Emilia Soria decidió suspender la ejecución de distintas obras proyectadas para este año.

Entre esas inversiones que quedaron en stand by se encuentran la Etapa 2 de la remodelación del Canalito, el Paseo del Canal Principal de Riego, el Monumento Memorial de Malvinas, la Delegación Municipal Paso Córdoba, y las redes de agua en los barrios María Auxiliadora y Loteo Dorrio.

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El intendente Pedro Pesatti hace malabares y diagrama una serie de replanteos a la gestión de gobierno en Viedma, como consecuencia de la caída de los recursos por la pandemia del coronavirus. “Estoy contando las monedas”, admitió.

Ante RÍO NEGRO dijo estar buscando alternativas para seguir adelante, tomando en cuenta la situación financiera que impone una cruda realidad con la vigencia que ha debido tomar.

Dentro de ese contexto, durante la última sesión del Concejo Deliberante –presencial, con barbijos y a puertas cerradas-, los ediles prestaron acuerdo a 17 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) destinados a atender la situación de la población.

Una de las medidas aprobadas fue la exención del pago de tasas retributivas de servicios, tasa única industrial y especial para profesionales, a todas las actividades comerciales, sectores autónomos y monotributistas.

Esto representa que le dejan de ingresar a las arcas municipales entre $ 2,5 y 3 millones por mes. Esas tasas –que quedaron en valores calculados el año pasado por arrastre de la gestión anterior- cuentan con un promedio de $ 260 por contribuyente.

Los envíos de la Nación, dentro de gastos a atender por Covid 19, son apenas $ 2 millones, de acuerdo a las transferencias que recientemente se hicieron por intermedio de la provincia.

Según las últimas estimaciones oficiales, los recursos propios por facturación impositiva de servicios municipales cayeron casi un 60% en abril, y un 25% en marzo.

La actual gestión observó con preocupación que el rubro coparticipación también sufrió una significativa merma. En marzo, la transferencia en favor de la comuna capitalina fue de $ 21 millones, en abril por mayor recaudación impositiva alcanzó a $32 millones y se proyectan para mayo $ 15 millones. Este goteo se calcula en base a pautas decididas el año pasado a nivel nacional.

A este cuadro de situación se agrega la herencia del nivel salarial con una masa mensual de $ 55 millones.

Aun así, el actual equipo municipal dispuso un diagrama para la emergencia en el renglón de las obras públicas. Se trata de un redireccionamiento de las propuestas a atender, por lo tanto, “si antes teníamos un solo proyecto de $ 10 millones, ahora decidimos fragmentarlos en cinco menores con el mismo recurso”, cuentan en el Área de Obras Públicas.

“La intención es no bajar el nivel de ejecución, y además estamos tratando de que se hagan obras a cielo abierto como para seguir respetando los protocolos de limitación por la pandemia”, aseveran.