¿Un país sin libertad religiosa?

En pocas horas más la Argentina podría ser incluida por la Santa Sede entre los países en los que no existe la libertad religiosa, al declarar al obispado castrense como «sede impedida».

Una figura jurídica que sólo se aplica en aquellas regiones, sobre todo asiáticas, donde decirse católico puede llegar a costar la vida e incluso obliga a que los nombramientos de sacerdotes y obispos se mantengan «in pectore».

Si bien la decisión del Vaticano ya está tomada y la notificación oficial está en manos del nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, para ser remitida en breve al canciller Bielsa; en la sede diplomática se espera un gesto conciliador de parte del gobierno argentino. Es decir, que aclare por escrito que no entorpece la labor pastoral de monseñor Baseotto.

Pero los más estrechos colaboradores del presidente Kirchner dan señales inequívocas de que no se haría tal cosa. Es el caso del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien aseguró ayer que «el Gobierno ya hizo lo que tenía que hacer» y que esperaba, por cierto, que la Santa Sede nombre un nuevo obispo castrense.

No obstante, anoche trascendió -aunque fue imposible confirmarlo oficialmente- que existía una «carta secreta» del subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, que podría «solucionar todo».

Asimismo, los pocos que pueden influir en el ánimo del Presidente intentaban convencerlo de que dialogue con el Nuncio, el cardenal Jorge Bergoglio o el titular del Episcopado, monseñor Eduardo Mirás (Rosario), para ratificar la posición oficial, aunque más no sea verbalmente.

En tanto en la Iglesia había predisposición para tales encuentros, pero se insistía en que el gobierno debía certificar por escrito los alcances del «dudoso» artículo primero del decreto 220/05 que desconoce a monseñor Baseotto como obispo castrense.

(DyN, Guillermo Villarreal)

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