Narcovalijas: vuelven a indagar a los hermanos Maggio

Actualizado a las 20:03

BUENOS AIRES (Télam).- Los directivos de la empresa aérea Southern Winds (SW) y otros imputados por la causa del tráfico de cocaína a España por intermedio de esa compañía volverán a ser indagados por el nuevo juez de la causa de las «narcovalijas», informaron fuentes judiciales.

El juez en lo penal económico Bernardo Vidal Durand ordenó la ampliación de la indagatoria de los hermanos Juan y Christian Maggio y de Enrique Montero, entre otros imputados, en una de las primeras medidas adoptadas desde que se hizo cargo del expediente, tras el alejamiento de su par Carlos Liporace.

Fuentes judiciales confirmaron que, además, el magistrado le dictó la falta de mérito a dos empleados de la compañía aérea y a un agente de la empresa de seguridad contratada por la firma para tareas de control en el aeropuerto de Ezeiza.

En tanto, la fiscal de la causa, María Gabriela Ruiz Morales, planteó la inconstitucionalidad de que el juez pueda apartarla del expediente, como pidieron dos de los imputados, añadió la fuente. Vidal Durand citó para las próximas semanas a ampliar indagatoria al presidente de SW Juan Maggio, al vicepresidente Enrique Montero y al gerente general Cristian Maggio y a otros involucrados en el sumario.

El magistrado decidió dictar la falta de mérito del jefe de base de SW en Madrid, Flavio Cañota, del encargado de ventas, Marcelo Vernino y de Matías Barrios, empleado de Top Air Security (TAS), la empresa contratada por la aerolínea para controlar con rayos X el equipaje de sus vuelos.

El juez evaluó que los elementos incriminatorios y las pruebas reunidas son insuficientes para procesarlos, pero los mantuvo vinculados al sumario penal. Cañoto, Vernino y Barrios habían sido indagados por Liporace, pero sus situaciones procesales habían quedado sin definición porque el juez fue apartado de la pesquisa el 2 de mayo, por decisión de la Sala B de la Cámara del fuero, que consideró que «carecía de imparcialidad para continuar en la investigación».

Tras la recusación de su par, Vidal Durand se hizo cargo del sumario y comenzó a analizar el pedido similar contra la fiscal. Ruiz Morales cuestionó la validez de trámite procesal por el cual Vidal Durand debe determinar si la fiscal sigue inteviniendo en la causa, luego de ser recusada por el defensor de Cañoto y Vernino, el abogado Martín González del Solar.

El letrado pidió el apartamiento de Ruiz Morales luego que la fiscal y su secretario, César Cabrera, fueran denunciados por supuesta coacción a un testigo. La fiscal impugnó las normas procesales al sostener que, debido al carácter independiente del Ministerio Público Fiscal, no debe ser un juez quien decida si continúa o no en el sumario.

La Sala B de la Cámara tiene a estudio las apelaciones de dos empleados de SW, Walter Beltrame y Ariel Tamburrini, quienes en su momento fueron procesados con prisión preventiva por Liporace, por su presunta responsabilidad en el contrabando del estupefaciente. En esta causa, además de Tamburrini y Beltrame, el juez Vidal Durand tiene otros cuatro detenidos: Claudio Baudino, jefe de pista de SW en Ezeiza y Fernando Arriete, gerente de ventas internacional de la compañía, mientras que en España siguen presos y con pedido de extradición los argentino-españoles Elena Batán y Ramón Villar, imputados del encargue del envío de las valijas.

Además, los empleados de la empresa de seguridad TAS Emanuel De Negri, Martín Orellana y Maximiliano Wilsen, deben seguir investigados como sospechosos de no haber controlado las valijas con rayos X en el aeropuerto de Ezeiza. El caso se inició el 17 de setiembre del año pasado, cuando cuatro valijas que tenían membrete de la Embajada de Argentina en España llegaron desde Buenos Aires al aeropuerto de Barajas, en Madrid, en un vuelo de la empresa SW.

Las autoridades españolas explicaron que como nadie las había retirado del aeropuerto revisaron las maletas y descubrieron que en su interior había 58,900 kilos de cocaína. Casi un mes después, las autoridades de SW denunciaron el caso ante la Justicia, que comenzó a investigar.

Recién a mediados de febrero, el caso se hizo público y estalló el escándalo, sobre todo porque uno de los prófugos, luego detenido, era Walter Beltrame, encargado de pasajeros frecuentes de SW e hijo del entonces jefe de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame.

El caso generó un gran escándalo político, al punto que el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa, José Pampuro, ordenaron el relevo del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rohde, y el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Beltrame. También arrestó al ex titular del Comando de Regiones Aéreas, brigadier Alberto Borsato, y al ex titular de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), brigadier Horacio Giaigischia. Además, fue desplazado el director de la Aduana de Ezeiza, Javier Zabal Jáuregui, y fue designado Héctor Omar Albornoz.

Otras de las medidas fue la disolución de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) y en su lugar se constituyó la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA).