Las distribuidoras de luz de la región pagan impuestos aunque no recauden
El EPEN neuquino o las rionegrinas Edersa y CEB deben cumplir con los tributos aplicados sobre lo facturado y no sobre lo percibido. En la pandemia se disparó la morosidad.
La CEB propuso sacrificar obras para frenar el pedido de aumento de tarifas. Foto: Archivo
Las empresas que distribuyen la electricidad en la región, cuyos ingresos están en problemas por la alta morosidad de sus clientes, protestan porque el Estado las obliga a pagar los impuestos sobre la base de lo que facturan y no de lo que realmente logran cobrar.
En Río Negro se le suma el reclamo del Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) por el pago de la tasa de fiscalización, que es el único recurso financiero del organismo.
Es un costo que debe absorber la empresa, sin trasladarlo a la tarifa, pero la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) lo incluye en la factura. De un modo u otro, se trata de un costo difícil de asumir en situaciones de crisis de recaudación.
El gerente general de Edersa, Raúl Barhen, advirtió hace dos semanas sobre el “gran impacto financiero que produce el hecho de tener que pagar los impuestos en función de lo facturado aunque no se haya cobrado. Se trata de un gran perjuicio dado que liquidamos el 100% de los impuestos aunque la gente no haya pagado su factura, como es el caso de todos los usuarios con el beneficio de no corte de servicio”. El cumplimiento de los usuarios con el pago de la electricidad se desplomó en el segundo semestre del año.
Sectores que no fueron tan afectados por la cuarentena, como la fruticultura del Alto Valle, entraron en mora casi con la misma tasa de incumplimiento que el turismo de la cordillera, cuyos ingresos fueron (y son) iguales a cero.
En el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), que abastece las ciudades de la provincia que no tienen cooperativas, hicieron notar que en el servicio eléctrico el IVA se cobra sobre lo facturado, pero en la distribución de agua es al revés: la AFIP exige el pago sobre lo efectivamente recaudado.
La prohibición de cortes de suministro por falta de pago, que no beneficia al universo de los clientes residenciales, sino a los hogares que están contemplados en criterios sociales de tarifa, actuó como un disuasivo que no se registró, por caso, en el mercado del gas: Camuzzi sostiene que apenas el 10% deja impaga la factura.
En cambio, las distribuidoras de electricidad vieron caer a la mitad sus ingresos, que en muchos casos (cuando la concesión es privada) es el único recurso para pagar salarios.
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