Un juez con mucho poder: el otro gran cambio en el sistema electoral de Río Negro

A pesar de los rechazos, el oficialismo impuso su mayoría para crear un juzgado con un campo de acción que va desde el Estado hasta los clubes.

Más allá del sistema que se utilice para votar, un cambio importante que tendrán los comicios generales de Río Negro en el futuro será el de las autoridades del proceso electoral.

Para el 2023 debería estar designado el primer juez electoral de la provincia, surgido de la ley aprobada recientemente por la Legislatura.

La fecha hay que mencionarla en potencial, porque fuentes judiciales advirtieron que esa estructura no está contemplada en el Presupuesto 2021 del Poder Judicial. Por lo tanto, si no aparecen recursos, los concursos y las consecuentes designaciones se postergarían varios meses, con el riesgo de colisionar con el calendario electoral.

De todas maneras y más allá de los plazos, lo que ya se sabe es que la persona elegida tendrá un poder reservado para pocas personas dentro de la estructura judicial. Esto porque el organismo tendrá competencia en todo el territorio y porque su autoridad cruzará desde las elecciones de gobernador y vice hasta las definiciones de autoridades en clubes, gremios y asociaciones civiles.

El proyecto que puso fin a la competencia electoral de la Cámara Civil de Apelaciones de Viedma fue presentado a fines del año pasado y desde el minuto cero tuvo fuertes cuestionamientos.

En principio, el oficialismo tuvo que explicar que no se trataba de una “vendetta” contra los jueces que votaron en contra de la aspiración re-reeleccionista de Alberto Weretilneck. Luego hubo críticas formales de abogados porque los cargos de juez y secretario previstos en la ley se definirán en el Consejo de la Magistratura “chico”, con representación de abogados sólo de la Primera Circunscripción. Y rumbo a la segunda vuelta hubo rechazos expresos al proyecto, por parte del partido Kolina y de sindicatos y asociaciones de la provincia.

Además de eso, el bloque del Frente de Todos presentó una propuesta con modificaciones al proyecto original, en la que se impulsaba la creación de una cámara mixta integrada por jueces de distintos fueros.

Sin embargo, el 19 de noviembre pasado la ley se aprobó tal como llegó desde el Ejecutivo.

Estadísticas

Para tomar dimensión sobre la responsabilidad final que se depositará sobre una sola persona en materia electoral, basta con repasar las estadísticas del actual Tribunal Electoral Provincial.

En el 2019 se iniciaron en ese organismo 221 causas, es decir más de una por día (fueron 248 jornadas laborales en el año, pero la Justicia tiene 45 días de feria).

Dentro de ese contexto, el Tribunal Electoral libró más de 700 oficios y 2.900 cédulas en 2019; registró 1.398 candidatos oficializados (578 provinciales, 372 comisionados de fomento y 448 municipales); efectuó 10.058 designaciones de autoridades de mesa para las elecciones provinciales, de comisiones de fomento y de extranjeros, y tuvo a su cargo la capacitación de las mismas a través de la página Web del Poder Judicial.

También designó a los miembros de las Juntas Electorales Municipales; fijó 1.702 mesas de votación distribuidas en 321 establecimientos –contabilizando las tres elecciones en donde el TEP dispuso tales actos–; llevó adelante audiencias, notas y comunicaciones institucionales para conocimiento de los electores y los partidos políticos, entre otras funciones.

Ritmo laboral

69
sentencias se dictaron desde el Tribunal Electoral Provincial en 2019, de las cuales 33 fueron definitivas y 36 interlocutorias.
1.659
notificaciones se cursaron durante el año pasado desde el organismo con competencia electoral.

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