Sejun denuncia casos de «mobbing» en un juzgado del interior

NEUQUEN (AN).- El sindicato de los judiciales, Sejun, denunció que cinco empleados del juzgado civil de Chos Malal que tienen entre 10 y 18 años de antigüedad, debieron solicitar licencias por estrés laboral. Lo atribuyó a que son víctimas de «mobbing» o acoso laboral por parte de la titular de esa dependencia, Graciela Rossi, y solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que le inicie un sumario.

La denuncia está contenida en una nota que el sindicato liderado por Edgardo Cherbavaz le dirigió al presidente del TSJ, Roberto Fernández.

Sejun menciona los cinco casos de empleados que solicitaron licencias especiales con certificado médico por «estrés laboral» producto del acoso que dicen sufrir.

El «mobbing» ha sido definido como la epidemia laboral del siglo XXI. Es aquella situación en la que una persona o grupo ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática (al menos una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo. La forma en que canalizan esta violencia es mediante conductas dirigidas a destruir las redes de comunicación de la víctima, su reputación o perturbar el ejercicio de sus labores.

De acuerdo con la denuncia de Sejun, en el juzgado civil de Chos Malal se producen «traslados compulsivos de oficina; cambios continuos de tareas sin motivos ni explicaciones racionales y desconocimiento de las categorías y jerarquías laborales» (cita como ejemplo que le otorgaron funciones de jefe de despacho a empleados con categorías inferiores).

La nota menciona que también existe «falta de control del despacho y trámites diarios» y que la jueza les atribuye «de manera agresiva a los empleados los menores errores». En el mismo sentido, señalan casos de «agresividad verbal con altas cuotas de burlas, menosprecios y epítetos irreproducibles; ataques persistentes y sistemáticos contra algunos empleados y permanente desvalorización de las tareas y menosprecio de los conocimientos y experiencia».

Además, dice que la magistrada cambió «repentina y sucesivamente las cerraduras del edificio» y les entregó las llaves «sólo a algunos empleados favorecidos».

Como consecuencia de este cuadro «se generó una división del grupo de trabajo, destrucción de la estructura laboral, estigmatización de algunos empleados, baja autoestima, sentimientos de impotencia, desgano, angustia, automarginación y desconfianza mutua».