Absuelven a Gómez y a Argibay por sus denuncias contra Feclir

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ROCA (AR).- Los dirigentes de Recrear Agustín Argibay Molina y Jorge Gómez fueron absueltos en la causa por injurias iniciada en 2003 por directivos de la Federación de Clínicas (Feclir). El juez Oscar Gatti no sólo entendió que no cometieron ningún delito sino indicó que sus acusaciones «guardan cierta verosimilitud», dado que siguen siendo investigadas en dos causas penales donde se ha colectado abundante material probatorio.

El juez Gatti absolvió a los ex candidatos a gobernador y vicegobernador afirmando que no cometieron ningún delito cuando manifestaron su pensamiento a través de los medios respecto de las irregularidades denunciadas por ellos mismos sobre la compra de prótesis y medicamentos por parte del Ipross, con Feclir como intermediario. Señaló en cambio el magistrado que «del simple cotejo de las fojas reseñadas (…) se advierte que en las contrataciones llevadas a cabo entre el Ipross y Feclir para que esta última le provea medicamentos y prótesis a través de la droguería Eleón SA y Corporación Atlantis se evidencian serias irregularidades que podrían derivar en un perjuicio cierto, tanto para los afiliados a la obra social del Ipross como para las arcas del Estado rionegrino».

A través de notas periodísticas o solicitadas, Argibay y Gómez ratificaron en sucesivas oportunidades lo que también denunciaron en la justicia penal: la obra social del Estado rionegrino pagaba por los insumos que conseguía través de Feclir mucho más que los valores de mercado. Aportaron pruebas sobre un desembolso de 400.000 pesos, del que sólo llegaron 140.000 a la proveedora de los medicamentos. Las declaraciones de los ex candidatos motivaron a la conducción de Feclir a presentar una querella, que el 27 de marzo se debatió en juicio oral y llegó a la sentencia este lunes.

Gatti completó sus argumentos señalando que los dirigentes de Recrear no habían hecho más que hacer uso de sus derechos de expresarse libremente a través de los medios, considerando acreditado que no actuaron con real malicia. Al respecto, citó la jurisprudencia en la causa «Pandolfi contra Rajneri s/querella», en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que la libertad de expresión no es un patrimonio de los medios de prensa ni de los periodistas sino de todos los ciudadanos, y que ni siquiera es una libertad establecida en beneficio del que emite las expresiones sino del libre debate democrático en la sociedad y por eso debe ser protegida. Por ello, entendió que le correspondía probar al querellante la mala voluntad, culpa o negligencia de los denunciantes y que no lo hizo, por la doctrina de la real malicia.

«La intención de sus publicaciones no fue otra que poner en evidencia un sistema nocivo para el Ipross y sus afiliados y en consecuencia perjudicial para el Estado rionegrino. Lo cual permite sostener sin temor a equívocos que estamos ante una cuestión de eminente interés público actual, motivo por el cual deberá merituarse el elemento subjetivo en el obrar de los procesados», expresó.

El contrato entre Feclir y el Ipross puesto en cuestión fue firmado a principios de 2002 y a los pocos días fue modificado quitándosele las principales prestaciones pese a que el precio apenas varió muy poco. Este convenio está en investigación de dos causas penales, una la presentada por Gómez y Argibay y otra a raíz de una denuncia del médico roquense Sergio Labat, quien deslindó su responsabilidad por la provisión de una prótesis del Ipross que consideró defectuosa. En esta última causa se encuentra procesado un directivo de la empresa proveedora, por el delito de tráfico de mercaderías peligrosas para la salud.