CALF reconoce que está «en emergencia»

NEUQUEN (AN) – Por primera vez en el largo período que lleva de crisis institucional y financiera, la cooperativa CALF salió ayer a reconocer públicamente que el servicio está en «un estado de emergencia». El pronunciamiento habla sólo tangencialmente del aspecto técnico de la prestación -que se sabe que es acuciante- y se centra en las consecuencias del incremento notable de sus costos sin el consiguiente correlato en la tarifa que pagan sus socios.

Debido a que la remuneración de la prestación del servicio de electricidad en la capital neuquina la establece un cuerpo político, como lo es el Concejo Deliberante, y no técnico, la cooperativa viene absorbiendo incrementos en los precios mayoristas de la luz que en otras jurisdicciones están destinados a los grandes usuarios, sin poder trasladarlos.

Los años de crisis institucional, desmanejo y facturación poco clara no ayudaron a que la cooperativa sea reconocida en sus costos.

«La realidad económica-financiera de la cooperativa presenta un estado de emergencia que se traduce en aumento de costos de compra de energía y operativos, falta de inversión, aumento de 'enganchados', en el contexto de una ciudad con crecimiento explosivo a la que CALF no podrá responder en el corto plazo con un servicio eléctrico de calidad para toda la población», fue el reconocimiento oficial que en forma de pronunciamiento difundió ayer su conducción.

«Río Negro» reveló la semana pasada que el 8% de la energía que ingresa a la red de CALF no se puede facturar porque se va por conexiones clandestinas.

Los costos totales del servicio de electricidad que presta CALF

aumentaron un 115% desde 2002 hasta ahora. La conducción de la cooperativa muestra como una crítica el hecho de que en contrapartida se le concedió sólo un aumento del 8% en su tarifa.

A diferencia de lo ocurre en otras jurisdicciones y en Neuquén

con el EPEN, CALF no pudo trasladar a los usuarios el 155% de aumento que tuvo el costo de su abastecimiento (energía y transporte).

Para no afectar los hogares ni seguir agrandando la deuda del sistema con los generadores (cuyos precios no están regulados), el gobierno nacional dispuso desde 2002 hasta ahora tres aumentos que las distribuidoras como CALF debían trasladar a las grandes y medianas demandas (industrias y grandes comercios).

Pero como la cooperativa neuquina no tiene un mecanismo de traslado trimestral de sus costos a las facturas (en el mercado, se llama «pass through»), debió absorber esos aumentos.

Lo mismo pasó con la tarifa por el transporte que le paga al EPEN: hubo aumentos que debieron ser absorbidos.

El informe del Consejo de Administración de CALF indica que el costo laboral creció desde 2002 un 79%, y el operativo (insumos), casi un 100%.

En la cooperativa no desmintieron pero tampoco ratificaron lo que este diario reveló a principios de este año: casi no hay equipamiento eléctrico de respaldo para atender la demanda (ver aparte).