Las cuatro polémicas en torno al Consenso Fiscal

El debate gira en torno a la posibilidad de subir impuestos en las provincias en 2022, y en las restricciones que los gobernadores se auto impondrán frente a la Nación. Aún así, la mayoría de los gobernadores pondrá su firma esta tarde.

La última semana del año inicia con una nutrida agenda en materia política, donde destaca la firma del Consenso Fiscal para el año 2022 entra el estado nacional y las provincias, la cual tendrá lugar esta tarde desde las 17.


La carta compromiso que rubricarán los gobernadores junto al Presidente de la Nación en la jornada de hoy, es una formalidad necesaria que expresa la voluntad de cada uno de los distritos en relación al ordenamiento tributario, en relación al endeudamiento, y también a la responsabilidad fiscal, es decir al gasto.

No obstante, tratándose de una iniciativa que busca legislar en materia de impuestos, el acuerdo deberá atravesar el filtro del Congreso de la Nación, y más tarde deberá contar con la aprobación de las legislaturas en cada provincia.


Son al menos cuatro las principales polémicas que giran en torno al Consenso Fiscal. La primera es la posibilidad de que el entendimiento entre la Nación y las provincias, se traduzca en un aumento de impuestos. La segunda, es la reaparición del debate respecto Impuesto a la Herencia. En tercer lugar, el acuerdo impone a las provincias la imposibilidad de iniciar juicio al estado nacional por el plazo de un año. Por último, impone severas restricciones en cuanto al endeudamiento externo de las provincias.


Respecto a lo primero, el gobierno se anticipó y adelantó que no se busca un aumento de impuestos, sino una «armonización» del esquema tributario a lo largo y a lo ancho del país. En efecto, el texto sobre el que esta tarde pondrán su firma los gobernadores indica que se procura «la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria».


En este sentido, la secretaria de provincias del Ministerio de Economía, Silvina Batakis, reafirmó que no se busca un aumento de impuestos sino una armonización. El acuerdo no es un incentivo a que las provincias suban los impuestos, pero deja la decisión en manos de cada jurisdicción. «Estamos haciendo una corrección específica que les devuelve autonomía a las provincias y también les da estabilidad y seguridad jurídica a las provincias y a los contribuyentes respecto a los impuestos provinciales», aseguró.


Desde el gobierno nacional, explican que lo que se pretende es dar continuidad al pacto que las provincias firmaron en 2017 y 2019, pero ordenando algunas cuestiones que las provincias han señalado oportunamente, y generando un espíritu normativo que procure la promoción de la producción y la inversión, con mirada redistributiva.

Más allá de las aclaraciones de rigor, lo cierto es que el texto del Consenso Fiscal establece alícuotas máximas para los diferentes tributos provinciales, las cuales en muchos casos se encuentran por encima de las que rigen hoy en las provincias. Implica que quedará a criterio de cada jurisdicción la decisión de aplicar la suba de impuestos o no.

El Impuesto a la Herencia, es una de las mayores polémicas del Consenso Fiscal. En la Provincia de Buenos Aires rige desde 2011 con una alícuota máxima del 8,78%. A nivel país, estuvo vigente hasta 1976, cuando la dictadura decidió darlo de baja.


En relación a lo segundo, se incluye dentro del acuerdo, un tributo que ya estuvo vigente en Argentina hasta 1976 cuando el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, decidió eliminarlo. Se trata del Impuesto a la Herencia.


El texto que se firmará refiere a «un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo». El texto especifica que el tributo alcanzaría a herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia, y/o cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.


Se trata de un impuesto que se aplica en numerosos países del mundo, e incluso fue propuesto por el Premio Nobel de Economía, Thomas Piketty, como un tributo que permitiría eliminar el sesgo entre quienes inician su camino laboral sobre la base de lo que dejan las generaciones anteriores, y quienes arrancan desde cero.


En la provincia de Buenos Aires y bajo el nombre de «Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes», el tributo está vigente desde el año 2011, con una alícuota que inicia en 0% y puede llegar hasta el 8,78%. Según el gobierno nacional, hay al menos otras 15 provincias que estarían dispuestas a re establecer el tributo desde el año 2022.


El tercer punto de polémica, es el que genera mayor rechazo y el motivo por el cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta no estaría presente esta tarde. Sus pares de la Unión Cívica Radical en cambio, anticiparon que firmarán. El golpe que significará a las finanzas provinciales el haber rechazado el Presupuesto 2022, tal vez haya sido aleccionador para distritos como Mendoza, Corrientes o Jujuy, que no cuentan con los recursos económicos de la Ciudad de Buenos Aires, y necesitan mantener aceitados los canales de diálogo con la Nación.

En su cláusula decimotercera el acuerdo reza que «Las Provincias y la CABA se comprometen a abstenerse por un período de un (1) año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Acuerdo».


La Nación pretende así reducir la litigiosidad con las provincias, y evitar que los juicios que las provincias pudiesen ganar el año que viene, incrementen el peso de las erogaciones en medio de un escenario donde la palabra «ajuste» estará a la orden del día (y del acuerdo con el Fondo Monetario). Se avanza así sobre el derecho de las provincias a litigar, lo cual es polémico en materia jurídica.

Divergencias. Los cuatro mandatarios provinciales de la oposición se habían mostrado juntos tras el rechazo al Presupuesto. Esta vez transitarán caminos distintos.


Por último, el Consenso Fiscal también se inmiscuye en las finanzas de las provincias. El gobierno nacional establece así un severo limitante a la capacidad de las provincias de obtener crédito en el exterior y en moneda extranjera. Tras la re estructuración de 2020 y el potencial acuerdo con el FMI, se procura evitar que el stock de deuda pública vuelva a engrosarse.


El acuerdo establece que por el plazo de un año, las provincias solo podrán tomar fondos del exterior si los mismos provienen de «líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito» o bien por «desembolsos pendientes de convenios firmados antes del 31 de diciembre de 2021».

El principal interrogante en este punto, es cómo harán las jurisdicciones para obtener financiamiento si no es mediante la suba de impuestos que el propio Consenso Fiscal las habilita a realizar.

Datos

9%
Es la alícuota máxima que habilita el Consenso Fiscal para el Impuesto a los Ingresos Brutos. Es para el caso de los servicios y la intermediación financiera. También se habilita a gravar con el tributo a las plataformas de streeming.
3,5%
Es la alícuota máxima que se establece para el caso del Impuesto a los Sellos.


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