Piden rever las pautas para construir en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La superposición de normas edilicias y de planificación arrastrada durante el último lustro, contribuyó a la retracción de la construcción y generó un creciente malestar entre los profesionales del área que exigieron la revisión de las reglamentaciones de la actividad.

El caos normativo le valió a Bariloche la perdida significativa de inversiones, contribuyendo con la baja en los índices de construcción que durante el primer cuatrimestre del año reflejaron un 20 por ciento menos respecto de mismo período de 1999.

José Reposini, integrante del Consejo Profesional de Ingenieros, afirmó que «hemos adquirido mala fama entre los grupos de inversores, que no son muchos, y ya hay gente que descarta invertir en Bariloche».

La coexistencia desde 1995 del nuevo código de planeamiento -aprobado parcialmente- y su antecesor, genera zonas difusas, usos y cálculos de áreas construíbles contrapuestos.

En muchos casos la ambigüedad normativa deriva en el tratamiento de un proyecto regular a la consideración del Consejo de Planificación, un órgano creado para adecuar y agiornar en código frente a nuevos requerimientos en base a la filosofía de un «planeamiento táctico contínuo».

El mecanismo somete los proyectos de mediana complejidad a procesos de dilatada respuesta que desalientan la actividad.

«Ante cualquier duda los funcionarios municipales deben decidir entre hacer su propia interpretación de la norma o bien derivarlo al Consejo de Planificación, lo que hace que el tratamiento de los proyectos resulte discrecional», explicó Reposini.

La presión de las agrupaciones profesionales (de arquitectos e ingenieros) para clarificar la normativa dio lugar a la conformación de comisiones de estudio que tendrán a su cargo la corrección y readecuación de los códigos a fin de enmendar las superposiciones y contradicciones que subsisten en el actualidad.

El proceso será largo y cada modificación propuesta deberá atravesar luego por los organismos competentes hasta llegar a la consideración de la comunidad en audiencia pública antes de convertirse en ordenanza. La aspiración es alcanzar «un mejoramiento óptimo» de la reglamentación en los próximos cuatro meses.

Reposini destacó el «acuerdo general» en torno a la necesidad de producir una adecuación normativa e indicó que «curiosamente hubo una respuesta muy rápida de todo el gobierno» municipal.

Por su parte, el agrimensor Antonio Locria puntualizó que la situación «no resiste más dilaciones» y coincidió en que «el conceso de que las normas no están claras es total».

El responsable del área de Planeamiento del municipio, a cargo de la coordinación del Consejo de Planificación, Rubén Mandrini, admitió la existencia de «incoherencias normativa» que generan una traba para la actividad aunque consideró que «es en un porcentaje menor».

Defendió el sistema de consultas y concenso instaurado por el nuevo código de planeamiento señalando que «es la forma que ha encontrado la comunidad de Bariloche para no entregarse a las inversiones». El funcionario justificó las demoras en el tratamiento de los distintos proyectos en la «falta de recursos por la que el área de Planeamiento tiene su trabajo obstaculizado».