Cambio climático: nos vemos en la Corte

Eduardo Tempone*

Al empezar julio, el calor volvió a ensañarse con Europa y con ciertas regiones de Estados Unidos. El termómetro batió récords, los bosques ardieron, otra vez, sin contención. Las sequías dejaron la tierra hambrienta y las inundaciones, incontenibles, arrasaron cosechas y ciudades. Mientras, en el Cuerno de África, en el sur de la India, en gran parte de Asia central y en Australia, las temperaturas bajaron a niveles inferiores a la media, según los registros de la Organización Meteorológica Mundial.

Estos fenómenos, sin precedentes, dejan un mensaje claro: no hay lugar en el mundo que logre escapar a los efectos devastadores del cambio climático. Tampoco caben dudas de que las negociaciones internacionales para adoptar acciones globales drásticas son lentas y hasta poco eficaces.

Pero la paciencia llegó a su límite. Desde hace más de 20 años, grupos de ciudadanos, organizaciones civiles o no gubernamentales decidieron recurrir a los tribunales nacionales de cada uno de sus países para hacer sus reclamos contra los riesgos y las consecuencias del cambio climático.

El número de presentaciones judiciales a nivel mundial aumentó considerablemente a partir de 2009, después del fracaso en las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Copenhague. Y tuvieron un renovado impulso en 2015, cuando se adoptó el Acuerdo de París que, si bien requiere que los países actualicen periódicamente sus objetivos para reducir los gases de efecto invernadero, no son exigible legalmente en el ámbito internacional.

La alternativa, entonces, son los tribunales locales. Allí los ciudadanos encuentran la protección válida para exigir los recortes de emisiones por parte de países o empresas. De hecho, los casos judiciales se han incrementado. Entre 1986 y 2014, se presentaron poco más de 800 casos, y en los últimos ocho años, más de 1.200. El total sube a más de 2.000, según el Informe del Instituto Grantham sobre las tendencias globales de los litigios sobre el cambio climático de este año. Casi una cuarta parte se presentó entre 2020 y 2022.

Si bien la abrumadora mayoría de los casos se presentan en los países desarrollados, el número de los litigios climáticos en los países en desarrollo continúan en crecimiento. Ahora hay al menos 88 casos: 47 en América Latina y el Caribe, 28 en Asia Pacífico y 13 casos en África.

Este nuevo frente de acción está pesando de manera significativa en las políticas medioambientales que diseña cada país, y se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática internacional. Así lo reconoció, sin ambigüedad, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Esta explosión de litigios en tribunales nacionales fue el disparador para que un grupo de países insulares, muy sensibles a los impactos del cambio climático, intenten acudir a los tribunales internacionales. De hecho, la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional, pretende ser la primera en solicitar que el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar defina la responsabilidad de los contaminadores.

En esa misma línea de acción, este año, un pequeño estado insular del Pacífico, Vanuatu, lidera una campaña internacional para solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que aclare el alcance de las obligaciones de los países para prevenir y mitigar el cambio climático. Un pronunciamiento de la Corte podría contribuir, en gran medida, a determinar si la falta de acciones efectivas o no lo suficientemente ambiciosas de gobiernos o corporaciones empresariales para reducir los gases de efecto invernadero se debe considerar una violación a los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o a la vida misma.

Pero para lograrlo, Vanuatu debe reunir un número suficiente de votos a favor de esa iniciativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, ya que solo los órganos de esta organización pueden solicitar una opinión consultiva del tribunal internacional.

Aunque no va a resultar sencillo, en el caso de que estos tribunales internacionales confirmen las obligaciones que tienen los países para adoptar medidas urgentes, o que determinen que los contaminadores históricos son los responsables de las pérdidas y los daños sufridos por el resto del mundo, se establecería un poderoso precedente. Y sin duda, sería un valioso aporte para resolver los reclamos y los procesos existentes ante los tribunales nacionales, que buscan abordar la crisis climática alrededor del mundo.

*Diplomático