Inician proceso por el mayor caso de corrupción del gobierno de Lula

BRASILIA (AFP) – El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empezó ayer sus deliberaciones para decidir si admite las denuncias contra 40 personas que habrían montado una red de corrupción para perpetuar en el poder al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El relator del proceso, Joaquim Barbosa, leyó un legajo de 50 páginas que sintetiza las acusaciones formuladas en marzo de 2006 por el Procurador General de la República, Antonio Fernando de Souza.

Souza tuvo luego una hora para sustentar sus cargos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa y pasiva, peculado y formación de banda. El procurador pidió

al STF que abra el juicio penal contra 2 ex ministros del gobierno y otras 38 personas. Los alegatos de la defensa, por la tarde, negaron de plano esas acusaciones.

La denuncia asegura que el esquema de pagos mensuales de 13.000 dólares hechos a lo largo del 2003 al 2004 a congresistas de varios partidos, fue diseñado por José Dirceu, quien entonces era el ministro jefe de gabinete de Lula.

Entre los sospechosos figura además el ex presidente del PT José Genoino; el ex Tesorero de la organización Delubio Soares; varios ex ministros y diputados de cuatro partidos aliados del PT, así como empresarios y banqueros.

El núcleo principal del esquema, según la denuncia, estaba liderado por Dirceu y se proponía «garantizar la continuidad del proyecto de poder del PT, mediante la compra de apoyo político de otros partidos y la financiación futura y pasada (pago de deudas) de sus campañas electorales». El dinero, vertido en 2003 y 2004, habría procedido del desvío de fondos públicos, a través del publicista Marcos Valerio y de dos bancos.

Por lo menos 55 millones de reales (27,55 millones de dólares al cambio actual) circularon por los canales de Valerio, sostiene el informe.

El PT niega esa conspiración, aunque reconoce que tenía una contabilidad paralela para financiar campañas electorales.

El procurador Souza pidió a los diez jueces del Supremo que reciban la denuncia «en su integridad» y planteó interrogantes que quedarían sin resolver si la decisión librara a los sospechosos de un proceso legal. «¿Por qué los valores eran transportados en paquetes y bolsos con dinero en efectivo? ¿Por qué las entregas se hacían en recepciones o cuartos de hotel, en quioscos de revistas o a través de depósitos en cuentas en el exterior, sin declaración fiscal y siempre con la máxima preocupación de impedir la identificación de los destinatarios?», preguntó Souza en su alegato.

«Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la pruebas y conducen a una única conclusión: todos los denunciados participaron en las acciones descritas en la denuncia», prosiguió. Los abogados de Dirceu y de Genoino, los primeros en tomar la palabra, calificaron el informe de Souza de «pieza de ficción». (ver aparte)