Saiz garantiza a jueces la jubilación con el 82%

VIEDMA (AV).- El gobernador Miguel Saiz y los miembros del Superior Tribunal de Justicia ratificaron la decisión provincial de implementar el régimen que garantiza el 82 por ciento para la jubilación de jueces y funcionarios judiciales.

El primer paso se dará en abril, cuando la Legislatura apruebe la adhesión de Río Negro a ese sistema previsional especial. Esta formalidad pondrá en marcha un período de 90 días -que concluiría en julio- para que los potenciales beneficiarios adhieran o rechacen este esquema jubilatorio, que garantiza el 82 por ciento móvil pero que, en contrapartida, exige un mayor aporte de los haberes futuros y la cancelación de una deuda a partir de las diferencias de anteriores contribuciones.

Saiz recibió el martes en su despacho al presidente del STJ, Alberto Balladini, acompañado por los vocales Luis Lutz y Víctor Sodero Nievas, y la Procuradora General, Liliana Piccinini. Pocos antecedentes existen de una reunión similar en la actual gestión.

No hubo información gubernamental, pero Balladini confirmó el encuentro a «Río Negro».

Afirmó que «el único tema fue el régimen previsional de la ley 24.018» y que «el gobernador adelantó que remitirá en las próximas semanas el proyecto de ley a la Legislatura para ratificar el convenio de Río Negro y Nación de junio del año pasado».

El magistrado destacó que ese régimen alentaría el retiro de funcionarios y jueces que ya están en edad para jubilarse, recordando que la permanencia judicial está garantizada por la inmovilidad constitucional.

El haber previsional del régimen actual de la Justicia tiene un tope de 4.300 pesos. Esta situación no otorga ningún incentivo para magistrados o camaristas con remuneraciones entre 16 y 20 mil pesos. El sistema de la ley 24.018 otorgará el 82 por ciento del haber en actividad.

La Justicia rionegrina tiene un trámite pendiente. Todos aquellos que adhieran al nuevo régimen deberán abonar diferencias de aportes, que se acumularon en 12 años (desde 1996 cuando se transfirió a Nación la Caja).

Esa deuda totaliza 10 millones, con la eliminación del tope y por el incremento del 12 por ciento de los aportes desde mayo de 1996. La cantidad de beneficiarios que deben aportar son 306, por lo cual, la deuda promedia 33.700 pesos por cada uno.

La AFIP negocia esa cancelación previsional con Río Negro. Otorgó un esquema de dos años para cancelar esa deuda aunque los miembros de la Justicia habían solicitado 10 años.

No faltaron ciertas alusiones para que el Estado rionegrino asuma ese costo personal y, finalmente, también se aludió al diseño de Mendoza, que otorgó un crédito a los miembros de la Justicia según los años para cancelar de aportes pendientes. Al final, el STJ aceptó que esa cancelación será personal.

Definido este esquema, Saiz habló con los jueces de la operatividad. Así, el gobernador explicó de la elevación del proyecto ley -con acuerdo de ministros- que concluiría con la aprobación legislativa en abril.

Los tres meses posteriores -entre mayo y julio- comprenderán el período de opción para los 306 magistrados y funcionarios formalicen si aceptan el nuevo esquema previsional, con las exigencias para su incorporación. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo trabajará en un esquema de retención directa de la deuda por aportes previsionales ya que Río Negro sufrirá ese descuento de cada miembro adherente de la Justicia de la coparticipación federal.