Morir en Salta

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Lo ocurrido el domingo en la localidad salteña de General Mosconi no fue una sorpresa.  Desde hace varios años grupos de «piqueteros», algunos de origen local, otros el producto de los esfuerzos de organizadores profesionales que viajan por el país aprovechando la miseria de una proporción nada desdeñable de sus habitantes, están intentando provocar a las autoridades para que reaccionen con tanta dureza, que el resto de la sociedad las acusen de actuar con la misma brutalidad que la dictadura militar. Al resistirse los gobiernos provinciales y el Poder Ejecutivo nacional a cumplir el papel que se les ha propuesto, los piqueteros se han creído obligados a intensificar la presión asumiendo actitudes más truculentas y formulando reclamos más ambiciosos. Por eso, la lucha ha adquirido su propia dinámica, de suerte que era inevitable que un día aparecerían francotiradores y que habría muertos y heridos. También lo era que los agitadores culparían a los gendarmes por la violencia, que políticos y jueces se dedicarían a deslindar responsabilidades y que una parte significante de la ciudadanía imputaría los hechos al estado al parecer agónico del país en su conjunto. Tanto el gobierno aliancista como las administraciones provinciales han optado por hacerles el juego a los piqueteros, aceptando que por ser lógicas las protestas les corresponde «negociar»con los diversos bandos que se especializan en bloquear rutas clave. Tal actitud puede entenderse: la Alianza es una coalición mayormente «progresista» a la cual le parece evidente que todos los problemas del país se deben al «modelo», cuando no a «Menem», razón por la cual para muchos de sus integrantes lo natural sería solidarizarse con los piqueteros que a su entender son víctimas de las circunstancias. En cuanto a los gobiernos provinciales, a ellos también les conviene culpar ya al «modelo», ya al gobierno nacional, por lo que sucede en sus jurisdicciones: de convencer a los jefes aliancistas de que a menos que les envíen ayuda podría producirse un «estallido social», bien podrían recibir dinero fresco que les permitiera ir tirando algunos meses más. De este modo las autoridades han contribuido a alimentar las protestas, asegurando que por dinámica propia propendan a resultar cada vez más violentas. La única forma de frenar la espiral viciosa que se ha puesto en marcha consistiría en tomar las medidas necesarias para que nadie tenga motivos para suponer que en la Argentina actual sea legítimo violar la ley cortando ruta alguna. Puede que «reprimir» sea antipático, pero la alternativa a actuar con firmeza frente a las primeras manifestaciones de anarquía es permitir que la situación se haga tan peligrosa que las autoridades se vean constreñidas a reaccionar con violencia extrema a fin de impedir que el país se hunda en el caos. Por desgracia, ni el gobierno actual ni el anterior quiso entender este principio sencillo. Aunque parecería que el presidente Fernando de la Rúa y sus ministros finalmente han entendido que no les será dado desempeñar un rol simpático en el conflicto entre los piqueteros y el orden, ya lo han dejado demasiado tarde como para que les resultara fácil restaurar el respeto por la ley. Gracias al enfrentamiento de General Mosconi, los reacios a reconocer límite alguno al derecho a oponerse al statu quo ya cuentan con dos «mártires» más y otra oportunidad para vilipendiar al poder por ordenar la «represión indiscriminada» que aprovecharán al máximo, confiados en que amplios sectores compartirán la idea de que en última instancia los cortes de ruta son la consecuencia previsible de una situación socioeconómica intolerable. Estén en lo cierto o no aquellos que piensan de esta manera, ni la violencia ni las negociaciones con personajes nada representativos que se han puesto fuera de la ley puede aportar nada a una»solución» eventual. Por el contrario, si el gobierno no resulta capaz de cumplir su función básica que consiste en asegurar el orden y defender con cuanta firmeza sea precisa los límites fijados por la ley y por la Constitución, el estado del país continuará agravándose y entre los más perjudicados estarán los ya desesperados.