Culpables pero…

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Hace poco, el caso conocido como el «escándalo en el Senado» celebró su primer cumpleaños, pero a pesar de los esfuerzos, auténticos o aparentes, de un par de jueces, además de algunos políticos y un pequeño ejército de investigadores periodísticos, aún no se ha registrado avance alguno. Según el juez federal Gabriel Cavallo, a su juicio sí hubo sobornos, pero por desgracia no está en condiciones de decirnos quiénes los pagaron ni cuáles habrían sido los senadores que presuntamente votaron en favor de la ley de reforma laboral a cambio de un monto de dinero es de suponer sustancial. En opinión del juez Cavallo, pues, ha triunfado una vez más la ley mafiosa de la «omertá» porque, como suele suceder en los casos de cohecho, «la gente que cobra no habla, la gente con responsabilidad institucional mucho más alta que nosotros no habla»: en otras palabras, gracias a un pacto de silencio al parecer irrenunciable, lo que en opinión de algunos ha sido uno de los escándalos institucionales más graves que se han producido en el país en toda su historia parece destinado a perderse en la nada. Así las cosas, todo hace pensar que la víctima política principal de este affaire vergonzoso seguirá siendo el ex vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, dirigente que cometió el error imperdonable de tomar al pie de la letra sus propias palabras en torno de la ética, renunciando a su cargo por no querer formar parte de un gobierno que por diversos motivos se negaba a reaccionar frente al caso con el vigor necesario. Como era natural, la resistencia de Alvarez a respetar el código de conducta imperante en el mundillo político desembocó en su propia expulsión del club.

Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, la actitud decididamente tibia que asumió el presidente Fernando de la Rúa frente a los indicios de que miembros de su propio gobierno habían sobornado a diversos senadores peronistas puede justificarse. Es natural que en su condición de jefe de una coalición precaria haya preferido ahorrarse los problemas acaso inmanejables que le hubiera supuesto una ofensiva genuina contra la cultura de la corrupción dominante. Aunque es de suponer que, lo mismo que tantos otros, preferiría que el país se transformara en un dechado de rectitud, habrá entendido que dadas las circunstancias tendría que postergar hasta nuevo aviso la revolución moral con la cual estaba formalmente comprometido. Al fin y al cabo, en julio del 2000, lo mismo que un año después, el país tenía otras prioridades y por lo tanto era legítimo insistir en que sería contraproducente arriesgarse provocando una batalla política que haría que el país resultara ingobernable en medio de una crisis económica tremenda. El que el «portazo» de Alvarez haya coincidido con el inicio de una fase especialmente peligrosa del interminable drama económico, podría tomarse por una ratificación de aquella tesis «realista».

El que el gobierno de la Alianza nunca haya tenido la autoridad que le hubiera permitido emprender una cruzada contra la corrupción es consecuencia de algo más que los resultados perversos de las elecciones de 1999. Desafortunadamente, aunque en términos generales lo que representaba la coalición era respetable, con escasas excepciones los políticos que la conformaban no han estado a la altura de sus propias pretensiones. Asimismo, no puede pasarse por alto el hecho de que en última instancia la responsabilidad por la corrupción sistemática de la cual el «escándalo en el Senado» fue un síntoma es del electorado que, hasta ahora cuando menos, ha insistido en respaldar a candidatos claramente indignos. Según los optimistas, los votantes aprovecharán la oportunidad brindada por los comicios de octubre para castigar a los corruptos y premiar a los políticos decentes. ¿Lo harán? La verdad es que no se dan muchos motivos para creerlo. Sin embargo, si, como prevén los encuestadores, en este sentido por lo menos los resultados de las próximas elecciones se asemejan a los de todas las celebradas en el curso de las décadas últimas, podríamos decir que en nuestro país la política es sumamente corrupta porque en el fondo «la gente» la prefiere así.