Dilema ingrato

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Aunque a esta altura pocos estarían dispuestos a defender la conducta del ex capitán de navío Alfredo Astiz, personaje que se las arregló para erigirse en uno de los guerreros sucios más notorios del país, parece bastante probable que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa rechace el pedido de extradición que fue presentado por la Justicia italiana porque aceptarla supondría confirmar que la Justicia argentina no funciona. Mal que bien, la Alianza se ve en la misma situación que el socialismo chileno en ocasión de la detención en Londres del ex dictador Augusto Pinochet.

Por razones políticas internas, al dejar atrás una dictadura -es decir, un orden que es ajurídico por antonomasia-, virtualmente todos los países optan por amnistiar explícita o implícitamente a muchos que al servicio del régimen cometieron crímenes muy graves. Antes de que la Justicia comenzara a «globalizarse», dicha costumbre no provocaba muchos problemas diplomáticos: por ejemplo, a nadie se le ocurrió reclamar la detención de ex funcionarios de la dictadura del general Francisco Franco cuando visitaban Francia, Alemania o el Reino Unido.

Sin embargo, al debilitarse el concepto tradicional de la soberanía según el cual fronteras adentro un régimen podía otorgarse el «derecho» a asesinar, torturar, robar o secuestrar a sus adversarios internos con la impunidad más absoluta, se ha desatado un conflicto entre las democracias consolidadas, en las que los criminales de este tipo ya escasean, y las relativamente nuevas en las que se cuentan por miles. Para complicar aún más el panorama, es claro que el poder de los distintos países ha de considerarse un factor decisivo: sorprendería que prosperara un pedido de extradición entregado a China, digamos.

Asimismo, a pesar del entusiasmo reciente por la internacionalización de la Justicia de ciertos jueces españoles, muchos esbirros franquistas han podido disfrutar de una vejez tranquila.

Aunque tales contradicciones son tan urticantes como lo es el escaso interés de los militantes de los derechos humanos por exigir la detención inmediata de algunos de los miles de delincuentes que aterrorizaban a los países antes gobernados por totalitarios comunistas, el avance de la Justicia globalizada es un fenómeno positivo. Puede que los primeros en ser afectados hayan sido ciudadanos de países latinoamericanos y africanos que no están en condiciones de obligar a los demás a pasarlos por alto, pero la extradición reciente a La Haya del ex dictador yugoslavo Slobodan Milosevic ha mostrado que los límites tácitamente aceptados ya son menos flagrantes de lo que eran. Poco a poco está ampliándose el alcance del derecho internacional y es de suponer que en el futuro los tentados a emular a Pinochet, Milosevic y también a Astiz pensarán dos veces antes de perpetuar crímenes que bien podrían suponerles largos años en una cárcel en cualquier parte del mundo.

Para no correr el riesgo de verse en una situación desagradable solidarizándose, contra su propia voluntad, con delincuentes sádicos, gobiernos como el conformado por lo que aún queda de la Alianza tendrán que intentar encontrar la forma de asegurar que todos los individuos que podrían ser objetos de un pedido de extradición extranjero sean juzgados como es debido en la Argentina misma.

Si bien por motivos tanto políticos como jurídicos es difícil que esto suceda en los próximos años, el hecho de que los líderes del Proceso hayan sido acusados de delitos no previstos por quienes por razones políticas claramente legítimas redactaban las leyes destinadas en efecto a amnistiarlos, ha resultado beneficioso para el país al librar al gobierno de la necesidad de rechazar más pedidos de extradición.

Con todo, tendrá que transcurrir mucho tiempo más antes de que se haya reducido al mínimo la diferencia entre la realidad jurídica nacional y la imperante en países tan similares al nuestro como Italia y España, lo cual sirve para subrayar, si todavía fuera necesario hacerlo, que los costos de entregarse a las dictaduras son mucho mayores de lo que cualquiera pudo haber supuesto en el pasado no muy lejano, tanto que se verán constreñidas a pagarlos generaciones enteras de dirigentes.