Los sepultureros

Lo que ningún paro podría conseguir es mejorar el estado de la economía y posibilitar la creación de empleos.

Redacción

Por Redacción

Si por algún motivo los empleados clave de una empresa próspera decidieran declararse en huelga, sería más que probable que consiguieran buena parte de cuanto reclamaran, pero si sucede que los empleados en cuestión son prescindibles y la empresa está en bancarrota, lo único que lograrían sería perjudicarse a sí mismos. Por ser esto tan evidente, no sorprende que según los sondeos la mayoría de los trabajadores del país no tuviera el más mínimo interés en participar en el paro general más reciente ordenado por sindicalistas al parecer convencidos de que ellos, no un gobierno cuya legitimidad nadie discute, deberían manejar la economía nacional. ¿Entienden Hugo Moyano, Rodolfo Daer y sus compañeros que a menos que se reduzca enseguida el gasto público la Argentina se verá frente a un bloqueo financiero que, a juzgar por la experiencia de otros países, supondría la caída estrepitosa de los ingresos de sus habitantes y una suba violenta de una tasa de desocupación ya trágicamente elevada? Si la respuesta es sí, esto significaría que están más que dispuestos a sacrificar a millones de compatriotas a fin de obtener algunos beneficios personales.

Según estos sindicalistas, el paro del jueves pasado fue todo un éxito. ¿Qué quieren decir con eso? Que gracias al desconcierto imperante, el rencor que muchos naturalmente sienten ante el desbarajuste indecible producido por sus representantes y, claro está, una buena dosis de intimidación, se las arreglaron para privar a muchos de los medios de transporte que les hubieran permitido trasladarse a sus lugares de trabajo. En cambio, lo que a esta altura ningún paro podría conseguir es mejorar el estado de la economía y de este modo posibilitar la creación de nuevos empleos y un aumento de los salarios de cualquier obrero. Por el contrario, cuanto más «exitosos» sean los esfuerzos de los resueltos a resistirse al ajuste, peor será para virtualmente todos con la presunta excepción de un puñado de especuladores. Dicho de otro modo, el triunfo de Moyano y compañía se vería sellado por la postración absoluta del país y la depauperación de sus habitantes.

Desde luego, es lógico que estén protestando los estatales y, en vista de las tradiciones políticas nacionales, también lo es que una parte de la mayoría que depende del desempeño del sector privado se niegue a comprender que entre las causas de la depresión que tanto ha incidido en sus ingresos y sus perspectivas está la incapacidad congénita de los gobernantes de recaudar lo suficiente como para cubrir los gastos sin tener que pedir préstamos a «los mercados». Sin embargo, a menos que las actitudes así supuestas se modifiquen en las próximas semanas, no habrá forma de impedir que el país sea declarado insolvente, desastre que no tardaría en producir consecuencias mucho más graves que las vistas hasta ahora.

La responsabilidad de asegurar que el pánico que siguió a la confesión del ministro de Economía Domingo Cavallo de que el país ya no está en condiciones de recibir más crédito constituya un auténtico punto de inflexión y no, como bien podría resultar ser el caso, un mero episodio más en un drama de desenlace truculento, es de la clase política nacional. Por desgracia, muchos integrantes, tanto radicales vinculados con el ex presidente Raúl Alfonsín, como peronistas, parecen resueltos a aprovechar la oportunidad para saldar cuentas con sus rivales, ya criticándolos con ferocidad, ya intentando llamar la atención sobre su propia sabiduría. Es de esperar que pronto se cansen de estos juegos mezquinos para ponerse a la altura de las circunstancias, apoyando con firmeza medidas destinadas a superar la crisis aun cuando hubieran preferido variantes distintas y explicando sin ambigüedad a los ciudadanos la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos. Si por motivos especulativos o por rencor insisten en repetir el discurso ya desactualizado de los días en los que aún quedaba dinero para repartir, estarán contribuyendo a ahondar todavía más la fosa en la cual el país está precipitándose, actividad ésta que algunos ya han emprendido con un grado de entusiasmo que no podrá sino dejar perplejos a los historiadores del futuro.


Si por algún motivo los empleados clave de una empresa próspera decidieran declararse en huelga, sería más que probable que consiguieran buena parte de cuanto reclamaran, pero si sucede que los empleados en cuestión son prescindibles y la empresa está en bancarrota, lo único que lograrían sería perjudicarse a sí mismos. Por ser esto tan evidente, no sorprende que según los sondeos la mayoría de los trabajadores del país no tuviera el más mínimo interés en participar en el paro general más reciente ordenado por sindicalistas al parecer convencidos de que ellos, no un gobierno cuya legitimidad nadie discute, deberían manejar la economía nacional. ¿Entienden Hugo Moyano, Rodolfo Daer y sus compañeros que a menos que se reduzca enseguida el gasto público la Argentina se verá frente a un bloqueo financiero que, a juzgar por la experiencia de otros países, supondría la caída estrepitosa de los ingresos de sus habitantes y una suba violenta de una tasa de desocupación ya trágicamente elevada? Si la respuesta es sí, esto significaría que están más que dispuestos a sacrificar a millones de compatriotas a fin de obtener algunos beneficios personales.

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