Tolerancia suicida
Movimientos como el de los piqueteros no pueden ser apaciguados mediante concesiones, porque sus líderes concluyen que la combatividad siempre paga.
Sorprendería que hubiera un solo político en el país que se negara a compartir la opinión del ex presidente Raúl Alfonsín y del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde de que si bien son «legítimas» las protestas de los piqueteros no lo son los cortes de rutas, pero ocurre que en última instancia las afirmaciones de este tipo, a primera vista tan equilibradas, carecen de sentido. Es que todas las protestas, por poco razonables que algunas parezcan, son «legítimas», pero a menos que una ley admita atenuantes las circunstancias o intenciones de quienes la violen son meramente anecdóticas. Si la extrema pobreza y la falta de trabajo justificaran los cortes de ruta por individuos que en efecto toman de rehenes a otros y que, con cierta frecuencia, los obligan a pagar «peaje» – es decir, les roban -, virtualmente cualquiera podría «legitimar» cualquier delito aludiendo a la gravedad de sus problemas personales o a lo injusto que a su entender es el orden social imperante.
He aquí una razón por la que la ambigüedad pusilánime de la «clase política» frente al desafío planteado por los piqueteros es tan peligrosa. Tal como sucedió en los años sesenta y setenta, ya se ha difundido la idea de que por ser tan atroz la situación del país la violencia política no sólo es comprensible, lo cual podría ser el caso, sino que también debería ser tolerada. Todos los días se oyen alegatos apasionados formulados por militantes políticos, intelectuales «progresistas» y algunos religiosos destinados a convencer a la ciudadanía de que en la Argentina actual nadie tiene la autoridad moral para impedir que bandas de activistas bloqueen las vías de comunicación. Una vez aceptada la «legitimidad» de esta metodología, sería difícil negarles a los piqueteros el «derecho» a apoderarse de los servicios telefónicos, digamos, o a apropiarse de los supermercados porque, al fin y al cabo, es injusto que algunos coman bien y otros no.
Hasta ahora, el gobierno aliancista, deseoso de hacer gala de su buena voluntad, ha optado por asumir una actitud muy tolerante frente a los «piqueteros» con la esperanza de que si logra apaciguarlos explicándoles las dificultades existentes o comprándolos con «planes Trabajar» y bolsas de harina, consiga que decidan probar suerte con formas de protesta legales. Habría que ser muy ingenuo para creer que esta «estrategia» no resultaría contraproducente. Los movimientos de esta clase no pueden ser apaciguados mediante concesiones porque a juicio de sus líderes los triunfos así supuestos sirven para probar que la combatividad siempre paga. Así, pues, lejos de afirmarse conformes con lo ya obtenido, comienzan en seguida a exigir algo más. Por lo tanto, no era necesario ser un profeta para prever que andando el tiempo los diversos grupos de piqueteros se combinarían para organizar cortes simultáneos a lo ancho y a lo largo del país, a sabiendas de que la Gendarmería no cuenta con los efectivos suficientes para despejar todos los caminos.
Es de suponer que el gobierno espera que los 54 cortes anunciados para el martes signifiquen la culminación de una campaña ideada con el propósito de reemplazar la ley por la fuerza. De ser así, pronto se dará cuenta de su error. El movimiento piquetero tiene su propia dinámica y continuará creciendo, agregando nuevas modalidades a su arsenal mientras no choque contra una fuerza que sea lo suficientemente poderosa como para frenarlo en seco. Si el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se siente demasiado inhibido como para garantizar el imperio de la ley, estará abriendo la puerta a aquellos que no vacilarán un solo momento en ordenar medidas represivas decididamente más brutales, lo cual, en vista de nuestras tradiciones en la materia, significaría otra derrota no sólo para lo que ha querido representar la Alianza sino también para los muchos que esperan que la clase política haya aprendido algo de las experiencias luctuosas del pasado reciente en que la resistencia de los demócratas a asumir plenamente todas sus responsabilidades hizo inevitable que quienes se encargarían de reprimir lo harían sin preocuparse en absoluto ni por la ley ni por las normas civilizadas más básicas.
Sorprendería que hubiera un solo político en el país que se negara a compartir la opinión del ex presidente Raúl Alfonsín y del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde de que si bien son "legítimas" las protestas de los piqueteros no lo son los cortes de rutas, pero ocurre que en última instancia las afirmaciones de este tipo, a primera vista tan equilibradas, carecen de sentido. Es que todas las protestas, por poco razonables que algunas parezcan, son "legítimas", pero a menos que una ley admita atenuantes las circunstancias o intenciones de quienes la violen son meramente anecdóticas. Si la extrema pobreza y la falta de trabajo justificaran los cortes de ruta por individuos que en efecto toman de rehenes a otros y que, con cierta frecuencia, los obligan a pagar "peaje" - es decir, les roban -, virtualmente cualquiera podría "legitimar" cualquier delito aludiendo a la gravedad de sus problemas personales o a lo injusto que a su entender es el orden social imperante.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
