Miserias riojanas
No es fácil saber cuál es la provincia que pueda exhibir el catálogo más despreciable de miserias humanas.
Muchos que se han opuesto al ajustazo que acaba de recibir el sello de aprobación del Congreso parecen creer que por ser tan penosamente defectuosas las diversas reparticiones del Estado es absurdo pretender quitarles dinero, pero sucede que no existen demasiados motivos para sospechar que el desempeño poco brillante del sector público en nuestro país pueda atribuirse a nada más que a la falta de recursos, factor éste que ha incidido mucho menos que el supuesto por la mentalidad clientelista de quienes lo manejan. Aunque sea reducido a fin de eliminar el déficit, bien administrado el gasto público resultaría suficiente como para permitir un mayor grado de justicia social si no fuera por la hipocresía de los muchos políticos que hablan sin cesar de la importancia de la solidaridad mientras se apropian del dinero que la haría algo más que un ideal lejano.
Una consecuencia de la crisis financiera que estamos experimentando ha consistido en la intensificación del interés de los contribuyentes en lo que efectivamente ocurre con los fondos que aportan. Para sorpresa de pocos, las investigaciones que están realizando periodistas y jueces ya han servido para destapar una cantidad enorme de abusos perpetrados por políticos y funcionarios que no han vacilado en robar a sus compatriotas más vulnerables. Desde su punto de vista, la mejor forma de ser solidario consiste en privilegiar a algunos, manifestación de «generosidad» que, suponen, significa que podrán proceder a esquilmar a los demás con la conciencia limpia.
A esta altura, no es fácil saber cuál es la provincia que pueda exhibir el catálogo más despreciable de miserias humanas. En este ámbito, la competencia es feroz. El caso de Formosa, jurisdicción paupérrima -antes era relativamente próspera- que cuenta con los políticos mejor remunerados del país ya es notorio. También lo es el de La Rioja que, por ser el feudo del ex presidente Carlos Menem y de prohombres estrechamente vinculados con él, ha atraído mucha atención a partir del cambio de gobierno. Pues bien, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya se ha puesto a interrogar a un centenar y medio de jubilados con toda probabilidad truchos, luego de que un albañil de 47 años presuntamente arrepentido le confesara que ha estado cobrando 829 pesos mensuales por haber convencido a veinte familiares de la conveniencia de votar por un candidato peronista. Según parece, en La Rioja abundan los beneficiarios de la largueza previsional, muchos de los cuales son parientes o amigos del «poder». Asimismo, se informa que en los registros de la Anses figuran más de dos mil jubilados riojanos de más de 110 años, fenómeno que con toda seguridad no tiene nada que ver con la calidad de la medicina provincial. Por supuesto que La Rioja dista de ser la única provincia en la cual puede encontrarse muchos jubilados longevos: conforme a un informe de la Anses que fue citado por el diario porteño «La Nación», en el país son más de once mil los ancianos que ya han dejado atrás su cumpleaños número 110, lo cual hace sospechar que el monto verdadero de jubilaciones injustificadas será muchas veces mayor.
Frente a esta estafa vil, la actitud de muchos menemistas ha sido discutible, por decirlo de la forma más caritativa, lo cual no extraña por tratarse de personas que no encontraban inmoral la jubilación tempranísima del hijo del ex ministro Erman González. En un intento de desacreditar al fiscal que está impulsando las causas, el senador Eduardo Menem lo acusó de querer «pasar al bronce a costa de arrasar con el prestigio de una provincia». El hombre que por ser hermano del presidente se vio erigido en titular del Senado y por lo tanto en virtual vicepresidente de la Nación se equivoca, claro está, porque los únicos responsables de «arrasar con el prestigio» no de una provincia sino de cierto orden farisaico son aquellos políticos, entre ellos el propio senador Menem, y funcionarios que posibilitaron el saqueo sistemático de las cajas previsionales del país en beneficio de operadores políticos y también de «bancarios» jubilados como el ex masajista de Carlos Menem, el profesor de tenis de su hija Zulemita y otros próceres menos destacados.
Muchos que se han opuesto al ajustazo que acaba de recibir el sello de aprobación del Congreso parecen creer que por ser tan penosamente defectuosas las diversas reparticiones del Estado es absurdo pretender quitarles dinero, pero sucede que no existen demasiados motivos para sospechar que el desempeño poco brillante del sector público en nuestro país pueda atribuirse a nada más que a la falta de recursos, factor éste que ha incidido mucho menos que el supuesto por la mentalidad clientelista de quienes lo manejan. Aunque sea reducido a fin de eliminar el déficit, bien administrado el gasto público resultaría suficiente como para permitir un mayor grado de justicia social si no fuera por la hipocresía de los muchos políticos que hablan sin cesar de la importancia de la solidaridad mientras se apropian del dinero que la haría algo más que un ideal lejano.
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