Cristina analiza proyecto de Verna para superar conflicto

DyN

BUENOS AIRES (ABA).- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene desde ayer en sus manos un proyecto de ley del peronista Carlos Verna, (disidente, no “gurka”, según la original caracterización de la Rosada) sobre el uso de reservas del Banco Central. Y de aquí al lunes, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, decidirá – según adelantaron a “Río Negro” fuentes parlamentarias fidedignas- , si lo avala y le da curso para que lo debatan las dos cámaras, que demostraron en jornadas cargadas de tensión y reproches, haber juntado mayorías para rechazar su polémico Decreto de Necesidad y Urgencia.

Cristina estaría dispuesta a flexibilizar posiciones (que lo haya recibido de manos de Miguel Pichetto ya es un paso adelante), aunque demandaría de la oposición que acepte mantener la vigencia del DNU hasta tanto se expidan los diputados y senadores, en un proceso normal y acelerado.

La iniciativa se desarrollará en un cuadro complejo de negociaciones, pues después del escándalo del miércoles en la sesión preparatoria de labor parlamentaria del Senado, que el oficialismo dejó sin quórum antes de la integración de las comisiones, se desataron febriles negociaciones para “asegurar la gobernabilidad”, de acuerdo a lo que dijeron a este diario voceros de los sectores enfrentados.

Sólo cuatro comisiones

La sospechosa ausencia de Carlos Menem (el voto número 37 del núcleo duro opositor encabezado por el radical Gerardo Morales y el justicialista Juan Carlos Romero), en esa instancia, abrió una frágil tregua: el kirchnerismo, aceptando la nueva realidad surgida de las elecciones del 28 de junio, se resignaría a tener mayoría en apenas 4 comisiones clave de gestión: presupuesto, asuntos constitucionales, acuerdos y relaciones exteriores.

La habilitación del proyecto de Verna, que cuenta con la adhesión de otros legisladores “no gurkas” (entre ellos Luis Juez y el socialista Rubén Giustiniani), destrabaría la situación en el Senado a favor de la jugada presidencial.

El planteo debería encontrar un correlato en Diputados, donde el kirchnerismo exhibe una debilidad mucho más notoria. En este caso, “Río Negro”, pudo saber que verían con buenos ojos el cambio “de las malas y prepotentes formas”, dirigentes como Federico Pinedo, del PRO, y los peronistas no kirchneristas, Graciela Camaño y Juan José Álvarez.

Ayer, el emepenista José Brillo (elegido vicepresidente de la comisión de energía de Diputados a propuesta del Frente para la Victoria), dio una pista de las conversaciones en curso. “La afectación de las reservas para el pago de la deuda – declaró por escrito – es una decisión muy trascendente que sería importante que se defina a través de una ley, que discuta el monto, sus aplicaciones y una incorporación concreta y tangible de las provincias”.

“Estamos hablando – señaló -, de tocar reservas que configuran y determinan la solidez estructural de un país, a través de su moneda, y que de acuerdo con lo expresado recientemente por un funcionario de la Corte Suprema (Carlos Fayt), no debieran afectarse a través de un decreto del Poder Ejecutivo”.

Y Fernando “Pino” Solanas, líder de un bloque apetecible de diputados de centroizquierda, dejó trascender que el tratamiento parlamentario del DNU sería una vía apropiada para salir “del callejón sin salida” en el que se metió el gobierno.

Ese puede ser el camino”, se le escuchó comentar a Pinedo.

“Río Negro” pudo establecer, además, que el vicepresidente Julio Cobos, también está tratando de suavizar el conflicto. Recibió a un senador aliado del kirchnerismo, que le acercó algunas recomendaciones para destrabar el pleito,

El gobierno intensificará en las próximas horas su presión sobre los gobernadores, urgidos de fondos para continuar con obras públicas, para que influyan sobre el voto de los legisladores de sus provincias. Miguel Saiz, de Río Negro, por caso, debería incidir en la opinión del senador Pablo Verani, de acuerdo a lo que deslizaron las fuentes que siguen de cerca las negociaciones.

El gobierno quiso implementar la medida por decreto, pero la Justicia y el Congreso la bloquean.