El FMI se niega a alejarse

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Una consecuencia de la devastadora crisis financiera que estalló en la segunda mitad del 2008 fue la virtual marginación del Grupo de los Ocho (G8), conformado por siete potencias desarrolladas más Rusia, que en efecto se vio reemplazado por el G20 que, además de la Unión Europea, Australia y Corea del Sur, incluye también a los países emergentes considerados claves: Arabia Saudita, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y, felizmente para nosotros, la Argentina. En la cumbre que se celebró en Pittsburg en septiembre del año pasado, los asistentes, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidieron que en adelante el G20 se encargaría de guiar la economía mundial, desempeñando la función que antes se había atribuido el G8, pretensión que, por motivos comprensibles, molestó mucho a países como España que no pertenecen a la elite así supuesta a pesar de contar con economías más importantes que las de algunos elegidos. En opinión de los españoles y de muchos otros, se trata de una agrupación arbitraria que dista de reflejar la realidad internacional, razón por la que quieren reformarla, echando a miembros que a su juicio no reúnen las condiciones necesarias para formar parte de una suerte de junta directiva planetaria. De todos los integrantes del G20, la Argentina es el más cuestionado. En Pittsburg, fracasó un intento de achicarlo que nos hubiera dejado afuera, pero es de prever que haya muchos otros, sobre todo si el gobierno kirchnerista sigue negándose a permitir que el Fondo Monetario Internacional revise el estado de nuestra economía. El viernes pasado, un vocero del G20, el ministro de Finanzas canadiense, Jim Flaherty, insistió en que todos los integrantes de la agrupación tienen que trabajar estrechamente con el FMI y por lo tanto se ven obligados a dejar que el organismo certifique su situación económica. Se trata de una exigencia que, en vista del papel que aspira a cumplir el G20, es perfectamente lógica, pero sucede que al gobierno kirchnerista no le gusta para nada la idea de que, para figurar como miembro de la elite mundial, le sea preciso resignarse a que los contadores fondomonetaristas hurguen en las cuentas nacionales. Un motivo es político, ya que cuando era presidente, Néstor Kirchner optó por incluir al Fondo en su lista negra de enemigos de la patria y aprovechó toda oportunidad para vituperarlo. Otro motivo es, por decirlo de algún modo, práctico. De instalarse aquí un equipo de inspectores, no podría sino sentirse desconcertado por la existencia de dos economías distintas: la del Indec, en que, entre muchas otras cosas, la inflación es un problema menor, y la real en que la inflación está fuera de control y los esfuerzos oficiales por pasarlo por alto han distorsionado todos los demás índices. Como la situación angustiante en que se encuentra Grecia nos está recordando día tras día, en el mundo actual pocos sienten simpatía por países en que el gobierno dibuje las estadísticas con el propósito de engañar a sus socios. De llegar el FMI a la conclusión de que desde hace años los Kirchner están en efecto mintiendo sobre el estado de las cuentas nacionales y que la condición de la economía argentina es mucho más caótica de lo que harían pensar los números difundidos por el gobierno, los resueltos a expulsarnos del G20 tendrían derecho a decir que sería absurdo permitir que los representantes de un país gobernado por gente tan irresponsable participaran activamente en una agrupación que se supone encargada de manejar la economía del mundo entero. Nos convendría, pues, que el gobierno hiciera cuanto antes lo que resultara necesario para eliminar las dudas legítimas sobre la confiabilidad de las estadísticas económicas nacionales, dudas que claramente preocupan a los socios más poderosos del G20. También sería positivo que pusiera fin a la vendetta con el FMI. Mal que les pese a los Kirchner, es muy estrecha la relación del G20 con el FMI, la institución multilateral cuya función consiste en monitorear “la sustentabilidad y estabilidad de las políticas macroeconómicas que aplique cada país” para que el resto del mundo pueda prepararse a tiempo para atenuar el impacto de las crisis financieras, como la que amenaza con depauperar a Grecia, que con toda seguridad continuarán produciéndose.