Conscientes

adrián pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar

Este oficialismo marcha para perder su tradicional conquista: el poder. Históricos y nuevos radicales saben que su futuro pende de una frágil fibra. Esa certeza develó temores y peligros generales. Movilizó la conciencia oficial para retomar ciertos senderos por la propia supervivencia. Escaso todavía en acciones, ese miramiento corporativo deberá desandar sinuosos senderos, aquellos que saben interpretar cuando el poder que manda o mandará está en otro lugar. Ciertos estertores de esa mudanza insinúa el Tribunal de Cuentas, endeble controlador de antaño que, ahora, alardea su supervisión administrativa. Raras evidencias vuelca su actual intervención en expedientes de obras escolares. La historia conocida: un conjunto de legisladores opositores pidió al Tribunal auditorías de esas ejecuciones. Un mes antes, ese órgano corroboró difundidas irregularidades de parte de Obras Públicas, que la Fiscalía Administrativa transformó en denuncia penal, aún paralizada. La segunda remesa solicitada involucra a Educación y el ministro César Barbeito criticó al organismo de control y al vicegobernador Bautista Mendioroz, signándolo como el ideólogo de esa inusual inquisición. Los episodios menos públicos. Son nudos entre el gobierno y el Tribunal, que fluctúan entre la arcaica connivencia y los sutiles chantajes. Es innegable que el Tribunal –que preside Carlos Malaspina– modificó su susceptibilidad y detecta ahora desvaríos, direccionados a ciertas áreas. Al otro día de la dispuesta auditoría educativa, el gobernador convocó a los controladores. Fueron Malaspina y Daniel Bossero, el ex contador general de la gestión de Saiz. Evitó el convite Pedro Casariego, con 16 años en ese despacho y el más curtido en los vaivenes del poder. El dictamen de los expedientes de Educación se desconoce. La opinión técnica en el órgano de control es concluyente: “Todo está muy prolijo pero realizado un mes después”. Las obras, en concreto, se inician y recién, luego, se tramitan para figurar compulsas de precios, de empresas y la razonabilidad de costos. Una ficción administrativa. Nadie garantiza que la demora de las conclusiones se explique en la reunión con el gobernador. Hay tejidos más complejos: Barbeito hizo saber al Tribunal que dispone de un informe de irregularidades en sus expedientes. Su esposa, la legisladora Patricia Ranea, es miembro de la Comisión legislativa de Seguimiento de ese organismo de control. Desde ahí, Educación recabó información y concluyó un borrador –que circula como “denuncia penal”– que enumera “incumplimientos de los deberes de funcionario público”. El análisis detalla cada expediente del Tribunal, precisa la erogación y concluye que “falta detallar el destino de gastos de comprobantes”. También observa los “viáticos”, la adjudicación al “proveedor de mayor valor” y, entre otros, la “falta de presupuestos para demostrar razonabilidad del precio a pagar”. Así se observa al Tribunal en prácticas siempre observadas a otros responsables. El mensaje llegó a destino. Malaspina llamó a Pedro Pesatti, que preside la Comisión legislativa. Ese cuerpo sólo postergó el aval administrativo al órgano de control. “Es una extorsión”, balbuceó Malaspina. El justicialista reconoció que el tratamiento se suspendía por pedido de Ranea y que él era ajeno y desconocía cualquier maniobra. Lo tranquilizó. Esa aprobación –en sí misma– tiene poca importancia. El temor de Malaspina radicaba en otras latitudes: una exploración por parte de la Comisión. El dictamen del Tribunal sigue pendiente. El oficialismo tiene intereses e historias entrelazadas. Saiz no logrará su pretendido plan petrolero. El gobernador no avala cambios al proyecto enviado y la Legislatura igualmente aprobará una activa participación en esas prórrogas: una preadjudicación de una comisión mixta y el tratamiento posterior de cada contrato. El gobierno pretendía concentrar esa negociación, que ventea impúdicas sospechas mutuas. El bloque radical –que dirige Mendioroz– planteó originalmente que esas firmas debían quedar para el próximo gobierno. El justicialista Carlos Soria sostenía también ese criterio. En Allen, el roquense flexibilizó su oposición y abrió una opción: sumarse si efectivamente se concreta aquella supervisión legislativa. Soria se aleja del diseño de control del vicegobernador porque el intendente quiere en la comisión a los bloques minoritarios. ¿Hay sinceridad en ellos? ¿Creen que el esquema prosperará? ¿O sólo es un aval de un plan quimérico? ¿Especulan que todo quedará para después? Todo es posible. La militancia petrolera del gobierno quedó reducida al respaldo político de Saiz y el fervor de la secretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda. Pretenden disponer de los primeros contratos renovados para antes de fin de año. No parece que lo conseguirán. Una comisión –con sus peligros– traslucirá mejor cualquier trato que el ofrecido y reducido ámbito del Ejecutivo, máxime en una misión con tantas suspicacias y dudas. El riesgo: una dispendiosa integración complicará mucho el análisis económico-técnico frente a los recelos de las petroleras con sus registros. Ahí está el desafío. Poco futuro promete si, además, las áreas públicas ocultan documentación esencial. Desde enero, el legislador Luis Bardeggia –Foro– espera la entrega del informe de las declaraciones juradas de la producción de las petroleras. El gobierno regatea información porque se aferra al dominio exclusivo de esas operaciones contractuales. La Legislatura licuará finalmente el proyecto petrolero de Saiz. Marcha en línea con su reforma constitucional. Otra cruzada del Ejecutivo: la autorización de un endeudamiento por 54 millones para finalizar Salto Andersen. Mucha desproporción de costos. Tampoco aquí valdrán las urgencias del gobierno, que ya publica y apura licitaciones con el financiamiento tramitado. La evasión de poder y las diferencias internas duplican obstáculos. Igual, los actores principales conservan su perseverancia en los espacios electorales para el 2011. Privado de su re-reelección, Saiz se aferró a un esquema lúdico. Juega con candidaturas ajenas. Pero tiene hoy sus preferencias. Su aspiración está en César Barbeito y reserva, en la práctica, al orgánico Fernando Chironi. Después, permite y alienta las aspiraciones del secretario Francisco González y del jefe viedmense Jorge Ferreira. Nadie duda de que el oficialismo tendrá internas. Será una confrontación de Saiz y su vicegobernador Mendioroz. Será en septiembre u octubre. Se ajustará a una elección partidaria. El gobernador desestima unificar esa compulsa con las candidaturas electorales. Deja esta resolución para el primer trimestre del año próximo. Tiene dos razones: la militancia sectorial debe ser plena –que sólo logrará si sostiene intactas todas las aspiraciones para el 2011– y, además, prevé que el resultado revele fortalezas y poder evitar otra interna, acordando postulaciones y rearmándose para recuperar terrenos electorales. Saiz expondrá a Juan Villalba para presidir la UCR y la oposición interna no sabe aún con quién lo confrontará. Podría ser con el actual presidente, Jorge Pascual. La lucha del sector del vice es la puja electoral. El problema está en disputar la partidaria pero, aun en un eventual revés, sostener la candidatura a gobernador de Mendioroz. La disyuntiva no está resuelta. Por eso, recogen esa idea ajena –hoy minoritaria– de juntar ambas internas. Algo cambió últimamente en el radicalismo: el discernimiento de la proximidad del abismo. Ponderan entonces acciones y posibilidades de recomposición, siempre después de la confrontación radical. El justicialismo quiere retener la mirada ciudadana para el 2011. Pretende aventar que los contrastes domésticos se constituyan –otra vez– en la mejor perspectiva electoral para el radicalismo. El senador Miguel Pichetto y Soria ocupan sus energías en nutrir esta oportunidad y, por ahora, lo logran. La prueba vital anida en las ambiciones de ambos, directamente proporcionales a sus crecientes probabilidades.