Adiós a Don Torcuato
Aunque no existen pruebas concretas de que De la Rúa haya intervenido en favor de Menem, sí puede suponer que su liberación le resultará ventajosa.
Aunque una mayoría abrumadora se dice convencida de que en el curso de su carrera Carlos Menem ha cometido transgresiones suficientes como para justificar su encarcelamiento, pocos han tomado demasiado en serio la figura de «asociación ilícita» que daba cobertura jurídica a su detención domiciliaria en una quinta de Don Torcuato por su presunta participación en la venta «ilegal» de armas a Croacia y Ecuador, de suerte que la decisión de la Corte Suprema de liberarlo pudo basarse en más que la amistad personal de algunos de sus integrantes. Si bien andando el tiempo el juez Jorge Urso y otros comenzaban a investigar el patrimonio notable que fue acumulado en un lapso breve por un hombre que antes de acercarse a la Casa Rosada se había acostumbrado a las dificultades financieras, nunca fue muy probable que dicho esfuerzo prosperara en un país en el que la corrupción está tan difundida que los pocos acusados de «enriquecimiento ilícito» tienen motivos para creerse víctimas de maniobras políticas. Por cierto, Menem, sus alusiones esporádicas a la reverencia que dice sentir por la Justicia no obstante, no pareció tener dudas al respecto. Como tantos otros hombres públicos que se han encontrado en una situación similar, siempre insistió en que era un «preso político».
Puede que los instintos del ex presidente no lo hayan traicionado, pero a esta altura no le sería fácil identificar con nombre y apellido a todos los responsables de su humillación. Ni su sucesor, el presidente Fernando de la Rúa, ni el caudillo radical Raúl Alfonsín desearon verlo entre rejas e incluso los frepasistas que pusieron en marcha la caza de los «emblemáticos» -designación que de por sí muestra a las claras que sus prioridades eran políticas- se sintieron sorprendidos por su arresto, que muchos imputaron a una «interna judicial» y a la voluntad acaso admirable pero un tanto tardía de algunos jueces de mejorar la reputación de la Justicia. Es factible que de haberse inspirado la detención de Menem en algo más contundente que la teoría de la «asociación ilícita», un concepto tan elástico que podría ser empleado contra virtualmente cualquier persona supuestamente vinculada con un delito, la ciudadanía hubiera empezado a creer que a pesar de todo la Argentina iniciaba un período en que nadie podría creerse por encima de la ley, pero a juzgar por las encuestas de opinión este episodio no ha modificado demasiado la imagen de la Justicia en nuestro país.
Desde el 7 de junio, el día en que fue ordenada la detención de Menem, las interpretaciones del caso han sido más políticas que jurídicas. Es por lo tanto natural que su liberación se haya visto atribuida a un «pacto de impunidad» -lo cual es razonable porque, al fin y al cabo, la corrupción masiva sería inconcebible sin un acuerdo tácito del tipo así calificado- y a una jugada astuta por parte del gobierno de De la Rúa. Se trata de una lectura que comparten aquellos compañeros de Menem, encabezados por Eduardo Duhalde, que hubieran preferido mantenerlo en Don Torcuato hasta que terminaran su propia reorganización del Partido Justicialista. Así, pues, son muchos los que dan por descontado que el gobierno radical ha querido dinamitar al justicialismo presionando a una Corte Suprema nombrada por el justicialismo para que dejara irse a quien aún puede considerarse el jefe formal del Partido Justicialista. Aunque no existen pruebas concretas de que De la Rúa haya intervenido personalmente en favor de Menem, sí puede suponer que su liberación le resultará ventajosa. Pese a que a partir del 7 de junio sus acciones políticas han caído casi tanto como las bursátiles, Menem parece estar en condiciones de frustrar las ambiciones de los «traidores» Duhalde y Carlos Ruckauf, prolongando de este modo la interna peronista que hoy por hoy constituye la carta más valiosa del oficialismo. También es posible que Menem y sus allegados se pongan a atacar la política económica oficial desde posiciones ubicadas en la derecha «liberal», lo cual sería motivo de alivio para un gobierno que desde hace meses ha tenido que soportar el fuego graneado de izquierdistas y populistas.
Aunque una mayoría abrumadora se dice convencida de que en el curso de su carrera Carlos Menem ha cometido transgresiones suficientes como para justificar su encarcelamiento, pocos han tomado demasiado en serio la figura de "asociación ilícita" que daba cobertura jurídica a su detención domiciliaria en una quinta de Don Torcuato por su presunta participación en la venta "ilegal" de armas a Croacia y Ecuador, de suerte que la decisión de la Corte Suprema de liberarlo pudo basarse en más que la amistad personal de algunos de sus integrantes. Si bien andando el tiempo el juez Jorge Urso y otros comenzaban a investigar el patrimonio notable que fue acumulado en un lapso breve por un hombre que antes de acercarse a la Casa Rosada se había acostumbrado a las dificultades financieras, nunca fue muy probable que dicho esfuerzo prosperara en un país en el que la corrupción está tan difundida que los pocos acusados de "enriquecimiento ilícito" tienen motivos para creerse víctimas de maniobras políticas. Por cierto, Menem, sus alusiones esporádicas a la reverencia que dice sentir por la Justicia no obstante, no pareció tener dudas al respecto. Como tantos otros hombres públicos que se han encontrado en una situación similar, siempre insistió en que era un "preso político".
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