Fauna nativa en riesgo: la mercantilización de la vida silvestre no es desarrollo

La reciente ley que habilita la cría y comercialización de fauna nativa en Río Negro representa un grave retroceso en soberanía y protección ambiental. Es urgente defender la biodiversidad y los derechos de las comunidades frente a este avance extractivista.

Por Silvina García Larraburu

La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva Ley de Fauna que, lejos de ser un avance, representa un serio retroceso en materia ambiental y de soberanía sobre nuestros bienes comunes. La norma habilita la cría, comercialización y exportación de fauna nativa -incluyendo material genético- con fines comerciales. Y lo hace en un contexto de desguace institucional, debilitando los controles provinciales y desprotegiendo tanto la biodiversidad como los territorios de nuestras comunidades indígenas y rurales. 

El desmantelamiento del cuerpo de guardafaunas es un hecho alarmante. Cinco agentes y tres vehículos para custodiar más de 200.000 km2 no es un sistema de fiscalización, es una ficción. Es una puerta abierta al tráfico ilegal, a la caza furtiva y al deterioro irreversible de especies únicas de nuestro ecosistema. No estamos hablando sólo de animales: estamos hablando de equilibrio ecológico, de soberanía, de identidad y de futuro. 

Esta ley, impulsada por el Ejecutivo provincial y defendida por sectores oficialistas, no fue discutida con la profundidad que amerita. No convocó a las Universidades Nacionales, ni al CONICET, ni a las comunidades mapuche-tehuelche cuyos territorios se verán directamente afectados. ¿Cómo hablar de sustentabilidad si se excluye a quienes cuidan y habitan esos ecosistemas desde hace siglos? 

Además, al borrar los límites entre criaderos de especies nativas y cotos de caza exótica -como el habilitado por capitales de Emiratos Árabes Unidos en el Alto Chubut- la ley avanza sobre una zona gris muy peligrosa. El riesgo de convertir la Patagonia en un territorio de laboratorio y de lucro para intereses ajenos a nuestras comunidades es real. 

Sabemos que el país y la provincia atraviesan momentos difíciles. Pero el ajuste no puede hacerse sobre el patrimonio natural ni sobre los derechos colectivos. Privatizar la naturaleza no es un camino de desarrollo: es una forma encubierta de extractivismo, que termina beneficiando a unos pocos y empobreciendo a las mayorías. 

Como Senadora de la Nación, voy a seguir visibilizando este tipo de retrocesos. Porque no hay justicia social sin justicia ambiental. Y porque defender la fauna nativa es también defender nuestra historia, nuestra diversidad y la posibilidad de un futuro vivible para todos y todas. 

(*) Despacho Senadora García Larraburu