«Grupo de personas sin escrúpulos con fines políticos»: la acusación de la fiscalía en la estafa con planes sociales en Neuquén
Pablo Vignaroli dijo que probará la existencia de la asociación ilícita. Aseguró que el dinero fue utilizado para pagarles a punteros del MPN y para beneficio personal de la banda. Las defensas anticiparon que pedirán que los declaren inocentes.
Soiza y Sánz, dos de los acusados de liderar la asociación ilícita, en la audiencia inaugural del juicio. (Cecilia Maletti)
El fiscal jefe Pablo Vignaroli afirmó que en el juicio por la estafa con planes sociales que comenzó este lunes en Neuquén «vamos a probar hechos de corrupción», y definió a los 14 imputados como «un grupo de personas sin escrúpulos» que «con fines netamente políticos y personales, usaron parte del dinero destinado a subsidiar a aquellos que no tenían trabajo para defraudar al Estado».
En su alegato de apertura, aseguró que «el destino del dinero era la política, era mantener punteros del Movimiento Popular Neuquino», el partido que gobernó la provincia desde la década del 60 del siglo pasado hasta 2023.
Según los cálculos de la fiscalía de Delitos Económicos, el monto de la maniobra a valores actualizados asciende a 1.133.790.340,16 pesos. La apropiación de los dineros del Estado se realizó mediante extracciones con tarjeta de débito, en su gran mayoría, y cheques.
La presentación del caso por parte de la acusación pública marcó el inicio formal del juicio que se extenderá, según se estima, hasta mediados de septiembre. Declararán alrededor de 200 testigos.
La audiencia se desarrolló en la sala 12 de la Ciudad Judicial. En la previa uno de los imputados, el abogado Alfredo Cury, realizó media docena de planteos con algunos de los cuales intentó suspender el juicio en su favor pero el Tribunal se los rechazó todos por unanimidad. Otro acusado, Fernando Cardozo Regidor, obtuvo permiso para seguir las audiencias por Zoom por razones de salud.
Cuestionamientos de las defensas
Las y los abogados de los imputados, por su parte, también hicieron alegatos de apertura y exhibieron una estrategia común en varios puntos: argumentaron que la maniobra de estafa empezó por lo menos en 2015 y sin embargo la fiscalía solo investigó el período 30 de septiembre 2020-31 de julio 2022; faltan funcionarios que deberían estar imputados; no hay directivos del Banco Provincia de Neuquén acusados; no corresponde aplicar la figura de asociación ilícita porque muchos de los que fueron llevados a juicio ni se conocían entre sí, por lo tanto no pudieron ponerse de acuerdo para cometer delitos; y no hubo 9.303 hechos de estafa sino una sola maniobra.
Casi todos los abogados dijeron que al final del juicio pedirán la absolución para sus clientes.
Vignaroli se anticipó a los cuestionamientos y trató de rebatirlos. Dijo que en la fiscalía existe otra investigación que «trata de determinar» si previo al 30 de septiembre del 2020 existía una maniobra similar. Y respecto de la asociación ilícita, señaló que el acuerdo entre los sospechosos «era tácito o expreso».
El rol de los cabecillas
Luego detalló el rol que les atribuye a cada uno. Dijo que el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, cumplían un papel «fundamental: ellos definían el monto global del subsidio, recibían el formulario paralelo y lo aprobaban».
Por su parte Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización y Marcos Osuna, a cargo del departamento de Gestión de Programas, decidían a quiénes ponían en el listado de beneficiarios, dirigían las extracciones en ráfaga de los cajeros automáticos y recibían el dinero en efectivo.
Los cinco están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, por lo que en caso de ser declarados culpables, recibirán una pena más alta.
Agregó Vignaroli que había reuniones en El Faraón, el restaurante de Soiza, donde los «extractores» les entregaban los billetes a los jefes, quienes luego los llevaban a la caja azul que estaba en el despacho del exdirector de Planes Sociales. Después pasaban por ahí los punteros a retirar sobres con dinero.
El resto de la pirámide
Luis María Gallo, Laura Reznik, exdirectores general de Finanzas y Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, tenían acceso al expediente y podían darse cuenta de la maniobra, afirmó el fiscal.
De los reclutadores y extractores, la mayoría ya aceptó su responsabilidad y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso. A juicio llegaron acusadas de ese rol Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras. Las dos primeras compraron terrenos en barrios privados de Plottier.
Por último, Fernando Cardozo Regidor está acusado de prestar su nombre para abrir una cuenta en la que depositaban cheques, y el abogado Alfredo Cury era empleado del Estado y cobraba cheques destinados a desocupados.
Cómo sigue el juicio
Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y del Banco de la Provincia de Neuquén serán los testigos que declararán este martes, en la segunda jornada.
Según está previsto, los citados son Rodolfo Nicolás de la Fuente; Brisa Araceli Núñez; Cintia Vanesa Gómez; María Cecilia García; Joaquín Alfieri y Daniel Gutiérrez.
De la Fuente es Coordinador de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la Provincia del Neuquén.
García es de Ética e Integridad Empresarial del BPN, Alfieri responsable de Prevención de Fraudes y Protección de Activos y Gutiérrez ocupa la Gerencia de Auditoría Interna del banco.
Son testigos propuestos por la fiscalía, por la defensa pública y por el abogado e imputado Alfredo Cury.
A través de ellos se conocerán los primeros detalles sobre la investigación interna del BPN y del ministerio cuando estalló el caso.
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