Estafa con planes sociales en Neuquén: «la última decisión la tenía el ministro Di Luca»

Con 22 audiencias completadas, el juicio contra exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén entró en una etapa en la que parece que el expediente que autorizaba los pagos de planes sociales era radiactivo: nadie asume que tuvo la responsabilidad de aprobar su contenido. Son tantas las irregularidades que quedan expuestas que los testigos de este jueves, convocados por la defensa del exministro Abel Di Luca, lo terminaron complicando: «la última decisión la tenía él», dijo por ejemplo quien fue su jefe de asesores legales, Rodolfo Nicolás de la Fuente.

Romina Cornejo, directora general de Legales del ministerio en la época que se investiga, no estuvo mejor. Cuando le preguntaron por qué los expedientes que -según su firma- no merecían observaciones, en realidad no están foliados, y a las notas agregadas les faltan fechas, firmas y sellos, no supo qué responder.

En la audiencia de este jueves también declaró una altísima funcionaria del gobierno, la subcontadora General de la provincia. Es la que firmaba las auditorías -que después se descubrieron truchas- junto con Julio Arteaga, quien está imputado pero no participa de este juicio por razones de salud.

La subcontadora General tuvo más suerte que Arteaga: evitó que la imputaran -como al subordinado que debía controlar- y también logró que el Tribunal emitiera una prohibición de publicar su nombre y su imagen.

Una trayectoria variada

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Pero la declaración central del día fue la de De la Fuente. Este abogado recibido en 2002 en la Universidad Católica de Salta iba a ser el primer testigo del juicio, el 22 de julio pasado. Pero la fiscalía desistió de convocarlo y pasó a ser el primero de la defensa de Abel Di Luca.

Su trayectoria en el Estado es muy variada: ingresó hace 20 años en el área de Deportes y Juventud, fue asesor legal y técnico de la municipalidad de El Chocón, de allí pasó a cumplir la misma función pero en la subsecretaría de Trabajo con Oscar Closs, y en 2017 asumió como director provincial del Centro de Atención a la Víctima.

Allí estaba cuando en 2022 lo convocó Di Luca para ocupar la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social. Este jueves al llegar al segundo piso de la Ciudad Judicial ambos se dieron un largo abrazo. En este juicio es una rareza que se pregunte por las generales de la ley.

La teoría del caso de la defensa

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El interrogatorio lo empezó Gonzalo Rodríguez, el sagaz defensor del exministro. Parte de su teoría del caso es que Di Luca firmaba confiado lo que le traían del área de Legales, ya que su función era política. Contabiliza en su haber que no aparece su rúbrica en nada comprometedor; tampoco hay escuchas ni correos. Ni siquiera le secuestraron una computadora o un teléfono (déficit de la fiscalía).

Al principio De la Fuente habló de que en su sector hacían el control del expediente que luego firmaría Di Luca, pero cuando empezaron a preguntarle por los detalles se empezó a despegar de a poco de la responsabilidad que le toca. Incluso llegó a decir que veía poco a su jefe porque estaban en edificios distintos.

Las respuestas evasivas

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«No recuerdo», dijo varias veces. Otras de sus respuestas fueron: «yo era el coordinador, el expediente lo manejaba gente que trabajaba conmigo y que estaba desde antes»; «lo teníamos todo medio automatizado»; «había modelos de dictámenes y resoluciones, sólo le cambiábamos el monto y la fecha»; «yo venía del Centro de Atención a la Víctima, era la primera vez que estaba en Legales».

También se refirió al ministro como «la superioridad»; afirmó que «era el que daba las órdenes» y el que «tenía la última palabra».

Aprobar el futuro

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De la Fuente pisó en falso cuando el fiscal jefe Pablo Vignaroli le exhibió partes de un expediente que él aprobó. Enseguida vinieron a la memoria las declaraciones de otros testigos que hablaron de las desprolijidades con las que se armaban esos instrumentos legales.

Por ejemplo en una foja menciona: «certifico que las personas que percibieron el subsidio cumplen con los requisitos» para el mismo.

El problema son las fechas: el pago corresponde a febrero del 2022, el dictamen de De la Fuente que aprueba el expediente es del 18 de abril del 2022, y el listado de beneficiarios fue cargado el 25 de abril del 2022.

-¿Usted dijo el 18 de abril que lo que se cargó el 25 de abril estaba bien? -le preguntó Vignaroli.

-Sí, aparentemente es así -respondió asombrosamente De la Fuente.