Chubut: la Justicia, según pasan los años

“Tiempo que pasa, verdad que huye” habrán pensando los integrantes del Tribunal de Revisión de Chubut que declaró nulos los allanamientos realizados en el domicilio y las oficinas del exsecretario de Economía de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia imputado en la causa conocida como Emergencia Climática 2 que investiga corrupción estatal con fondos destinados a atender el catastrófico temporal que arrasó la ciudad en 2017.

El motivo: “falta de razonabilidad en la medida concedida por el juez Jorge Odorisio al aprobar el pedido de allanamiento para intentar encontrar elementos sobre hechos ocurridos 8 años antes”. Fue la noticia que provocó revuelo político y judicial esta semana tras esta decisión de los jueces Lilian Bórquez y Alejandro Soñis. En los allanamientos se habían secuestrado celulares, otros elementos informáticos y documentación de gran importancia para la investigación.

Pero todo quedó nulo porque además tanto Bórquez como Soñis afirmaron en su resolución que “no hubo fundamentos para impulsar la sospecha de modo directo ya que la medida se basó en una escucha telefónica en la que se hace mención al nombre de “Germán”, sin otras referencias que permitieran identificar fielmente al imputado”.

El principal imputado es Issa Pfister, el exsecretario de Economía del municipio en la época del desastre. Cuál es su nombre de pila: Germán. En las escuchas (no es una, son varias) empresarios y funcionarios mencionan continuamente ese nombre cuando hablan entre otras cosas de presuntas coimas y retornos, sobre todo con empresarios vinculados con la obra pública.

Germán Issa Pfister es hombre de confianza y uno de los que maneja actualmente la campaña de Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia y actual candidato a diputado nacional por el kirchnerismo para las elecciones de medio término de octubre.

La vinculación política judicial tiene sus orígenes en la férrea postura que, en defensa de los jueces, sostiene la corporativa Asociación de Funcionarios y Magistrados de Chubut contra el plebiscito vinculante previsto para el 26 de octubre en el cual el pueblo de la provincia deberá expresarse sobre si quiere o no la eliminación de los fueros para funcionarios políticos, gremiales y judiciales. Incluso, la asociación presentó un amparo para suspender la consulta popular, el que aún no se resolvió. Luque apoyó esa postura y también defendió al expresidente de la mencionada asociación Claudio Petris quien tras ser el impulsor del amparo debió renunciar tras ser denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito y acoso sexual y laboral. “Todo tiene que ver con todo”, dice otro refrán popular.

Lo cierto es que la causa Emergencia Climática 2 se desprende, no de lo que ocurrió hace 8 años sino del juicio que se realizó en 2024 que condenó a varios exfuncionarios y empresarios por corrupción (algunos de estos últimos se acogieron al beneficio de la probation) y malversación de fondos públicos.

El fenómeno climático se produjo entre el 29 marzo y el 9 de abril de 2017 cuando se desencadenó una precipitación de 400 milímetros con consecuencias nefastas para la ciudad: un muerto, 8.000 evacuados y 3.000 viviendas perdidas.

Ante denuncias y sospechas sobre la utilización de fondos y donaciones se inició una investigación que derivó en un juicio oral que comenzó el 9 de mayo de 2024 y terminó el 29 de agosto del mismo año. Pasaron alrededor de 120 testigos.

La justicia provincial condenó a varios exsecretarios municipales entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, así como a inspectores comunales implicados en falsificación de partes y cobros indebidos por obras no realizadas. Además, cuatro empresarios resultaron condenados por su participación en el circuito de contrataciones irregulares. Por ejemplo, remover toneladas de barro, trabajo por el que cobraron, pero que nunca hicieron.

También por haber aplicado sobreprecios a productos esenciales durante la emergencia, como agua mineral y colchones para los inundados, además de una exministra provincial y sus funcionarios que aún hoy cumplen penas de prisión por robarse los alimentos para mascotas que había donado una reconocida marca y ponerlos a la venta por sus redes sociales. 

El surgimiento de la causa “Emergencia Climática II” responde a nuevos elementos detectados por la Procuración General durante el juicio original. Esos hallazgos derivaron en el impulso de nuevas pesquisas y la realización de los allanamientos ahora anulados, bajo órdenes del fiscal Cristian Olazábal, el mismo que actuó en el primer juicio. Los investigadores buscan ampliar la documentación sobre el uso de los fondos y los circuitos administrativos implementados durante la emergencia, recogiendo evidencias que puedan robustecer la acusación.

Esto es, no se continúa investigando sobre lo que pasó hace 8 años sino respecto a elementos que surgieron en el juicio del año pasado. Por eso, fuentes de la fiscalía dijeron a RÍO NEGRO que recurrirán al Superior Tribunal de Justicia para que “anulen lo que anularon” y los allanamientos sean válidos. “Hay mucha gente preocupada por lo que podemos encontrar en los celulares secuestrados”, agregaron las fuentes.

Esta acción que busca una justicia definitiva sobre la catástrofe fue calificada por Luque como “una persecución política que pretende ensuciar mi campaña”.

No se hizo esperar la respuesta del Procurador General Jorge Miquelarena como publicó diario RÍO NEGRO: “No hay persecución. Investigamos un desmanejo burdo y absurdo en épocas de emergencia cuando se robaron fondos destinados a la gente afectada”.

No se pone bajo sospecha de vinculación política alguna la decisión de los jueces que anularon los allanamientos del mes pasado. Solo que resulta raro y rápido un análisis sobre los tiempos lo que no se condice con la realidad de la nueva causa.

Hay que aceptar que la justicia no solo tiene los ojos vendados. A veces, no escucha del todo bien. Hay vecinos que pueden hablar de los 8 años que pasaron porque todavía están padeciendo las consecuencias de aquel temporal que los dejó sin casa, sin ropa, sin muebles, sin esperanzas. Ellos también alzaron la voz pidiendo justicia porque 8 años es demasiado tiempo. Es un siglo. Y son las principales víctimas de los hechos de corrupción que merecen un esclarecimiento total y definitivo.

La causa Emergencia 2 puede llevarle a esas víctimas un poco de alivio al dolor que vienen sufriendo desde hace casi una década. Y no hace mucho volvieron a intentar que los escuchen.

No solamente huye la verdad cuando pasa el tiempo. Puede que también no haya peor sordo que el que no quiere oír.