Retoman dos causas claves de Techo Digno tras la absolución de Gennuso: Cipolletti y Cinco Saltos
El exintendente de Bariloche fue exculpado y su caso podría impactar en el resto de los expedientes que se tramitan en la provincia. Tortoriello y Baratti tienen hoy audiencia.
Una de las audiencias anteriores por la causa Techo Digno de Cipolletti.
La absolución del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la causa de Techo Digno que se tramitó en esa ciudad tiene impacto en toda la provincia, ya que hay dos exjefes comunales que tienen programados juicios y más de una decena que podrían llegar a esa instancia en toda la provincia.
En el Alto Valle esta semana habrá movimientos en las causas que se tramita en Cipolletti (hoy) y Cinco Saltos (viernes).
Santiago Márquez Gauna, fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción judicial y sus equipos intentan sostener acusaciones contra exintendentes y funcionarios municipales por supuestos delitos de defraudación a la administración pública y peculado.
Márquez Gauna lleva adelante un proceso contra los exintendentes de Cipolletti Aníbal Tortoriello y Abel Baratti, además de los empresarios Arturo Rubén Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi, además de la contadora del municipio Lucila Chiocconi.
En la última audiencia argumentó que, debido a la condición de funcionarios públicos de los imputados, la prescripción no corresponde. Dirigió sus críticas con especial énfasis a Tortoriello y señaló que, cuando asumió la intendencia tras Baratti, no denunció las presuntas irregularidades detectadas. Tortoriello está imputado por fraude a la administración pública y peculado.
En la instancia anterior, el defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, había planteado la prescripción de la acción penal, es decir, que el Estado ya no podría avanzar en la investigación porque transcurrieron alrededor de ocho años desde los hechos.
Las defensas de Aníbal Tortoriello y Abel Baratti pidieron la prescripción de la causa. El fiscal Márquez Gauna lo rechaza y la jueza Berenguer lo debe definir.
En Cinco Saltos, el escenario es aún más sensible: la exintendenta Liliana Alvarado enfrenta acusaciones por el presunto uso de fondos nacionales en rubros distintos al de vivienda. Sin embargo, su defensa también planteó la prescripción de la acción penal, un argumento que deberá resolver la jueza Alejandra Berenguer en los próximos días.
Lo mismo ocurre en Fernández Oro, donde los fiscales investigan movimientos de fondos del programa Techo Digno que, según la defensa, fueron autorizados para garantizar el pago a proveedores locales y evitar la paralización de las obras.
La situación de Tortoriello reviste especial interés, no solo judicial sino también político. Su defensa, idéntica a la que logró la absolución de Gennuso, sostiene que el exintendente no desvió fondos sino que los movió entre cuentas municipales para optimizar su administración financiera. En el marco del precedente de Bariloche, ese argumento cobra fuerza: si la transferencia de fondos no implicó sustracción ni beneficio personal, se debilita la acusación por delito penal.
Tras imponerse en las elecciones legislativas recientes, el dirigente cipoleño confirmó su consolidación electoral: viene aumentando su caudal de votos en cada elección y ya se perfila como una de las figuras opositoras más fuertes en la provincia.
En ese marco, el avance o la caída de su causa judicial tendrá inevitablemente lectura política, especialmente si la jueza Berenguer decide hacer lugar al planteo de prescripción.
El veredicto de Bariloche
El razonamiento del tribunal barilochense fue claro: cuando los fondos permanecen dentro del control estatal, no hay delito de peculado.
Mientras el peculado castiga la sustracción, la malversación de caudales públicos sanciona la asignación irregular de fondos dentro de la administración.
Esa conclusión, aunque referida a Gennuso, traza una línea que puede extenderse a otros casos.
Si el dinero no salió de la órbita administrativa ni fue apropiado, la causa penal se diluye y la discusión pasa a otro terreno.
El juez Juan Martín Arroyo, quien tuvo a su cargo la exposición central, explicó qué la acusación de peculado no podía prosperar. La fiscalía —dijo— había elegido mal la figura penal y, además, intentó estirarla hasta donde la ley no le permite llegar.
“Gennuso no fue acusado de desviar fondos, sino de haber autorizado dos transferencias entre cuentas municipales”, remarcó Arroyo, subrayando que el dinero siempre permaneció bajo control del municipio.
El tribunal entendió que no se configuró la “sustracción” exigida por el artículo 261 del Código Penal, ya que no hubo apropiación ni salida de los fondos del ámbito estatal. En palabras simples, el tribunal desarmó la base de la imputación: sin sustracción, no hay peculado.
Los jueces también advirtieron que el Ministerio Público confundió las figuras de peculado y malversación de caudales públicos, dos delitos diferentes tanto en sus elementos como en su gravedad. “El fiscal mezcló elementos de ambas figuras, pretendiendo que el traslado de fondos dentro del municipio equivaliera a una apropiación”, sostuvo el fallo. Esa confusión técnica derivó en un encuadre forzado que debilitó todo el caso.
La larga lista de exintendentes investigados
En la larga lista de exintendentes imputados en las causas de Techo Digno al mandatarios del Partido Justicialista, del PRO, JSRN, UCR, un partido vecinal y entre ellos algunos siguen con cargos públicos porque hay diputados, legisladores y funcionarios actuales.
En un solo caso una intendenta imputada en la causa Techo Digno sigue en funciones. Se trata de Claudia Montanaro (PJ) la jefa comunal de Cervantes.
Por esa ciudad también está acusado el exmandatario Gilberto Montanaro.
En Río Colorado también hay dos exintendentes imputados, Gustavo San Román, que es actualmente legislador de JSRN, y Carlos Pilotti (PJ); a los que se suma el actual legislador del PJ y exjefe comunal de Choele Choel, Daniel Belloso.
En el Alto Valle están acusados en causas Techo Digno el legislador del PJ y exintendente de Godoy, Luis Ivancich; Juan Reggioni (vecinalista) por Fernández Oro; Ariel Baratti (PJ) y el actual diputado nacional del PRO y exintendente Anibal Tortoriello, ambos exjefes comunales de Cipolletti.
También Cinco Saltos tiene a dos exmandatarios imputados: Liliana Alvarado, que fue jefa comunal por el Frente Grande aunque el año pasado acompañó a Nos Une, y Germán Epul (UCR).
En la cordillera el expediente central tiene acusada a la exintendente María Eugenia Martini (PJ). Una causa derivada fue la que tuvo a Gennuso en el banquillo y concluyó con el primer juicio realizado.
En Conesa, la actual diputada del Parlasur y exintendente del PJ, Alejandra Más, está involucrada en otro expediente, y también Renzo Tamburrini (PJ) de Sierra Grande y Nelson Irribarren (UCR) de la misma ciudad; y el actual funcionario provincial, presidente de ARSA, Javier Iud, por San Antonio Oeste.
La absolución del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la causa de Techo Digno que se tramitó en esa ciudad tiene impacto en toda la provincia, ya que hay dos exjefes comunales que tienen programados juicios y más de una decena que podrían llegar a esa instancia en toda la provincia.
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