La necesidad de erradicar el trabajo esclavo

No está registrado ni regulado ni es alcanzado por negociaciones colectivas ni por indemnizaciones

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

ace tiempo que en la Argentina se aplican «políticas proactivas» para terminar con el trabajo esclavo, según proclamó, reiteradamente, Carlos Alberto Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para controlar y frenar prácticas aberrantes en las zonas rurales y urbanas, insistió en que allá por setiembre del 2003 preparó, con el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner (NCK), el programa «Trabajo registrado», lanzado al mes siguiente.

Durante la gestión de NCK se firmó el «Compromiso de responsabilidad social empresaria para la promoción del trabajo decente», entre la cartera laboral y 100 firmas, como Arcor, Bayer, Edenor, Ford, Nestlé, Petrobrás y Unilever.

Por más que existen las que desarrollan correctamente sus actividades y son rentables, existen otras con procedimientos que el gobierno viene procurando erradicar.

Desde despachos oficiales se dijo que el empleo en negro, ilegal, sin protección, creció desde mediados de la década de 1970 hasta el 2003, cuando retrocedió, pero todavía queda mucho por hacer. Quizás por eso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) envió al Congreso proyectos de leyes para contrarrestar los trabajos en negro e ilegales en el ámbito rural, las casas particulares y a domicilio (donde son explotados, mayormente, obreros textiles).

El trabajo esclavo no está registrado ni regulado, ni alcanzado por negociaciones colectivas, ni por indemnizaciones. Es más barato porque carece de cargas sociales. No desapareció, pero descendió por la creación de 5 millones de puestos formales entre 2003 y 2009. En las últimas semanas, con el logotipo de la Presidencia de la Nación se publicaron avisos de que el no registrado superó el 50% en octubre del 2003 y a fines del 2010 retrocedió al 33%. Influyeron las más de 850.000 inspecciones, que comprendieron a 2,7 millones de trabajadores; las clausuras de locales, las multas y otras sanciones a los responsables de los mismos.

Cuando la presidenta decidió que Tomada concurriera a una reunión de la Mesa de Enlace con Julián Andrés Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ciertos dirigentes agropecuarios sostuvieron que el trabajo esclavo era un tema ajeno al encuentro. Ante esto, el titular de la cartera laboral manifestó que estaba -está- convencido de que «si se habla de subsidios, rentabilidades y beneficios que ayudan al sector para que le vaya bien, también debería irles bien a los trabajadores»…

A su vez, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), declaró, el 4 de febrero pasado, que «el gobierno pone el eje en el trabajo esclavo y, en realidad, creo que es repugnante que exista en el campo» e involucró a una multinacional (¿Nidera?).

En la cartera laboral interpretaron que la mejor situación económica; la caída de la desocupación; el trabajo conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), y la mayor demanda de calidad laboral por parte de los trabajadores hicieron en el 2010 que 8 de cada 10 nuevos empleos fueran en blanco, estuvieran registrados.

En el 2003, Trabajo, Empleo y Seguridad Social tenía 20 inspectores para cubrir los 24 distritos del país; en la actualidad suma 450. En el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo (Pnrt), la repartición instaló 36 delegaciones regionales para las inspecciones y promulgó la ley de regularización.

La intermediación en el ámbito agropecuario sigue movilizando contingentes de trabajadores transitorios desde lugares distantes a las zonas de producción. Cuadrilleros, falsas

cooperativas de trabajo y empresas de servicios de mano de obra y de contratación eventual reclutan, transportan, procuran el «alojamiento», supervisan y registran a esas personas. En oportunidades, verificaron captaciones compulsivas, asociadas a prácticas ilegales, como la retención de documentos, limitaciones a la libertad de movilidad de los trabajadores y descuentos indebidos de las remuneraciones.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación demostró cómo son captados miles de «golondrinas», mediante engaños y falta de información, pero también por la falta de otras oportunidades laborales en sus lugares de origen.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación detectó que los viajes se hacen en ómnibus destartalados o camiones, sin asientos para todos, y que la gente transportada demasiadas veces no recibe comidas ni agua. En los distantes destinos, es forzada a alojarse en condiciones de hacinamiento en ranchos, carpas, tinglados de chapas o, en el mejor de los casos, casillas rodantes, sin sábanas ni frazadas. Cocina con fuego de ramas y troncos, por no disponer de electricidad, ni gas. Carece de baños y duchas y otro tanto en cuanto al agua potable, por lo que se resigna a tomarla de bebederos de animales o acequias. En casi todas partes les asignan una suma como crédito diario para comprar carísimos alimentos (muchos en mal estado o vencidos) y elementos de higiene, que les descuentan con los pagos finales. Si las empresas no manejan esos suministros, eligen a quienes lo hagan por ellas.

Para las jubilaciones y la obra social, exigen tres meses de trabajo seguidos, lapso para el cual nunca los contratan, pero sí les efectúan los descuentos correspondientes.

Los capataces viven separados de las cuadrillas y en mejores condiciones, ¡hasta con electricidad! Controlan las tareas y se animan a suministrar remedios -que los trabajadores deben

pagar-, sin prescripciones médicas, a raíz de intoxicaciones por agroquímicos; picaduras de alacranes y víboras, y/o diarreas por las comidas en mal estado y el agua no potable.

Quienes intentan irse por no soportar la sistemática explotación infrahumana de determinadas firmas, son amenazados y presionados por los «proveedores de recursos humanos», quienes llegan a exigirles que paguen los regresos a los lugares de origen.

En el desflore de maíz, por lo que se conoció, se cumplen tareas de 5.30 a 13 y de 14 a 20 de lunes a lunes, sin descansos ni francos. Y aunque llueva. Pobladores de localidades de Santiago del Estero y Formosa que van a las cosechas de varias provincias, debieron aceptar los manejos arbitrarios de ciertos intendentes y comisionados rurales: de no votarlos a ellos o a sus candidatos, no serán llevados a la próxima campaña.

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), afirmó que se descubrió una «planificación laboral nociva de grupos económicos multinacionales (…) Estamos hablando de esclavitud, que en el siglo veintiuno no podemos permitir que ocurra». Esto fue denunciado a la justicia después de recibirse informes de inspectores que verificar posibles evasiones impositivas en Catamarca, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Aclaró que la Afip «no tiene una agencia que se dedique a la trata de personas o la esclavitud». En los operativos intervinieron, asimismo, la cartera laboral, la Dirección Nacional de Migraciones; la Policía Federal, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre); el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), y la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera).

Gerónimo Venegas, secretario general de la Uatre, aseveró que su gremio realiza operativos desde hace años y que en el sector agropecuario trabajan personas «en malas condiciones y hacinados».

Además del desflore de maíz para productoras de semillas, los trabajadores en negro «son llevados a las cosechas de arándanos, espárragos y aceitunas, en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja y Salta».

Organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo, como la Fundación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reclamaron a la Mesa de Enlace, a mediados del 2009, que excluyera a «los productores agropecuarios denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas».

Para eliminar tales ocupaciones, La Alameda propuso «otorgar a las familias subsidios para que los niños vayan a la escuela en lugar de trabajar». En la presentación ante la justicia, agregó el informe del gobierno mendocino sobre «Erradicación del trabajo infantil», donde constaba que se descubrió en recolecciones de uva, manzana y tomate, como también en galpones de empaque, aserraderos y hornos de ladrillos.

En un caso hubo una situación inédita: por temor, los trabajadores intentaron cubrir al patrón ante los agentes de la Afip.

Tomada y Julio Alak, su colega de Justicia y Derechos Humanos, acordaron, el 15 de febrero pasado, cooperar en la prevención y erradicación definitiva de la trata de personas en el ámbito laboral.

«Dicen que la Asamblea del año 1813 abolió la esclavitud, pero es moco de pavo. En esta Buenos Aires vanidosa y orgullosa sigue habiendo esclavos, sigue habiendo esclavitud», arremetió Jorge Bergoglio, cardenal primado de la Argentina, el 27 de marzo pasado. Afirmó que son «fabricados por el afán desmedido de los Herodes (modernos) de manejo de la trata (de personas), de los talleres clandestinos, de la prostitución y los cartoneros». Bergoglio ofició una misa cuando estaban por cumplirse, tres días más tarde, 5 años del incendio, evitable, de un taller textil clandestino en la calle Luis Viale del barrio porteño de Caballito, que provocó la muerte de 6 personas, entre ellas una mujer embarazada y 4 niños. El juez interviniente no habría investigado a la sociedad de hecho que manejaba el taller ni a la cadena de responsabilidades, y procesó a los dos capataces, quienes al no llegar al juicio oral fueron beneficiados con una «probation».

La Alameda denuncio penalmente a 81 marcas que usaban y usan trabajadores esclavos en talleres textiles clandestinos

-mayormente inmigrantes indocumentados-, obligados a cumplir jornadas de hasta 15 horas y en su mayoría mercerizados, quienes no conocían a sus verdaderos empleadores. La participación de algunas marcas extranjeras hizo que se pidiera la solidaridad internacional, a través de la campaña europea «Ropa limpia», que mostró disposición para realizar «escraches».

La Alameda creó la Cooperativa «20 de Diciembre» que organizó talleres textiles y de estampados; panadería y gastronomía; centro de copiado, y taller de artesanías. Ultimamente, comparte un polo textil con otras entidades similares en el barrio porteño de Barracas, con el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), que concretó con aportes de la Corporación Buenos Aires Sur, del gobierno porteño.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó su «Campaña contra el trabajo esclavo y toda forma de explotación laboral» (tercerización, cooperativas truchas, subcontrataciones, trabajo de menores, etc.), el 21 de marzo pasado, para formar una red nacional para combatirlos y brindar herramientas a los delegados sindicales de distintos lugares del país que faciliten las denuncias, los seguimientos de los casos y la difusión de semejantes situaciones.

(((NOTA 2)))

Título:

Para mejorar la situación agropecuaria

«Las condiciones generales de labor y habitación para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, que realizan tareas transitorias, cíclicas, ocasionales o excepcionales», fueron aprobadas por la resolución 11 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, publicada en el «Boletín Oficial», el 11 de abril pasado.

La medida establece, entre otras cuestiones, los requisitos mínimos de alojamiento que deben tener los trabajadores rurales: servicios sanitarios, agua potable, energía eléctrica, cocina y posibilidades de comunicación. También fija pautas de alimentación; prohibe las retenciones, deducciones o compensaciones que haga el empleador por ventas de mercaderías; fija elementos de seguridad e higiene, y hace referencia a los traslados de los trabajadores y los equipos que deben tener.

Además, prohíbe el trabajo infantil; fija condiciones para los adolescentes de 16 a 18 años; requiere certificados de aptitud física y de escolaridad, y menciona la obligación de informar a los trabajadores.

El anexo -consta de 28 artículos- indica que «cuando el contrato laboral contemple o requiera la provisión de alojamiento durante todo o parte del tiempo que comprenda el mismo, éste deberá ser construido con materiales que garanticen un adecuado estándar de confort y habitabilidad, condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural y artificial».

Las habitaciones alojarán hasta un máximo de 4 trabajadores en los campamentos o estructuras habitacionales fijas y de 8 en los móviles, y dispondrán de un volumen de aire mínimo e iluminación natural y artificial adecuadas. Las paredes y techos serán revestidos con aislantes térmicos y los pisos serán de madera sin espacios, cemento alisado o cualquier material aislante del suelo que garantice un correcto desplazamiento y sea de fácil limpieza. Las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire y agua.

«Cuando se contraten trabajadores de diferentes sexos, las viviendas serán adecuadas a los específicos requerimientos de cada uno de ellos; en caso de contratarse familias, se les asignará un alojamiento individual a cada una», puntualiza la resolución.

Los servicios sanitarios deberán ser apropiados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en el lugar. Se requerirán: «una ducha cada 4 personas con agua caliente y fría; un inodoro, un orinal y un lavabo cada 4 trabajadores; pozo atmosférico -extendido horizontal- y una pileta para el lavado de ropa».

ace tiempo que en la Argentina se aplican “políticas proactivas” para terminar con el trabajo esclavo, según proclamó reiteradamente Carlos Alberto Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Para controlar y frenar prácticas aberrantes en las zonas rurales y urbanas insistió en que allá por septiembre del 2003 preparó, con el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, el programa “Trabajo registrado”, lanzado al mes siguiente.

Durante la gestión de Néstor Kirchner se firmó el “Compromiso de responsabilidad social empresaria para la promoción del trabajo decente” entre la cartera laboral y 100 firmas como Arcor, Bayer, Edenor, Ford, Nestlé, Petrobras y Unilever.

Desde despachos oficiales se dijo que el empleo en negro, ilegal, sin protección, creció desde mediados de la década de 1970 hasta el 2003, cuando retrocedió, pero todavía queda mucho por hacer. Quizás por eso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso proyectos de leyes para contrarrestar los trabajos en negro e ilegales en el ámbito rural, las casas particulares y a domicilio (donde son explotados, mayormente, obreros textiles).

El trabajo esclavo no está registrado ni regulado ni es alcanzado por negociaciones colectivas ni por indemnizaciones. Es más barato porque carece de cargas sociales. No desapareció, pero descendió por la creación de 5 millones de puestos formales entre el 2003 y el 2009.

En las últimas semanas, con el logotipo de la Presidencia de la Nación se publicaron avisos de que el no registrado superó el 50% en octubre del 2003 y a fines del 2010 retrocedió al 33%. Influyeron las más de 850.000 inspecciones, que comprendieron 2,7 millones de trabajadores; las clausuras de locales, las multas y otras sanciones a los responsables de los mismos.

Cuando la presidenta decidió que Tomada concurriera a una reunión de la Mesa de Enlace con Julián Andrés Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ciertos dirigentes agropecuarios sostuvieron que el trabajo esclavo era un tema ajeno al encuentro. Ante esto, el titular de la cartera laboral manifestó que estaba –está– convencido de que “si se habla de subsidios, rentabilidades y beneficios que ayudan al sector para que le vaya bien, también debería irles bien a los trabajadores”.

A su vez, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), declaró, el 4 de febrero pasado, que “el gobierno pone el eje en el trabajo esclavo y, en realidad, creo que es repugnante que exista en el campo” e involucró a una multinacional (¿Nidera?).

En la cartera laboral interpretaron que la mejor situación económica, la caída de la desocupación, el trabajo conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la mayor demanda de calidad laboral por parte de los trabajadores hicieron en el 2010 que ocho de cada diez nuevos empleos fueran en blanco, es decir, estuvieran registrados.

En el 2003, Trabajo, Empleo y Seguridad Social tenía 20 inspectores para cubrir los 24 distritos del país; en la actualidad suma 450. En el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo (PNRT), la repartición instaló 36 delegaciones regionales para las inspecciones y promulgó la ley de regularización.

La intermediación en el ámbito agropecuario sigue movilizando contingentes de trabajadores transitorios desde lugares distantes a las zonas de producción. Cuadrilleros, falsas cooperativas de trabajo y empresas de servicios de mano de obra y de contratación eventual reclutan, transportan, procuran el “alojamiento”, supervisan y registran a esas personas. En oportunidades, verificaron captaciones compulsivas asociadas a prácticas ilegales, como la retención de documentos, limitaciones a la libertad de movilidad de los trabajadores y descuentos indebidos de las remuneraciones.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación demostró cómo son captados miles de “golondrinas” mediante engaños y falta de información, pero también por la falta de otras oportunidades laborales en sus lugares de origen.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación detectó que los viajes se hacen en ómnibus destartalados o camiones, sin asientos para todos, y que la gente transportada demasiadas veces no recibe comida ni agua. En los distantes destinos es forzada a alojarse en condiciones de hacinamiento en ranchos, carpas, tinglados de chapas o, en el mejor de los casos, casillas rodantes, sin sábanas ni frazadas. Cocina con fuego de ramas y troncos, por no disponer de electricidad, ni gas. Carece de baños y duchas y otro tanto en cuanto al agua potable, por lo que se resigna a tomarla de bebederos de animales o acequias. En casi todas partes les asignan una suma como crédito diario para comprar carísimos alimentos (muchos en mal estado o vencidos) y elementos de higiene que les descuentan con los pagos finales. Si las empresas no manejan esos suministros, eligen a quienes lo hagan por ellas.

Para las jubilaciones y la obra social exigen tres meses de trabajo seguidos, lapso para el cual nunca los contratan pero sí les efectúan los descuentos correspondientes.

Los capataces viven separados de las cuadrillas y en mejores condiciones, ¡hasta con electricidad!, controlan las tareas y se animan a suministrar remedios –que los trabajadores deben pagar– sin prescripciones médicas a raíz de intoxicaciones por agroquímicos, picaduras de alacranes y víboras y/o diarreas por las comidas en mal estado y el agua no potable.

Quienes intentan irse por no soportar la sistemática explotación infrahumana de determinadas firmas son amenazados y presionados por los “proveedores de recursos humanos”, quienes llegan a exigirles que paguen los regresos a los lugares de origen.

Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, afirmó que se descubrió una “planificación laboral nociva de grupos económicos multinacionales. (…) Estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra”. Esto fue denunciado a la Justicia después de recibirse informes de inspectores que verificaron posibles evasiones impositivas en Catamarca, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Aclaró que la AFIP “no tiene una agencia que se dedique a la trata de personas o la esclavitud”. En los operativos intervinieron, asimismo, la cartera laboral, la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera).

Gerónimo Venegas, secretario general de la Uatre, aseveró que su gremio realiza operativos desde hace años y que en el sector agropecuario trabajan personas “en malas condiciones y hacinadas”.

Organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo, como la Fundación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reclamaron a la Mesa de Enlace, a mediados del 2009, que excluyera a “los productores agropecuarios denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”.

Para eliminar tales ocupaciones, La Alameda propuso “otorgar a las familias subsidios para que los niños vayan a la escuela en lugar de trabajar”. En la presentación ante la Justicia, agregó el informe del gobierno mendocino sobre “Erradicación del trabajo infantil”, donde constaba que se descubrió en recolecciones de uva, manzana y tomate, así como también en galpones de empaque, aserraderos y hornos de ladrillos.

Tomada y Julio Alak, su colega de Justicia y Derechos Humanos, acordaron el 15 de febrero pasado cooperar en la prevención y erradicación definitiva de la trata de personas en el ámbito laboral.

“Dicen que la Asamblea del año XIII abolió la esclavitud, pero es moco de pavo. En esta Buenos Aires vanidosa y orgullosa sigue habiendo esclavos, sigue habiendo esclavitud”, arremetió Jorge Bergoglio, cardenal primado de la Argentina, el 27 de marzo pasado. Afirmó que son “fabricados por el afán desmedido de los Herodes (modernos) de manejo de la trata (de personas), de los talleres clandestinos, de la prostitución y los cartoneros”.

Bergoglio ofició una misa cuando estaban por cumplirse, tres días más tarde, cinco años del incendio, evitable, de un taller textil clandestino en la calle Luis Viale del barrio porteño de Caballito, que provocó la muerte de seis personas, entre ellas una mujer embarazada y cuatro niños. El juez interviniente no habría investigado a la sociedad de hecho que manejaba el taller ni la cadena de responsabilidades y procesó a los dos capataces, quienes al no llegar al juicio oral fueron beneficiados con una “probation”.

La Alameda denunció penalmente a 81 marcas que usaban y usan trabajadores esclavos en talleres textiles clandestinos –mayormente inmigrantes indocumentados–, obligados a cumplir jornadas de hasta 15 horas y en su mayoría tercerizados, quienes no conocían a sus verdaderos empleadores. La participación de algunas marcas extranjeras hizo que se pidiera la solidaridad internacional a través de la campaña europea “Ropa limpia”, que mostró disposición para realizar “escraches”.

La Alameda creó la Cooperativa 20 de Diciembre, que organizó talleres textiles y de estampados, panadería y gastronomía, centro de copiado y taller de artesanías.

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó su “Campaña contra el trabajo esclavo y toda forma de explotación laboral” (tercerización, cooperativas truchas, subcontrataciones, trabajo de menores, etcétera) el 21 de marzo pasado para formar una red nacional para combatirlos y brindar herramientas a los delegados sindicales de distintos lugares del país que faciliten las denuncias, los seguimientos de los casos y la difusión de semejantes situaciones.