Nueve años de un crimen todavía impune
CIPOLLETTI (AC).- Sin novedades que hagan presumir la posibilidad de que uno de los crímenes que más conmocionó a la región no quedará impune, se cumplieron ayer nueve años del asesinato de Carmen Marcovecchio, Alejandra Carabajales y Mónica García, en un laboratorio cipoleño. En la llamada “masacre del laboratorio” una cuarta mujer, Ketty Karavatic de Bilbao, sobrevivió a pesar de las graves heridas que recibió. Los asesinatos quedaron impunes cuando quedó en libertad el único sospechoso que había sido condenado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el segundo juicio al que fue sometido David Sandoval, aplicando el precepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El lavacoches había sido absuelto por el beneficio de la duda y falta de acusación fiscal en el primer proceso. Por esta situación, a fines de marzo de este año, los viudos e hijos de las mujeres asesinadas demandaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de la abogado José Gerez el caso fue expuesto en Washington. Adujeron la situación de impunidad en la que quedó la causa. El hecho ocurrió el 23 de mayo de 2002 en un laboratorio que funcionaba en pleno centro de Cipolletti.
Alejandra Carabajales
CIPOLLETTI (AC).- Sin novedades que hagan presumir la posibilidad de que uno de los crímenes que más conmocionó a la región no quedará impune, se cumplieron ayer nueve años del asesinato de Carmen Marcovecchio, Alejandra Carabajales y Mónica García, en un laboratorio cipoleño. En la llamada “masacre del laboratorio” una cuarta mujer, Ketty Karavatic de Bilbao, sobrevivió a pesar de las graves heridas que recibió. Los asesinatos quedaron impunes cuando quedó en libertad el único sospechoso que había sido condenado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el segundo juicio al que fue sometido David Sandoval, aplicando el precepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El lavacoches había sido absuelto por el beneficio de la duda y falta de acusación fiscal en el primer proceso. Por esta situación, a fines de marzo de este año, los viudos e hijos de las mujeres asesinadas demandaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de la abogado José Gerez el caso fue expuesto en Washington. Adujeron la situación de impunidad en la que quedó la causa. El hecho ocurrió el 23 de mayo de 2002 en un laboratorio que funcionaba en pleno centro de Cipolletti.
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