La educación inicial en una encrucijada ante la baja de la natalidad
No se trata de achicar la educación inicial frente a los cambios demográficos, sino fortalecerla. Convertir este escenario en una oportunidad para ampliar derechos.

La educación inicial en Río Negro necesitaba una actualización de su marco normativo. Durante décadas, el nivel se organizó a partir de una reglamentación elaborada en 1987, en un contexto social, pedagógico y normativo profundamente distinto del actual. En ese sentido, la elaboración de un nuevo Documento Marco de Educación Inicial (DOMEI) no solo era esperable, sino necesaria.
Sin embargo, como toda actualización normativa expresa un proyecto político, es desde allí que el debate debe darse.
El DOMEI no se construye en el vacío. Se inscribe en un entramado social, económico y cultural atravesado por profundas transformaciones que interpelan directamente a la educación inicial. La baja sostenida de la natalidad es una de ellas, pero no la única.
El problema no es reconocer estos cambios, sino el sentido que se les asigna. Allí donde podría abrirse una discusión integral sobre calidad educativa, fortalecimiento institucional y ampliación de derechos, comienza a imponerse una lógica de “reorganización” que reduce a respuesta administrativa un entramado complejo.
Esa simplificación no es neutra: tiene consecuencias concretas sobre las condiciones de enseñanza y sobre el trabajo docente.
La baja natalidad se expresa en una disminución de la matrícula en todos los niveles educativos. Sin embargo, este escenario no debería leerse como una amenaza para la educación inicial, sino como una oportunidad histórica para fortalecerla y que es urgente aprovecharla, si se atiende a un dato central del presente: las infancias de hoy no son las mismas que las de hace algunas décadas. Cambiaron los modos de habitar el mundo, las experiencias corporales, las formas de socialización y los tiempos de atención. Las niñas y los niños llegan a las instituciones en un contexto marcado por el aumento de la desigualdad y la precarización social, atravesados por múltiples pantallas, por configuraciones familiares diversas y, en muchos casos, por realidades de mayor fragilidad social que demandan una presencia adulta atenta, disponible y sostenida.
Enseñar hoy en la educación inicial exige leer esas transformaciones y asumirlas como punto de partida. Implica más tiempo para el vínculo, mayor disponibilidad corporal y emocional, y condiciones institucionales que habiliten un acompañamiento situado.
Pretender responder a estas infancias con estructuras pensadas para otro tiempo, con salas superpobladas y docentes sobreexigidas, no solo resulta insuficiente: es profundamente injusto.
Este debate se vuelve aún más relevante si se considera el marco normativo vigente en materia de inclusión. Desde la Resolución 3438/11, las y los estudiantes de la modalidad de educación especial pasaron a la modalidad común, consolidando un enfoque de educación inclusiva que reconoce la diversidad como parte constitutiva de las aulas.
Este avance en términos de derechos no es meramente declarativo: implica la responsabilidad del Estado de generar las condiciones pedagógicas, institucionales y materiales necesarios para que la inclusión sea real y efectiva.
Características especiales
Por otra parte, la educación inicial es profundamente corporal, vincular y situada. No es posible sostener una inclusión genuina con salas sobrecargadas, con docentes sin apoyo e instituciones desprovistas de recursos. La normativa vigente exige más Estado, no menos.
Sin embargo, frente a la disminución de la matrícula, el camino que comienza a delinearse no parece orientado a fortalecer estas condiciones, sino a “reorganizar” el sistema sin ampliar derechos ni inversión. Si la decisión política hubiera sido fortalecer la educación inicial, la baja natalidad podría haber habilitado otras salidas: salas con menos niñas y niños, universalización de la sala de tres años, equipos institucionales ampliados y mejores condiciones de trabajo docente.
Cuando estas opciones no se ponen en debate, la reorganización deja de ser una respuesta pedagógica y se convierte en una forma encubierta de ajuste, cuyos efectos se trasladan al interior de las instituciones.
La educación inicial no es un nivel menor ni un espacio de cuidado. Es el primer eslabón del sistema educativo y cumple un rol central en la construcción de igualdad desde los primeros años de vida. Decidir qué se hace con la baja natalidad es determinar qué educación se quiere construir.
No se trata de achicar la educación inicial frente a los cambios demográficos, sino fortalecerla. Convertir este escenario en una oportunidad para ampliar derechos o en una excusa para el ajuste constituye una decisión política que deja al descubierto qué prioridades se ponen en juego.
La pregunta, entonces, no es técnica ni demográfica. Es profundamente política: ¿la baja natalidad será utilizada para recortar derechos o para ampliarlos?
* Docente de Nivel Inicial.

La educación inicial en Río Negro necesitaba una actualización de su marco normativo. Durante décadas, el nivel se organizó a partir de una reglamentación elaborada en 1987, en un contexto social, pedagógico y normativo profundamente distinto del actual. En ese sentido, la elaboración de un nuevo Documento Marco de Educación Inicial (DOMEI) no solo era esperable, sino necesaria.
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