El Indec y la inflación que no se mide, se vive

La inflación volvió a ocupar el centro del debate público a partir de lo ocurrido en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La renuncia de Marco Lavagna, hasta entonces director del organismo, y la decisión del Gobierno de postergar cambios en la forma de medir el Índice de Precios al Consumidor reabrieron una discusión sensible en la Argentina. No se trata solo de una cuestión técnica. Se trata, una vez más, de confianza.

Para la mayoría de la gente, la inflación no es un indicador mensual ni una estadística oficial. Es algo mucho más concreto. Es el aumento de la cuota de la facultad, de la luz, del gas, del agua y del alquiler. Es la dificultad creciente para sostener un departamento o proyectar una vida con cierta estabilidad. Por eso, más allá de los números, hay una realidad que se impone. La inflación no se percibe, se vive.

El Indec cumple un rol central dentro del Estado. Sus datos ordenan decisiones económicas, negociaciones salariales y políticas públicas. Cuando esos datos generan dudas, el problema excede lo estadístico.

La salida de Marco Lavagna y la postergación de una nueva metodología de medición no prueban por sí solas una manipulación directa, pero sí evidencian una gestión política poco cuidadosa de una institución que debería estar protegida de cualquier sospecha.

El oficialismo sostiene que la inflación viene bajando y que el proceso de estabilización empieza a dar resultados. Sin embargo, esa afirmación convive con una experiencia cotidiana que va en otra dirección. Los precios que más pesan en el presupuesto familiar siguen aumentando y lo hacen de manera sostenida. Servicios, alquileres y educación concentran hoy gran parte del ingreso mensual, y eso no aparece con la misma claridad en el dato agregado que se comunica.

Aquí aparece una responsabilidad política que no puede eludirse. No alcanza con mostrar una desaceleración porcentual si la gente no la siente en su vida diaria. No alcanza con explicaciones técnicas cuando los gastos fijos crecen todos los meses. Y no alcanza con pedir paciencia cuando la inflación sigue siendo un problema concreto para amplios sectores de la sociedad. La distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana es el verdadero núcleo del conflicto.

Tampoco se trata de negar las dificultades de gobernar una economía en crisis ni de desconocer los esfuerzos por ordenar variables descontroladas. Pero precisamente por eso, el cuidado de las instituciones técnicas debería ser una prioridad.

Cuando el Gobierno decide postergar cambios metodológicos que ya estaban listos o no logra explicar con claridad esas decisiones, el mensaje que se transmite es ambiguo y alimenta desconfianza.

Argentina tiene una historia reciente que vuelve inevitablemente cada vez que el INDEC queda bajo sospecha. Esa memoria colectiva no se borra con discursos ni con promesas de transparencia. Se enfrenta con hechos, con autonomía institucional y con una comunicación honesta que reconozca los límites del dato estadístico frente a la realidad social.

La discusión sobre el INDEC no es una pelea técnica ni un debate de especialistas. Es una prueba concreta de cómo el Estado se vincula con la vida real de su gente. Porque cuando los números empiezan a explicarse más de lo que se sienten, algo se rompe. La inflación puede desacelerarse en los informes, pero mientras siga creciendo en las facturas, en los alquileres y en la educación, la confianza no va a acompañar. Porque cuando el Estado necesita explicar demasiado sus números, mientras la vida cotidiana se vuelve cada vez más cara, el problema ya no es cómo se mide la inflación, sino cuánto se entiende la realidad de quienes la sufren.

* Estudiante avanzado de ciencias políticas.