La OEA estudia la demanda por la “masacre del laboratorio”

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El 25 de marzo pasado el abogado Gerez presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

CIPOLLETTI (AC) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA comenzó a analizar la demanda contra Argentina que presentaron familiares de las tres mujeres asesinadas en la “masacre del laboratorio” por la situación de impunidad en la que quedó el caso, a partir de la liberación del único sospechoso que fue condenado y con el otro coautor, sin siquiera ser identificado. El secretario ejecutivo de la comisión, Santiago Cantón, le envió al abogado de los familiares de las víctimas, José Gerez, el acuse de recibo de la demanda que presentó, en persona, hace dos meses en Washington. “La denuncia se encuentra bajo estudio, conforme a las normas reglamentarias vigentes”, le comunicó Cantón a Gerez. El único imputado que fue llevado a juicio por el crimen, David Sandoval, fue absuelto por el beneficio de la duda (el fiscal no acusó porque valoró que las pruebas no eran suficientes), pero luego fue llevado a juicio nuevamente por decisión del Superior Tribunal de Justicia rionegrino y allí se demostró la presencia del sospechoso en la escena del crimen, por lo que fue condenado a prisión perpetua. Años después, la Corte Suprema de la Nación anuló el segundo juicio, aplicando el precepto de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El crimen ocurrió en la noche del 23 de mayo de 2002. Tres mujeres (Carmen Marcovecchio, Alejandra Carabajales y Mónica García) fueron salvajemente golpeadas, apuñaladas y rociadas con ácido acético (una recibió además un disparo) en un laboratorio de análisis clínicos que funcionaba en Roca y 25 de Mayo de Cipolletti. Una cuarta mujer sobrevivió a los golpes y hasta a un disparo porque llegó cuando todo se había consumado. Gerez reclamó que se declare responsable al Estado argentino por la violación del derecho de las víctimas a que se haga justicia, y a la vida, y a las garantías y protecciones judiciales. Lo que se busca es una “reparación integral por parte del Estado argentino, que reconozca su error”, explicó Gerez en su momento.