Advierten que ya vigilan y aplicarán sanciones

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Crece la controversia por el decreto que prohíbe avisos de oferta sexual

Un funcionario nacional adelantó que un equipo gubernamental especializado monitorea ya los diarios de todo el país y que en los próximos días comenzarán a aplicar sanciones a los medios que continúen publicando avisos de oferta sexual. En tanto, todavía no se conoce qué resolución adoptará la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal que recibió el pasado viernes en Buenos Aires el amparo por el cual “Río Negro” reclamó que se declare la inconstitucionalidad del decreto 936/2011 y, en tanto eso suceda, se dicte una medida de no innovar que suspenda sus efectos. Juan Martín Mena, subsecretario de Políticas Criminales de la Nación, formuló antenoche declaraciones al noticiero de Canal 7 de Neuquén. En ellas indicó que “la oficina que crea el decreto ya está en funcionamiento en la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Puntualizó que ese organismo “se encuentra –desde el mismo día de la publicación– efectuando el monitoreo de los medios de comunicación en torno a esta cuestión. La vigencia plena del decreto va a operar el lunes, a partir del cual –transcurridos ya los ocho días de su publicación– se comenzarán a labrar las actas por las infracciones a la prohibición establecida en el decreto”. En la acción de amparo presentada, “Río Negro” planteó que el decreto es inconstitucional por su forma y su contenido, puesto que no es posible aplicar por esa vía prohibiciones no contempladas en la Constitución ni en las leyes. Además, consideró que establece una discriminación antijurídica contra las personas que ejercen la prostitución –mujeres o varones– y que incurre en un “paternalismo estatal intolerable” en un sistema democrático. Argumentó el diario que, por propia iniciativa, tomó la decisión de autorregular la publicación de ese tipo de avisos para evitar que sean usados por redes de trata o proxenetismo, buscando a la vez no afectar el derecho a las personas que en forma individual y libre -y por tanto lícita- ofrecen servicios sexuales. Respecto del perjuicio económico, el diario señaló que la facturación del rubro Servicios Personales asciende al 4,8% del total de sus avisos clasificados. El funcionario nacional Mena descartó que el decreto –a su juicio– afectara la libertad de expresión porque –dijo– “no atenta ni se inmiscuye en cuestiones de contenidos del medio periodístico sino que está regulando los avisos publicitarios en orden a los que contengan oferta sexual”. Admitió que “en principio, como el mismo decreto lo establece en su artículo 4 al centrar la atención en los medios gráficos, hacia allí va a estar orientada la labor de la oficina”. Pero agregó que “como el artículo 1 del decreto prohíbe la publicación de avisos que hagan oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas que hagan el comercio sexual por cualquier medio, transcurrida la primera etapa sin duda se va a iniciar la tarea de monitoreo y si corresponde se aplicará la sanción prevista en el decreto a otros medios de comunicación que incurran en esa prohibición”, entre los cuales incluyó las páginas web. Justificó el decreto señalando que “reglamentando las dos leyes sancionadas por el Congreso sobre los derechos de la mujer y la lucha contra la trata de personas, se establece la prohibición de fijar los avisos que incurran justamente en violación a esas normas. Por lo tanto el Poder Ejecutivo está en uso de las facultades propias de reglamentar esas normas legales”. “En orden a reglamentar la convención contra la violencia contra la mujer y la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se intenta proteger sus derechos dado que estos avisos a menudo incurren en cuestiones valorativas y discriminatorias respecto de la mujer”.