El Consejo de la Magistratura desestimó el juicio político a la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción resolvió desestimar esta tarde el expediente disciplinario abierto un año atrás contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón a partir de una denuncia de otros funcionarios judiciales por actos de maltrato, presiones y “conductas constitutivas de mobbing laboral severo”.

La decisión, en lo formal, fue la de validar el informe del instructor sumariante designado, el legislador de PRO Juan Murillo Ongaro, quien dictaminó por cerrar el camino a un posible juicio político de Cendón y remitir las actuaciones a la Procuración General, para que examine si los hechos denunciados pueden ser objeto de sanción en ese ámbito.

El tratamiento del expediente que tuvo en vilo a la Justicia Penal de Bariloche durante varios meses no se extendió más de cinco minutos y ninguno de los consejeros fundamentó su posición. Primero expresaron su aval al informe los tres legisladores habilitados, Lucas Pica, Marcelo Szcygol (JSRN) y Juan Martin (PRO). Luego el representante del Colegio de Abogados Alejandro Valdés dijo que tanto él como sus pares -Gonzalo Pérez Cavanagh y Pablo Guerrero- también prestaban conformidad con la aprobación del informe.

El procurador Jorge Crespo usó la palabra “irremediable” para justificar su postura de abstención y evitar posibles recusaciones, ya que el expediente disciplinario quedó ahora a su cargo. El presidente del STJ y del Consejo, Ricardo Apcarian, tampoco se apartó de la línea de interpretación general y confirmó el dictamen de Murillo.

La primera denuncia contra la fiscal jefe data de septiembre de 2025 y fue formulada por el entonces fiscal Tomás Soto (renunció poco después), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Viterbori, el jefe de división Germán Torres y la defensora adjunta Mónica Goye, quien también presentó su renuncia.

La sesión comenzó a las 16 y el punto Cendón fue el último que recibió tratamiento por parte del órgano encargado de designar y sancionar a los funcionarios judiciales, que antes había resuelto tres concursos por defensorías de pobres y ausentes y votó la desestimación y archivo de otras denuncias.

La sala principal de los tribunales locales estaba atestada de público, incluidos varios de los denunciantes de Cendón, y sorprendió ver en primera fila al intendente Walter Cortés en compañía del abogado y asesor del Ejecutivo municipal Martín Domínguez.

El informe del sumariante Ongaro no fue leído, ni siquiera algunos de sus párrafos salientes, y no es de acceso público, se encargó de aclarar Apcarian ante una consulta posterior de este medio. Dijo que hay partes “sensibles” que a su entender no corresponde difundir por la prensa. Indicó además que el trámite completado hoy “no fue un juicio político” sino un trámite administrativo.

Uno de los abogados que participó de la sesión dijo que llegó con el convencimiento de que habría una exposición “por secretaría” de los fundamentos o conclusiones, pero nada de eso ocurrió. Señaló que el Colegio que integra emitiría un comunicado sobre el tema en los próximos días.

El legislador Martin también dijo con algún desconcierto que había preparado un mensaje breve para justificar su postura, pero que antes del encuentro le advirtieron que no habría espacio para esas intervenciones. Martin sólo manifestó antes de votar por el acompañamiento al informe que a su entender hubo “pleno resguardo del debido proceso”.

Dijo que tenía pensado señalar que no desconocía “las situaciones que surgieron durante la investigación respecto de las dificultades en las relaciones laborales (que involucran a Cendón), en las formas de comunicación o en la conducción de los equipos”. A su entender fue apropiada la solución de derivar el caso a la Procuración General, para que evalúe y que dentro de sus atribuciones adopte “las medidas que estime pertinentes”.

El sumario mencionó expresiones «desafortunadas»

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Las únicas referencias sobre el sumario que elaboró Ongaro, cuya tarea se extendió por casi diez meses, fueron apuntadas por un parte de prensa del poder judicial. Una de sus conclusiones allí citadas fue que “los testimonios no presentaron un cuadro uniforme que permitiera acreditar un hecho concreto e inequívoco con entidad suficiente para sustentar una imputación por mal desempeño o graves desarreglos de conducta”.

Agregó que al evaluar en conjunto las declaraciones, el instructor no pudo establecer “la existencia de una práctica uniforme y sistemática de violencia laboral” por parte de Cendón. Sostuvo que “algunas personas describieron situaciones de tensión o cuestionaron el estilo de conducción” de la fiscal investigada, mientras que otras “señalaron haber mantenido relaciones laborales adecuadas y no haber sufrido ni presenciado situaciones de hostigamiento”.

El sumariante también revisó documentación, audios telefónicos y capturas de pantalla que -según el comunicado- no alcanzaron para “corroborar objetivamente una conducta persecutoria o dirigida a provocar daño psicológico”.

En relación con las formas de interacción de la fiscal que fueron cuestionadas por sus pares o subordinados, el instructor sumariante observó que “algunas pudieron haber resultado desafortunadas, inconvenientes o impropias desde la perspectiva de las buenas prácticas de liderazgo”, pero no alcanzaban gravedad suficiente para “avanzar hacia un proceso de remoción”.

Como parte del sumario Ongaro también cotejó actuaciones de Cendón en causas penales y dijo no haber podido acreditar que “hubiera intervenido con una finalidad distinta al ejercicio de las atribuciones de su cargo”. El informe subrayó que «no aparecieron elementos objetivos suficientes para superar el plano de las sospechas” y recordó que las denuncias formuladas contra Cendón en el ámbito penal fueron desestimadas.

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Respaldo de Cortés, disgusto en la APDH

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El intendente Walter Cortés ingresó en la sala con la sesión ya empezada, cuando los consejeros realizaban las entrevistas a los postulantes del concurso por tres defensorías. En principio pareció que lo motivaba alguna amistad o relación con una de las concursantes, que registraba antecedentes laborales en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Pero el intendente se quedó hasta el final, y pareció satisfecho con el desenlace del expediente Cendón.

Cuando se retiraba dijo que le pareció una buena decisión y que en su opinión la fiscal cuestionada es “una excelente persona”.

Entre los asistentes también estuvo el exjuez y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Rubén Marigo, quien cuestionó las falencias del sumario, en el que no le permitieron a esa entidad la participación como veedora, a pesar de un pedido expreso. Para Marigo, resultó “grave” lo ocurrido, porque no se admitieron testimonios claves, entre ellos los de médicos y psiquiatras que hubieran certificado los perjuicios generados por el maltrato. “El poder disciplina de esta manera”, concluyó.

La abogada que representó a los denunciantes, Carla Orticelli, consideró que lo ocurrido hoy fue “un escándalo institucional”. Cuestionó la “doble vara” aplicada por el Consejo de la Magistratura, ya que en 2021 la jueza de El Bolsón Erika Fontela fue destituida por una acusación muy similar y tiempo después corrió la misma suerte el camarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, por acumulación de expedientes atrasados.

Dijo que no saben todavía qué pasos seguirán con un expediente que, según se aclaró, no fue archivado sino que pasó a la Procuración General, donde Cendón podría recibir una sanción menor. Orticelli observó que el sumariante Ongaro citó a 45 testigos pero ninguno de los que ellos propusieron y tampoco a los propios denunciantes. “Llama la atención que avalen esto un Colegio de Abogados y una Justicia en sí misma que en forma permanente capacitan contra el maltrato laboral”, dijo la abogada.