Flybondi al límite: se presentó en concurso de acreedores para reestructurar deudas tras casi 60 días sin volar

Después de 57 días sin operar vuelos, la aerolínea low cost Flybondi se presentó el pasado viernes 2 de octubre en concurso preventivo de acreedores. Este lunes, el Poder Judicial de la Nación le asignó el juzgado que tendrá a su cargo el expediente, el cual buscará congelar la deuda a la fecha de inicio para abrir un proceso de renegociación y quita que permita regularizar la situación de la compañía.

Según informó Noticias Argentinas, la presentación judicial, realizada por el estudio jurídico Grispo, recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. El trámite cuenta con la intervención de la Secretaría N° 47, encabezada por Santiago Medina, y de acuerdo a la información oficial, el expediente figura actualmente en estado «En despacho», sin resoluciones ni actuaciones públicas que revelen la postura inicial del tribunal.

El concurso preventivo es una herramienta prevista por la legislación argentina para que las empresas en crisis puedan negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial, suspendiendo temporalmente las acciones de cobro para intentar preservar la actividad y evitar la quiebra. Desde La Nación precisaron que por el momento la Justicia no otorgó la conexidad de esta causa con el concurso de OCA —la otra empresa del grupo COC Global, de Leonardo Scatturice— cuyo expediente está radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 23.

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El derrumbe operativo y la caída del mercado de Flybondi

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Uno de los principales desafíos inmediatos de Flybondi será acreditar las condiciones necesarias para poder sostener su actividad durante el proceso concursal, una cuestión crítica ya que la empresa lleva casi dos meses sin volar y su página web volvió a quedar fuera de servicio, lo que afecta directamente tanto la venta de tickets como la gestión de reservas.

El deterioro operativo quedó fielmente reflejado en los indicadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Mientras que en agosto de 2025 Flybondi había transportado 254.533 pasajeros en vuelos de cabotaje (alcanzando una participación del 17% del mercado doméstico), en agosto de 2026 la empresa movilizó apenas 1.865 pasajeros, lo que equivale al 0,1% del mercado. Esta caída interanual de más de 252.000 viajeros evidencia la magnitud de la retracción.

En la actualidad, Flybondi conserva solo tres aeronaves en territorio argentino sin actividad comercial. Otras diez unidades ya fueron devueltas a sus arrendadores (lessors), aunque algunas todavía mantienen matrícula argentina y permanecen en el país a la espera de completar los procesos de devolución técnica y contractual, conocidos en la industria como redelivery.

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El peso de las deudas y los embargos millonarios

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La aerolínea llega a esta instancia judicial con un escenario financiero asfixiante. Las deudas y reclamos identificados públicamente superan los 4.000 millones de pesos y podrían acercarse a los 4.600 millones si se le incorporan intereses y costos derivadas de distintos embargos. Sin embargo, fuentes del sector reportadas por NA advierten que esa cifra representaría solo una parte de las obligaciones acumuladas. Entre agosto y septiembre, las cuentas de la empresa fueron embargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y por la propia ANAC, por deudas superiores a los 1.500 millones de pesos en cada caso.

A estos compromisos estatales se suman deudas operativas con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con Intercargo, talleres de mantenimiento, arrendadores de aeronaves y proveedores de combustible. En el sector privado se destaca el reclamo del Hotel Presidente por unos 660 millones de pesos. En el exterior, el panorama no es mejor: dos aeronaves acumulan pasivos cercanos a los 5,5 millones de dólares vinculados a tareas de mantenimiento.

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Reclamos laborales y devoluciones a pasajeros

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La crisis tracciona una fuerte presión en el plano laboral, afectando a unas 1.000 familias. El martes pasado, un grupo de extrabajadores se concentró frente al edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Avenida Leandro N. Alem 650, para reclamar la intervención del organismo. Allí fueron recibidos por la subsecretaria Claudia Testa —quien terminó renunciando el viernes pasado— para plantear el atraso en los retiros voluntarios y la falta de pago de indemnizaciones por despidos sin causa. «La empresa está en falta en todo sentido […] y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo«, señaló Franco Vázquez, representante de los empleados despedidos.

En paralelo, crecen los reclamos de los usuarios. Según un relevamiento del sitio Failbondi, durante 2026 la aerolínea canceló unos 2.400 vuelos, lo que afectó a 383.000 pasajeros. La misma fuente indica que la empresa no realiza reembolsos desde el mes de enero; tomando un ingreso mínimo de 50 dólares por pasajero y por tramo, el monto adeudado por devoluciones superaría los 19 millones de dólares.

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Disputa accionaria en la cúpula

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El concurso preventivo se enmarca en un severo conflicto societario que tomó estado público en agosto entre los principales accionistas: el fondo inversor COC Global, que ingresó en mayo de 2025 tras aportar más de 70 millones de dólares para sostener las operaciones, y Cartesian Capital Group, accionista histórico con representación en el directorio.

Según un comunicado de COC Global, la disputa interna se agravó fuertemente cuando los embargos de ARCA limitaron la capacidad de Flybondi para realizar pagos y cumplir con sus obligaciones corrientes.

El fondo inversor sostuvo que, desde que se hicieron públicas presuntas irregularidades atribuidas a la gestión anterior en julio de 2026, Cartesian no respondió a los requerimientos para avanzar en un proceso de normalización financiera y operativa. Ante esta parálisis, COC Global advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales tanto en tribunales argentinos como del exterior.

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Qué pasó con la causa de las valijas de Scatturice, el empresario detrás de Flybondi

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La crisis de la compañía se desarrolla en paralelo a las complicaciones judiciales de su principal inversor, Leonardo Scatturice. En su último día como juez en lo penal económico, Pablo Yadarola archivó la causa que investigaba el ingreso al país de diez bultos sin controles aduaneros en un avión privado perteneciente al empresario. La aeronave, un Bombardier Global 5000 matrícula N18RU, había aterrizado en Aeroparque el 26 de febrero de 2025 proveniente de Miami. En el vuelo viajaban los pilotos y Laura Belén Arrieta, señalada como la mano derecha de Scatturice.

Yadarola, cuya designación en la Cámara Federal porteña fue firmada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial, rubricó el archivo del expediente horas antes de asumir su nuevo cargo. El magistrado justificó la medida argumentando «límites probatorios estructurales», entre los que destacó la ausencia originaria de escaneo de los equipajes, la tardanza de la denuncia y la falta de respuesta a los pedidos de información enviados a las autoridades de los Estados Unidos. Según detalló en el fallo, el delito de contrabando exige precisar qué mercadería había en los bultos —algo imposible de determinar al no quedar registro— y probar un acuerdo doloso entre los viajeros y los funcionarios. El juez aclaró de todos modos que la decisión no es definitiva y queda supeditada a nueva información probatoria.

A pesar del archivo por contrabando, la investigación destapó graves irregularidades que ahora pasarán a los tribunales de Comodoro Py. Un dictamen de los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez logró reconstruir, mediante el análisis de cámaras de seguridad, que al menos diez bultos de equipaje entraron al país sin ser controlados. Las imágenes mostraron a una funcionaria de Aduana, identificada como Silvana Abalsamo, habilitando a Arrieta un canal especial paralelo a la fila general. Este hallazgo obligó a la Casa Rosada a cambiar su postura oficial: mientras que inicialmente el vocero Manuel Adorni aseguró que era «imposible» que hubieran ingresado diez valijas sin chequear, el presidente Javier Milei terminó descargando la responsabilidad en el personal al afirmar que «ellos deciden quién pasa y quién no».

El elemento más reciente y sospechoso de la causa llegó al juzgado tras subsanarse un grosero error de la empresa de telefonía. Al solicitar el registro de llamadas de Abalsamo del 26 de febrero de 2025, la prestataria envió por equivocación los datos de 2026. Meses después, al corregir el período, se descubrió que exactamente a las 8:35 —momento en que la pasajera ingresaba sin control— la agente Abalsamo recibió una llamada de 37 segundos de su jefe directo, Marcelo Fabián Lista, responsable de la División Aeroparque Metropolitano de la Aduana.

Lista había declarado como testigo en marzo, pero omitió mencionar esa comunicación; los investigadores no le preguntaron porque en ese entonces desconocían su existencia. Por este motivo, Yadarola ordenó enviar testimonios a la Cámara Federal para que se sortee un nuevo juez que investigue a Lista, a Abalsamo y a otros posibles implicados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente, el magistrado exigió a la Aduana que establezca un «protocolo objetivo, uniforme, auditable y documentado» para vuelos privados internacionales, y encomendó a la ANAC y a la Dirección Nacional de Migraciones que también investiguen lo ocurrido.