Jueces preocupados

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A pocos les gusta pagar Ganancias, sobre todo en un país como el nuestro en que muchos dan por descontado que el dinero será aprovechado por políticos corruptos, planteo éste que, por razones evidentes, suelen reivindicar con sinceridad aparente todos los evasores impositivos. Entre los más reacios a pagar Ganancias están los jueces: toda vez que surge el tema, emplean una variante del razonamiento así resumido al afirmar que obligarlos a hacerlo equivaldría a asestar un golpe mortal a la independencia de la Justicia. Pues bien, parecería que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido reanudar la ofensiva del Poder Ejecutivo contra la intangibilidad de los haberes de los magistrados, los que, desde luego, están preparándose para defenderse con los mismos argumentos que les permitieron desbaratar los intentos en tal sentido de una larga serie de gobiernos anteriores. En su opinión, es perfectamente legítimo que, además de no tener que abonar Ganancias, disfruten de sueldos que, en comparación con los habituales en otras reparticiones estatales, son llamativamente generosos y que se vean beneficiados por un régimen jubilatorio envidiable que sirve para protegerlos contra las vicisitudes económicas del país. Claro, los magistrados no son los únicos que se afirman convencidos de que, por desempeñar una función de importancia fundamental, deberían percibir ingresos que calificarían de “dignos”; también los legisladores insisten en que la democracia se desprestigiaría si tuvieran que resignarse a vivir tan estrechamente como un hombre común. Según se informa, distintos integrantes de la Corte Suprema creen que no sería tan terrible verse constreñidos a aportar a Ganancias, pero es poco probable que coincidan muchos otros jueces. La corporación judicial, por llamarla así, está tan habituada como cualquier otra a defender sus “conquistas” con dientes y uñas a base de planteos principistas que a su juicio son irrebatibles. El que hasta ahora hayan conseguido conservar el privilegio supuesto por la exención impositiva les parecerá razón suficiente como para confiar en que, luego de pensarlo, el gobierno kirchnerista modificará su opinión en cuanto a las ventajas de procurar eliminarlo. Por lo demás, los contrarios a cualquier cambio no ignoran que es del interés de los kirchneristas mantener una buena relación con los jueces. Si bien se ha atribuido la voluntad oficial de forzar a los magistrados a pagar Ganancias y a conformarse con jubilaciones más acordes que las actuales con la situación social imperante a la necesidad de reducir el gasto público, en este ámbito como en tantos otros la lógica económica parece incompatible con la política. De entrar, como muchos prevén, el país en una etapa signada por la escasez, propenderán a multiplicarse las denuncias por corrupción en contra de funcionarios destacados. Así las cosas, al gobierno de Cristina no le convendría enemistarse con demasiados integrantes de la familia judicial. Sea como fuere, cuando de los sueldos y, más aún, de las jubilaciones de los jueces se trata, la mayoría compartirá la opinión de la presidenta que en cierta ocasión manifestó su sorpresa al enterarse de que un ex ministro de la Corte Suprema cobraba 95.000 pesos mensuales. Con toda seguridad los merece, pero en comparación con los salarios magros que perciben tantos trabajadores y profesionales, a muchos dicho monto les parecerá excesivo. Asimismo, abundan los escépticos que sencillamente no creen que haya un vínculo directo entre los haberes de los magistrados y su eventual independencia de criterio, ya que a su entender algunos de los más notorios son oficialistas por vocación, mientras que otros, tal vez pocos, sí se han resistido a dejarse influir por las sucesivas modas políticas. Por lo demás, podría argüirse que sería positivo que los ingresos de los jueces, lo mismo que aquellos de los legisladores, no se distanciaran tanto de los de la mayoría abrumadora de los habitantes de un país que, a pesar de años de crecimiento a “tasas chinas”, sigue siendo muy pobre según las normas del mundo desarrollado, una desgracia que, con razón o sin ella, muchos atribuyen a que la clase dirigente, de la que los jueces son miembros, se las ha ingeniado para independizarse del resto de la sociedad.