Un juicio muy político

No hay motivos para creer que la decisión de recomendar la suspensión de todos los miembros de la Corte sirva para mejorar la Justicia.

Redacción

Por Redacción

Si bien pocos negarían que la Corte Suprema actual deja mucho que desear, no existen motivos para creer que la decisión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de recomendar la suspensión de todos sus integrantes sirva para mejorar el desempeño de la Justicia en nuestro país. Aun cuando los dos tercios de los diputados optaran por votar en favor del dictamen, poniendo en marcha así el mecanismo constitucional destinado a defenestrar a los nueve ministros de la Corte, sólo se trataría del triunfo de una línea política determinada sobre otra, es decir, confirmaría, si todavía fuera necesario hacerlo, que aquí la Justicia está irremediablemente politizada y que en última instancia los jueces dependen de la buena voluntad de sus patrocinadores. No es que en el dictamen hayan faltado las alusiones a actitudes presuntamente reñidas con la ética, es que todo hace suponer que los factores que más pesaban en la decisión de los miembros de la Comisión eran netamente ideológicos, cuando no políticos, como los relacionados con el caso del rebalanceo telefónico. Puede que tales fallos no hayan complacido a la diputada Elisa Carrió y otros de mentalidad parecida, pero no deberían haber figurado entre las acusaciones dirigidas contra la Corte. Asimismo, como es natural, el que los diputados -integrantes ellos mismos de un cuerpo que se ha desprestigiado casi tanto como la Corte- hayan querido barrer con todos los nueve miembros de la Corte Suprema a fin de reemplazarlos por otros que, es de suponer, compartirían sus propias opiniones sobre asuntos como los supuestos por el rebalanceo y el corralito, ha traído a la memoria recuerdos ingratos de la prepotencia antijudicial del primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón, mandatario que, por cierto, nunca se destacó por su respeto por las normas propias de la democracia moderna pero que, andando el tiempo, entendería que había cometido un grave error al ensañarse con la Corte en su conjunto, decisión que, por cierto, no le supuso demasiados beneficios

Aunque es indiscutible que al país le convendría contar con una Corte Suprema mejor y que todo el sistema judicial necesita ser reformado, éste no es el momento más oportuno para dar comienzo de manera drástica a una transformación que con toda seguridad resultará difícil y delicada. Después de todo, a juzgar por las encuestas de opinión, el Congreso ha dejado de ser representativo. Además, no es ningún secreto que los diputados y senadores se sienten tan preocupados por su propio destino, que muchos son incapaces de resistir la tentación de asumir actitudes demagógicas que a su entender podrían servir para merecerles la aprobación de «la gente». Huelga decir que Carrió, una política que ya ha anunciado su propósito de candidatearse para la presidencia de la República y que según los sondeos está bien ubicada en la lista de aspirantes, ya ha mostrado ser llamativamente propensa a formular denuncias espectaculares en base de sospechas o malentendidos, razón por la que sorprendería que su cruzada contra la «Corte menemista» desembocara en la conformación de otra claramente superior.

Otro factor que es preciso tomar en cuenta tiene que ver con la «imagen» nacional. Nadie ignora que entre los motivos de nuestro aislamiento está la convicción generalizada de que aquí la Justicia es manejada por camarillas de políticos corruptos que no vacilan en emplearla contra sus enemigos auténticos o imaginarios, ordenando la detención, bajo pretextos poco serios, de banqueros extranjeros residentes en el país y, como si esto ya no fuera más que suficiente, pidiendo la extradición de los directivos de grandes bancos internacionales que viven en el exterior. Puesto que las denuncias acerca de la ausencia de seguridad jurídica en la Argentina han sido formuladas por personajes tan influyentes como el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y otros, sería positivo que tanto los legisladores como los jueces se esforzaran para que en el resto del mundo se difundiera la certidumbre de que la Justicia argentina no se aparece en absoluto a aquella del oeste salvaje sino que, por el contrario, su mala fama no obstante es más sobria y menos corrupta -o sea, más justa- de lo que es el caso en Estados Unidos.


Si bien pocos negarían que la Corte Suprema actual deja mucho que desear, no existen motivos para creer que la decisión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de recomendar la suspensión de todos sus integrantes sirva para mejorar el desempeño de la Justicia en nuestro país. Aun cuando los dos tercios de los diputados optaran por votar en favor del dictamen, poniendo en marcha así el mecanismo constitucional destinado a defenestrar a los nueve ministros de la Corte, sólo se trataría del triunfo de una línea política determinada sobre otra, es decir, confirmaría, si todavía fuera necesario hacerlo, que aquí la Justicia está irremediablemente politizada y que en última instancia los jueces dependen de la buena voluntad de sus patrocinadores. No es que en el dictamen hayan faltado las alusiones a actitudes presuntamente reñidas con la ética, es que todo hace suponer que los factores que más pesaban en la decisión de los miembros de la Comisión eran netamente ideológicos, cuando no políticos, como los relacionados con el caso del rebalanceo telefónico. Puede que tales fallos no hayan complacido a la diputada Elisa Carrió y otros de mentalidad parecida, pero no deberían haber figurado entre las acusaciones dirigidas contra la Corte. Asimismo, como es natural, el que los diputados -integrantes ellos mismos de un cuerpo que se ha desprestigiado casi tanto como la Corte- hayan querido barrer con todos los nueve miembros de la Corte Suprema a fin de reemplazarlos por otros que, es de suponer, compartirían sus propias opiniones sobre asuntos como los supuestos por el rebalanceo y el corralito, ha traído a la memoria recuerdos ingratos de la prepotencia antijudicial del primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón, mandatario que, por cierto, nunca se destacó por su respeto por las normas propias de la democracia moderna pero que, andando el tiempo, entendería que había cometido un grave error al ensañarse con la Corte en su conjunto, decisión que, por cierto, no le supuso demasiados beneficios

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora