Sudáfrica: lento ritmo de transformación
Al joven activista negro Cyril Ramaphosa se le pidió en 1982 que creara un sindicato de trabajadores mineros para poder hacer frente a uno de los sectores más importantes de la economía del país, dominado por entonces por la minoría blanca. Ramaphosa no solamente fundó la Unión Nacional de Mineros, actualmente uno de los gremios más poderosos del país, sino que también se convirtió en el principal negociador del Congreso Nacional Africano (CNA) en las conversaciones que pusieron fin al apartheid en 1994. Pero el mes pasado, cuando miles de trabajadores en la mina de platino de Lonmin, cerca de Marikana, fueron a una huelga radical y 44 personas murieron en enfrentamientos, el exsindicalista se encontraba al otro lado de la mesa. Ramaphosa es actualmente uno de los directivos de Lonmin: pasó de luchar por los derechos de los trabajadores a poseer acciones clave en una empresa minera. La policía disparó a 34 personas el 16 de agosto pasado, en lo que es considerado uno de los peores episodios de violencia desde el fin del apartheid. El éxito alcanzado por Ramaphosa en el plano económico es para muchos sudafricanos la excepción que confirma la regla. Mientras que algunos negros salieron de la pobreza y accedieron a posiciones de poder desde 1994, una profunda miseria y el desempleo continúan siendo la realidad más extendida. “Demasiadas personas en Sudáfrica no están calificadas. Nuestro sistema educativo está en crisis. La gente no se capacita de la forma en que lo necesita para trabajar”, dice Gareth Newham, jefe del Programa del Crimen y Justicia en el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) en Pretoria. El desempleo ronda el 25%, según cifras oficiales. Los programas de acción gubernamental tampoco rindieron sus frutos. Pese a que se creó una pequeña clase media negra, el programa enriqueció en gran medida a una pequeña elite con conexiones políticas que frecuentemente es acusada de corrupción. La población pierde lentamente la paciencia con el partido gubernamental CNA. Desde 1994 la mayoría negra cuenta con el derecho de voto, pero ahora muchos esperan que eso tenga su correlato en la vida cotidiana. Los reclamos por las deficientes prestaciones de servicios se encuentran en alza. El año pasado, el número de protestas por el fracaso del gobierno en abastecer servicios básicos como agua, electricidad, viviendas y educación alcanzó un nivel nunca antes visto. Algunas áreas del país simplemente no ofrecen ninguna esperanza a sus habitantes. Muchos de los trabajadores de la mina de Lonmin, en la provincia del Noroeste, procedían originalmente de la provincia Oriental del Cabo, donde nació Nelson Mandela. Los analistas creen que los mineros de Lonmin en huelga fueron apoyados por cientos de desempleados de barriadas o asentamientos informales cercanos que convirtieron una disputa laboral en un reclamo contra el sistema: las minas, los sindicatos y el gobierno. Las barriadas en torno a la mina en general son áreas a las que la policía no entra, lo cual indica la falta de confianza en las autoridades. “La violencia de los trabajadores es un rechazo a la desigualdad”, manifestó un analista del sector que habló bajo condición de anonimato. Los líderes políticos que debieron haber ayudado a resolver las disputas antes de que brotara la violencia eludieron ampliamente su responsabilidad. Y la policía es considerada corrupta, sobre todo en la cúpula: los dos últimos jefes de policía fueron echados por tejemanejes y otras acusaciones. Richard Mdluli, exjefe de inteligencia criminal de la policía, enfrenta acusaciones de fraude y asesinato. Su unidad habría sido responsable de reunir información desde adentro de la escena de la huelga de Lonmin. Con la inteligencia criminal en total desorganización, los observadores aseguran que no les sorprende que funcionarios de policía que enfrentaron a los indignados trabajadores no tuvieran la menor idea de cómo manejar la situación, lo que contribuyó al brutal proceder policial que dejó decenas de muertos y conmocionó a Sudáfrica.
Shabtai Gold DPA
Al joven activista negro Cyril Ramaphosa se le pidió en 1982 que creara un sindicato de trabajadores mineros para poder hacer frente a uno de los sectores más importantes de la economía del país, dominado por entonces por la minoría blanca. Ramaphosa no solamente fundó la Unión Nacional de Mineros, actualmente uno de los gremios más poderosos del país, sino que también se convirtió en el principal negociador del Congreso Nacional Africano (CNA) en las conversaciones que pusieron fin al apartheid en 1994. Pero el mes pasado, cuando miles de trabajadores en la mina de platino de Lonmin, cerca de Marikana, fueron a una huelga radical y 44 personas murieron en enfrentamientos, el exsindicalista se encontraba al otro lado de la mesa. Ramaphosa es actualmente uno de los directivos de Lonmin: pasó de luchar por los derechos de los trabajadores a poseer acciones clave en una empresa minera. La policía disparó a 34 personas el 16 de agosto pasado, en lo que es considerado uno de los peores episodios de violencia desde el fin del apartheid. El éxito alcanzado por Ramaphosa en el plano económico es para muchos sudafricanos la excepción que confirma la regla. Mientras que algunos negros salieron de la pobreza y accedieron a posiciones de poder desde 1994, una profunda miseria y el desempleo continúan siendo la realidad más extendida. “Demasiadas personas en Sudáfrica no están calificadas. Nuestro sistema educativo está en crisis. La gente no se capacita de la forma en que lo necesita para trabajar”, dice Gareth Newham, jefe del Programa del Crimen y Justicia en el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) en Pretoria. El desempleo ronda el 25%, según cifras oficiales. Los programas de acción gubernamental tampoco rindieron sus frutos. Pese a que se creó una pequeña clase media negra, el programa enriqueció en gran medida a una pequeña elite con conexiones políticas que frecuentemente es acusada de corrupción. La población pierde lentamente la paciencia con el partido gubernamental CNA. Desde 1994 la mayoría negra cuenta con el derecho de voto, pero ahora muchos esperan que eso tenga su correlato en la vida cotidiana. Los reclamos por las deficientes prestaciones de servicios se encuentran en alza. El año pasado, el número de protestas por el fracaso del gobierno en abastecer servicios básicos como agua, electricidad, viviendas y educación alcanzó un nivel nunca antes visto. Algunas áreas del país simplemente no ofrecen ninguna esperanza a sus habitantes. Muchos de los trabajadores de la mina de Lonmin, en la provincia del Noroeste, procedían originalmente de la provincia Oriental del Cabo, donde nació Nelson Mandela. Los analistas creen que los mineros de Lonmin en huelga fueron apoyados por cientos de desempleados de barriadas o asentamientos informales cercanos que convirtieron una disputa laboral en un reclamo contra el sistema: las minas, los sindicatos y el gobierno. Las barriadas en torno a la mina en general son áreas a las que la policía no entra, lo cual indica la falta de confianza en las autoridades. “La violencia de los trabajadores es un rechazo a la desigualdad”, manifestó un analista del sector que habló bajo condición de anonimato. Los líderes políticos que debieron haber ayudado a resolver las disputas antes de que brotara la violencia eludieron ampliamente su responsabilidad. Y la policía es considerada corrupta, sobre todo en la cúpula: los dos últimos jefes de policía fueron echados por tejemanejes y otras acusaciones. Richard Mdluli, exjefe de inteligencia criminal de la policía, enfrenta acusaciones de fraude y asesinato. Su unidad habría sido responsable de reunir información desde adentro de la escena de la huelga de Lonmin. Con la inteligencia criminal en total desorganización, los observadores aseguran que no les sorprende que funcionarios de policía que enfrentaron a los indignados trabajadores no tuvieran la menor idea de cómo manejar la situación, lo que contribuyó al brutal proceder policial que dejó decenas de muertos y conmocionó a Sudáfrica.
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