Luces apagadas
El ministro de Planificación, Julio De Vido, insiste en que el sistema energético nacional disfruta de muy buena salud, razón por la que, según él, el apagón gigantesco que la semana pasada dejó a millones de porteños y bonaerenses, algunos por varios días, sin electricidad se habrá debido al sabotaje. Lo que queremos, dijo, es “ver quién bajó la palanca o quién interrumpió el servicio”, privando así de luz a barrios enteros de la capital federal y del conurbano, además de líneas ferroviarias, el subte y miles de semáforos. Puesto que De Vido está a cargo del sistema energético del país desde hace más de nueve años, es sin duda natural que se haya negado a atribuir el apagón a los resultados previsibles de su propia gestión, pero desgraciadamente para el ministro, la realidad contradice sus afirmaciones optimistas de que “no hay ningún problema de oferta de energía ni de generación”. Con todo, aunque es posible que en esta oportunidad alguien haya provocado el colapso súbito del suministro de energía eléctrica por motivos políticos o gremiales, aun cuando todos los vinculados con el sector hicieran todo bien, cualquier aumento de la demanda motivado por el frío o, como sucedió a mediados de la semana pasada, por el calor entrañará el riesgo de que millones de personas se queden sin luz por días e incluso por semanas, porque el sistema está operando al límite de su capacidad. No está en condiciones de producir mucho más y, según los especialistas, no se cumplen de manera adecuada las tareas de mantenimiento. Las causas básicas del deterioro del sistema energético nacional no constituyen un secreto. Luego de un decenio de tarifas congeladas en un marco de alta inflación, falta de inversiones, descapitalización, subsidios a menudo arbitrarios y gestión politizada, no es del todo sorprendente que el sector haya empezado a mostrar sus muchas deficiencias. Desde hace meses las empresas distribuidoras de energía, como Edenor y Edesur, están al borde de la cesación de pagos, pero a esta altura una eventual decisión de estatizarlas por completo, como proponen los contrarios por razones ideológicas a las privatizaciones que hablan de las ventajas que brindaría “la integración vertical”, no serviría para solucionar nada. Es que, para asegurar el suministro de energía, sería necesario invertir muchísimo dinero. Como es notorio, el Estado nacional no cuenta con recursos suficientes como para poner en marcha un plan energético coherente, mientras que los inversores privados están más interesados en mantenerse lejos del alcance del gobierno, a su juicio nada confiable, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que en arriesgarse aportando a un “modelo” que consideran insostenible. Hasta nuevo aviso, están limitándose al mínimo necesario para sobrevivir a la etapa muy incierta que se inició con la reelección de la presidenta hace poco más de un año. Tal y como están las cosas, se da el peligro de que el gran apagón del 7N sólo haya sido el primero de una serie que en los meses próximos tenga un impacto muy fuerte en el estado de ánimo de la ciudadanía del país, reeditando de este modo lo que sucedió cuando otros “modelos” estaban por agotarse. No sería cuestión de un desastre natural sino de una consecuencia inevitable de la estrategia resueltamente miope que fue adoptada en el 2003 por el gobierno kirchnerista que, a pesar de aspirar a permanecer en el poder por muchos años más, siempre ha actuado como si se hubiera propuesto prepararse para aprovechar en beneficio propio las dificultades que tendrían que enfrentar quienes, dentro de poco, heredarían su obra. Al mantener congeladas las tarifas energéticas a fin de congraciarse con la clase media urbana que se ha acostumbrado a pagar mucho menos por la electricidad que consume que sus equivalentes de los países vecinos, los kirchneristas virtualmente garantizaron que andando el tiempo la demanda superaría la oferta. Para paliar la situación causada por la pérdida del autoabastecimiento, han importado cantidades cada vez mayores de energía a precios internacionales, expediente éste que, huelga decirlo, está en la raíz de buena parte de los problemas económicos que procuran atenuar con medidas proteccionistas que no sólo podrían provocar represalias sino que también han golpeado con dureza a la industria local.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 13 de noviembre de 2012
El ministro de Planificación, Julio De Vido, insiste en que el sistema energético nacional disfruta de muy buena salud, razón por la que, según él, el apagón gigantesco que la semana pasada dejó a millones de porteños y bonaerenses, algunos por varios días, sin electricidad se habrá debido al sabotaje. Lo que queremos, dijo, es “ver quién bajó la palanca o quién interrumpió el servicio”, privando así de luz a barrios enteros de la capital federal y del conurbano, además de líneas ferroviarias, el subte y miles de semáforos. Puesto que De Vido está a cargo del sistema energético del país desde hace más de nueve años, es sin duda natural que se haya negado a atribuir el apagón a los resultados previsibles de su propia gestión, pero desgraciadamente para el ministro, la realidad contradice sus afirmaciones optimistas de que “no hay ningún problema de oferta de energía ni de generación”. Con todo, aunque es posible que en esta oportunidad alguien haya provocado el colapso súbito del suministro de energía eléctrica por motivos políticos o gremiales, aun cuando todos los vinculados con el sector hicieran todo bien, cualquier aumento de la demanda motivado por el frío o, como sucedió a mediados de la semana pasada, por el calor entrañará el riesgo de que millones de personas se queden sin luz por días e incluso por semanas, porque el sistema está operando al límite de su capacidad. No está en condiciones de producir mucho más y, según los especialistas, no se cumplen de manera adecuada las tareas de mantenimiento. Las causas básicas del deterioro del sistema energético nacional no constituyen un secreto. Luego de un decenio de tarifas congeladas en un marco de alta inflación, falta de inversiones, descapitalización, subsidios a menudo arbitrarios y gestión politizada, no es del todo sorprendente que el sector haya empezado a mostrar sus muchas deficiencias. Desde hace meses las empresas distribuidoras de energía, como Edenor y Edesur, están al borde de la cesación de pagos, pero a esta altura una eventual decisión de estatizarlas por completo, como proponen los contrarios por razones ideológicas a las privatizaciones que hablan de las ventajas que brindaría “la integración vertical”, no serviría para solucionar nada. Es que, para asegurar el suministro de energía, sería necesario invertir muchísimo dinero. Como es notorio, el Estado nacional no cuenta con recursos suficientes como para poner en marcha un plan energético coherente, mientras que los inversores privados están más interesados en mantenerse lejos del alcance del gobierno, a su juicio nada confiable, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que en arriesgarse aportando a un “modelo” que consideran insostenible. Hasta nuevo aviso, están limitándose al mínimo necesario para sobrevivir a la etapa muy incierta que se inició con la reelección de la presidenta hace poco más de un año. Tal y como están las cosas, se da el peligro de que el gran apagón del 7N sólo haya sido el primero de una serie que en los meses próximos tenga un impacto muy fuerte en el estado de ánimo de la ciudadanía del país, reeditando de este modo lo que sucedió cuando otros “modelos” estaban por agotarse. No sería cuestión de un desastre natural sino de una consecuencia inevitable de la estrategia resueltamente miope que fue adoptada en el 2003 por el gobierno kirchnerista que, a pesar de aspirar a permanecer en el poder por muchos años más, siempre ha actuado como si se hubiera propuesto prepararse para aprovechar en beneficio propio las dificultades que tendrían que enfrentar quienes, dentro de poco, heredarían su obra. Al mantener congeladas las tarifas energéticas a fin de congraciarse con la clase media urbana que se ha acostumbrado a pagar mucho menos por la electricidad que consume que sus equivalentes de los países vecinos, los kirchneristas virtualmente garantizaron que andando el tiempo la demanda superaría la oferta. Para paliar la situación causada por la pérdida del autoabastecimiento, han importado cantidades cada vez mayores de energía a precios internacionales, expediente éste que, huelga decirlo, está en la raíz de buena parte de los problemas económicos que procuran atenuar con medidas proteccionistas que no sólo podrían provocar represalias sino que también han golpeado con dureza a la industria local.
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